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Otro capítulo de Punta Piqueros

"...Mientras se espera la dictación del nuevo acto por parte del Seremi Minvu respecto de la solicitud de demolición, la Corte de Apelaciones de Valparaíso (...) se encuentra conociendo del reclamo de ilegalidad reducido por la inmobiliaria en contra de la DOM que denegó la solicitud de reanudar la tramitación de la solicitud de permiso de edificación ingresada en 2010 al municipio, de modo que esta historia continuará…"

Lunes, 20 de junio de 2022 a las 15:16
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Rosa Fernanda Gómez
La historia judicial del proyecto Inmobiliario Punta Piqueros data de 2012 y ha dado lugar a una serie de pronunciamientos que sin duda alguna han contribuido de manera significativa a la disciplina del derecho administrativo, en general, y urbanístico, en particular.

En síntesis, en 2013 la Corte Suprema sostuvo que, atendida la envergadura de la obra y sus eventuales riesgos, debía someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), razón por la que dejó sin efecto el permiso mientras no se cumpliera con dicha exigencia. Además, señaló que el proyecto interesa a toda la comunidad, por lo que resulta exigible a la autoridad edilicia su notificación mediante el Diario Oficial, mecanismo reservado para los actos administrativos más relevantes y trascendentes (SCS Rol N° 3.918-2012 de 02.05.2013, reclamo de ilegalidad, “Comité Pro Defensa Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar con Municipalidad de Concón”).

En 2016, el máximo tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por la inmobiliaria, dejando sin efecto la instrucción impartida por la Contraloría Regional de Valparaíso a la Municipalidad de Concón de invalidar el decreto alcaldicio que restableció en todos sus términos el permiso de edificación otorgado en 2011 a la inmobiliaria, por cuanto el fallo anterior solamente impuso una condición suspensiva al permiso de edificación sin anularlo. En concreto, la Corte señaló que la municipalidad debería iniciar el procedimiento invalidatorio, pero que no le correspondía a la entidad contralora disponer la invalidación, pues aquello vulnera el principio de imparcialidad (SCS Rol N° 47.610-2016 de 04.10.2016, protección, “Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. contra Contraloría Regional de Valparaíso”).

Un año más tarde, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en contra de la sentencia del 2º Tribunal Ambiental que acogió la reclamación contra la RCA solicitada por la inmobiliaria debido a que la participación ciudadana en la evaluación ambiental no se encontraba sometida a regla alguna que pospusiera su plena vigencia, razón por la que debía realizarse producto de cambios sustanciales introducidos al proyecto. Señala también que el proyecto sometido a evaluación ambiental contenía errores producto de no contemplar como línea de base aquella que corresponde a la situación anterior a la ejecución del proyecto (SCS Rol N° 97.792-2016 de 06.11.2017, reclamación ambiental, “Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar con Servicio de Evaluación Ambiental”).

Luego, en 2019 la Corte Suprema reitera el criterio sostenido en 2016 al señalar que Contraloría no puede ordenar invalidar un acto administrativo, pues ello corresponde a la autoridad que dictó el acto, sino solo ordenar iniciar el respectivo procedimiento invalidatorio, apartándose del principio de imparcialidad (SCS Rol N° 22.221-2018 de 19.11.2019, reclamo de ilegalidad, “Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar con Municipalidad de Concón”.

Vinculado con esta última sentencia, en 2020 la Corte Suprema señaló que no procede el recurso de revisión en contra de sus decisiones (SCS Rol N° 24.660-2020 de 10.03.2020, recurso de revisión,“Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. con Corte Suprema Tercera Sala”).

En 2021, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido a que el impacto de la obra sobre el Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica es de tal envergadura que no basta con medidas de mitigación, sino su consideración como línea de base con una RCA propia. Por lo anterior, dispone que la Superintendencia de Medio Ambiente debe fiscalizar dicho santuario disponiendo las medidas que correspondan (SCS Rol N° 88.411-2020 de 29.03.2021, protección, “Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar con Inmobiliaria Punta Piqueros”).

Por último, en mayo de 2022 la Corte Suprema dejó sin efecto el acto que rechazó la solicitud de demolición del hotel de la Seremi Minvu por falta de una debida fundamentación, (SCS Rol 89.134-2021 de 30.05.2022, protección, “Muñoz con Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso”).

De esta relación de pronunciamientos se pueden realizar algunos comentarios y extraer algunos criterios que han incidido en la jurisprudencia posterior.

En primer término, este caso deja en evidencia las diversas acciones judiciales a las cuales se puede ver enfrentado un proyecto urbanístico (sistema de control atomizado), sistema recursivo que aumenta si existen aspectos ambientales vinculados al mismo.

En segundo lugar, se ha establecido que aun cuando un proyecto no se encuentre en el listado del artículo 10 de la Ley Nº 19.300, la envergadura de la obra y los eventuales riesgos que conlleva para el medio ambiente y la naturaleza son determinantes para requerir su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta interpretación se encontraría en armonía con el principio preventivo (vid. Cordero Vega 2018).

En tercer lugar, se estableció expresamente que solo el órgano que emitió el acto administrativo tiene potestad invalidatoria respecto del mismo, de modo que ninguna otra autoridad lo puede dejar sin efecto invocando este mecanismo de revisión.

Finalmente, la última sentencia (SCS Rol 89.134-2021) abre un nuevo capítulo en esta historia, el cual se encuentra vinculado con las medidas de restablecimiento de la legalidad que se pueden adoptar en materia urbanística y las acciones de regularización que establece la ley.

En el caso se solicitó a la Seremi Minvu que dispusiera la demolición del hotel dada la ausencia de permiso de construcción y su inviabilidad urbanística, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de la LGUC, precepto que establece, en síntesis, que la referida autoridad podrá ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras que se ejecuten en contravención a los planes reguladores o sin haber obtenido el correspondiente permiso municipal, con el solo informe del director de Obras Municipales respectivo.

Dicha solicitud fue rechaza por la Seremi Minvu por cuanto: i) la demolición debe evaluarse ambientalmente, ii) es una medida de ultima ratio que solo puede ser adoptada cuando la edificación no pueda ser regularizada y iii) existe la posibilidad de regularizar la obra de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la LGUC.

Sin embargo, la Corte resolvió el asunto cuestionando la naturaleza discrecional de la potestad, advirtiendo que concurren los supuestos de hecho previstos en el referido artículo 157. Además, sostuvo que los fundamentos invocados por la Seremi carecen de motivación suficiente.

Al respecto, resulta discutible cuestionar la naturaleza discrecional de potestad, máxime cuando la potestad ha sido atribuida en términos facultativos.

Por su parte, este caso deja en evidencia los problemas vinculados a la caducidad del permiso, la falta de una regulación más asertiva en torno a las medidas de “regularización” (artículo 133 de la LGUC) y un asistémico marco de medidas de restablecimiento de legalidad, en donde convergen distintas autoridades con potestades idénticas, v. gr. tanto el alcalde como la seremi tienen potestad de paralización de obras y demolición, sin que existan criterios claros en orden a determinar cuándo procede una y la otra.

Además, una de las cuestiones interesantes de la facultad regulada en el artículo 157 radica en que los gastos que irrogue su aplicación (la demolición) serán de cargo al presupuesto del servicio regional respectivo, cuestión que ciertamente puede llegar a condicionar su ejercicio.

Mientras se espera la dictación del nuevo acto por parte del Seremi Minvu respecto de la solicitud de demolición, la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la causa Rol Nº 49-2021, se encuentra conociendo del reclamo de ilegalidad reducido por la inmobiliaria en contra de la DOM que denegó la solicitud de reanudar la tramitación de la solicitud de permiso de edificación ingresada en 2010 al municipio, de modo que esta historia continuará…

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"...La Segunda Sala de la Corte Suprema entiende que el hecho de la demora en que incurre el órgano administrativo no solo es un quebranto a la legalidad, sino que con ello afecta el derecho a la libertad personal y seguridad individual del solicitante…”

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"...La Corte define un estándar estricto de invalidez por infracción al principio de imparcialidad, porque pareciera entender que cualquier decisión administrativa adoptada por un funcionario que infringe tal principio, adolece de un vicio grave y esencial que afectará siempre la legitimidad del acto administrativo..."

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"...Su implementación sera por fases y grupos y su gradualidad se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 (...) Se trata de un gran desafío no solo para la Administración del Estado, por cuanto requiere la adaptación a un nuevo paradigma, consistente en transitar desde la lógica del papel a una modalidad electrónica, sino también para las personas y funcionarios públicos que tramitan o prestan servicios en ella..."

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