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La posible incompatibilidad entre los beneficios del Estado y el derecho de alimentos

"...Tal vez sea necesaria una reforma más de fondo (...). Hoy puede suceder que haya hogares que reciben subsidios y que, a la vez, persiguen el pago de alimentos a deudores que no tienen capacidad de pago. La solución de un fondo estatal para darle cobertura a estas deudas puede terminar en un desenfoque de los subsidios del Estado..."

Lunes, 26 de septiembre de 2022 a las 9:16
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María Sara Rodríguez
Reformando la Ley N° 14.908, de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, la Ley N° 21.389, de 2021, creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Antes de la plena vigencia de esta reforma vemos aparecer la Ley N° 21.484, publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2022, que vuelve a modificar esta ley para crear un procedimiento especial de cobro de deudas de pensiones de alimentos.

El procedimiento especial se introduce mediante cinco nuevos artículos en la Ley N° 14.908 (artículos 19 quarter a 19 octies). Se trata de un sistema de cumplimiento incidental de la sentencia que se pone en funcionamiento cuando se verifica el no pago de una o más pensiones. En apretada síntesis, estos artículos permiten al tribunal investigar el patrimonio del deudor en cuentas bancarias, cuentas de ahorro previsional, instrumentos financieros o de inversión, a través del sistema de interconexión que se mantiene con la Comisión del Mercado Financiero (bancos y otras entidades del sistema), Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado. El tribunal debe ordenar a cualquier requerido que informe de saldos, movimientos, etc., los retenga para garantizar el pago de pensiones alimenticias adeudadas y, finalmente, los transfiera a la cuenta del alimentario aplicándolas al pago de estas deudas. A falta de fondos disponibles se autoriza la disposición de saldos de la cuenta de capitalización obligatoria, prohibiendo al deudor que se cambie de AFP. Aunque de estos últimos fondos se pueda disponer con los límites que establece la nueva ley (artículo 19 quinquies y sexties), el recurso a fondos de capitalización obligatoria queda establecido en una ley ordinaria. Contra las resoluciones que ordenen el pago no procederá recurso alguno.

Al mismo tiempo que se levanta el secreto bancario en la forma que se desprende de los artículos anteriores, la demanda de rebaja o cese de los alimentos efectuada por un deudor con inscripción vigente en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos queda sujeta a un control de admisibilidad, que consiste en que se presenten “antecedentes calificados” (art. 1º, inciso 3º Ley N° 14.908). Conviene observar que, a la vez, no hay control de admisibilidad para decretar el mínimo legal, a título provisorio, ni por edad del alimentario ni por estar cursando estudios para una profesión u oficio cuando tiene más de 21 años. Actualmente la pensión alimenticia mínima está en unos $160 mil, si existe solo un hijo (40% del sueldo mínimo), o en $120 mil por hijo, si existen dos o más (30% del sueldo mínimo). A la vez, se hacen cambios en la ley sobre Registro Nacional de Prófugos de la Justicia (Ley N° 20.593, de 2012) para incorporar en él a los deudores recalcitrantes, dando cumplimiento a lo que ya se disponía en anterior reforma.

En el plano más sustantivo, la ley dispone dos cambios en el Código Civil. El primero es en el inciso primero del artículo 323 y el segundo es una modificación del artículo 324. El artículo 323, inciso 1º, establecía: “Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”. Lejos de una cuestión clasista, la doctrina y la jurisprudencia entendían que los alimentos se debían en la medida en que el alimentario los necesitara para subsistir modestamente según sus circunstancias y las del alimentante. Es decir, en lo necesario, sin que se puedan pedir para satisfacer lujos o deseos superfluos.

La Ley N° 21.484, de 2022, sustituye el texto puesto en cursiva por el siguiente: ”Adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente”, de manera que hoy leemos lo siguiente: “Art. 323. Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente”. El procedimiento especial sirve para el cobro compulsivo de alimentos decretados a favor del cónyuge, descendientes y ascendientes (artículos 321, números 1º, 2º y 3º del Código Civil). Se comprende que la modificación no pretende eliminar la obligación de dar alimentos a los hermanos ni al que hizo al deudor una donación cuantiosa. La nueva ley no modifica otras normas del Título XVIII del Libro Primero del Código Civil, por lo que subsiste la obligación de dar alimentos a quienes tienen derecho a ellos, siempre que exista necesidad y facultad en el obligado para darlos. Subsiste también el artículo 330: “Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social”.

El segundo cambio del Código Civil consiste en la consolidación de una sanción al alimentante que no provee durante la necesidad del alimentario, artículo 324, inciso 3º: “Quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que no haya pagado pensión de alimentos judicialmente decretada, o que le haya abandonado en su infancia cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición”.

En las líneas que siguen ofrezco una valoración de lo anterior. Hay consenso en la idea de que el no pago de pensiones alimenticias debe recibir sanciones severas. Las atribuciones que la nueva ley entrega a los jueces afectan especialmente a deudores de alimentos con capacidad de pago. Estos probablemente tendrán que pagar. El problema de las cuantiosas deudas de alimentos reveladas en los últimos años podría seguir afectando a deudores que no tienen capacidad de pago.

No poseemos una caracterización de estos deudores, pero contamos con algunos indicadores. Según información del Servicio de Impuestos Internos, en 2020, de un total de 10.268.763 contribuyentes personas naturales, 7.739.558 estaba exento de impuesto a la renta. Este grupo tendría ingresos mensuales inferiores a $815 mil. Por otro lado, sabemos que unos 830 mil trabajadores ganan el sueldo mínimo en Chile. ¿Dónde se ubican los deudores de pensiones alimenticias impagas? Probablemente en todos los tramos de ingreso, pero también es posible que un número importante esté entre esos 7 millones de trabajadores que ganan menos de $815 mil mensuales. También habrá deudores en empleos informales e incluso en actividades ilegales (tráfico, microtráfico, etc.). Todos estos conjuntamente podrán ir a parar, rápidamente, al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

En esta línea se sitúa el artículo tercero transitorio de la Ley N° 21.484. La norma solicita al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que informe a las comisiones especiales de la Cámara y del Senado sobre la posibilidad de “crear un fondo que se haga cargo de la deuda de los alimentantes que no tengan fondos suficientes en sus cuentas para pagar la pensión de alimentos”. Esto revela el drama del problema de los alimentos, que consiste en una inmensa cantidad de deudores que no tiene cómo pagar. Muchos retiraron todos sus fondos previsionales, no pueden aspirar a ganar más que el sueldo mínimo y, con suerte, alguna vez en su vida podrán ponerse en situación de ser contribuyentes de impuesto a la renta. La idea de un fondo estatal que asuma las deudas no pagadas podría suponer un abuso para alimentarios que ya sobrevivieron a la necesidad o para progenitores que recibirían sumas de dinero cuando ya no las necesitan, con cargo a créditos incobrables.

Esto nos lleva a pensar en que tal vez sea necesaria una reforma más de fondo. Dos ideas pueden servir para una reflexión sobre este problema. La primera línea es que se debería afirmar derechamente que sean incompatibles el derecho a pedir alimentos con los beneficios o subsidios del Estado. El derecho de alimentos se configura cuando hay necesidad en el alimentario y capacidad en el alimentante. Los beneficios o subsidios del Estado podrían estar subsanando la necesidad del alimentario, pues tienen un carácter alimenticio. A la vez, no se debería presumir la capacidad de pago de progenitores caracterizados como beneficiarios de ciertos subsidios del Estado. En el sistema civil de alimentos no es posible acumular beneficios de carácter alimenticio. Hoy puede suceder que haya hogares que reciben subsidios y que, a la vez, persiguen el pago de alimentos a deudores que no tienen capacidad de pago. La solución de un fondo estatal para darle cobertura a estas deudas puede terminar en un desenfoque de los subsidios del Estado.

La segunda idea consiste en que termine la obligación de dar alimentos a los mayores de 18 años, por el solo motivo de su edad. Los alimentos deberían decretarse hasta los 18 años. En esta edad el juez debería revisar la situación del alimentario y solo renovar la pensión si el alimentario acredita estar cursando estudios formales para una profesión u oficio. Esto sería más compatible con la idea de autonomía progresiva expresada en el nuevo inciso 1º del artículo 323 del Código Civil. Además, actualmente existen en Chile muchas formas de prepararse para una profesión u oficio con financiamiento estatal. El joven mayor de edad que puede optar a los beneficios de gratuidad para la educación superior técnica o profesional no debería poder pedir alimentos a su padre o madre, especialmente cuando estos están caracterizados como beneficiaros de subsidios del Estado. En cualquier caso, la salud tiene cobertura estatal para toda la población, sin consideración a la edad.

En este último aspecto, vemos un retroceso en esta ley. Tal vez honrando nuestra opinión contraria, antes siquiera de su entrada en vigencia la nueva ley modifica el artículo 19 bis para elevar a los 21 años la edad a partir de la cual se empieza a contar el plazo de prescripción de la acción para el cobro de pensiones alimenticias. Según esta norma, antes de esa edad deberíamos considerar que este plazo se encuentra suspendido. En la práctica, se omite la consideración de que la falta de un cobro que interrumpa la prescripción es indiciaria de falta de necesidad en el alimentario, lo cual no tiene nada de extraño, pues podemos suponer que los subsidios del Estado suplen lo que el alimentante no pudo proveer. No tiene ningún sentido prolongar la suspensión de este plazo hasta los 21 años.

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