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Nueva Constitución y Derecho viejo

"...Lo valioso, más allá de las dudas o posibles dificultades de interpretación planteadas, es que la Constitución previó varios caminos para dejar sin efecto el Derecho viejo y, especialmente, que concentró expresamente en el órgano de justicia constitucional la facultad de invalidar las normas previas o posteriores que la infrinjan o contradigan..."

Jueves, 16 de junio de 2022 a las 13:02
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Miriam Henríquez
Si la nueva Constitución se aprueba, su entrada en vigor impactará fuertemente en la función del legislador, quien deberá aprobar y modificar la normativa necesaria para desarrollar los nuevos contenidos constitucionales. Pero más inmediatamente demandará a los aplicadores del Derecho, jueces y órganos de la Administración del Estado la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento mediante la aplicación de las nuevas normas constitucionales y la no aplicación de las normas incompatibles con ellas.

El pleno de la Convención aprobó este martes el artículo segundo transitorio que dice: “Toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución. A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional. Dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo (ID 375 y 376) también procederá respecto a las leyes promulgadas con anterioridad a esta”.

Como se aprecia, la norma aprobada no asumió una sola alternativa, sino que consideró un conjunto de vías para resolver los posibles conflictos de entre las normas pre-existentes y las nuevas normas constitucionales. La primera es la derogación legal, es decir, será el legislador quien deberá derogar, modificar o sustituir el Derecho viejo incompatible con la nueva Carta. Mientras aquello no ocurra, las normas anteriores mantendrán su vigencia.

¿Esta definición podría albergar espacio para interpretar que los jueces están facultados para declarar tácitamente derogadas las normas legales preconstitucionales? Porque la disposición solo dice “derogada” y no señala por cuál autoridad. Los jueces no están facultados para derogar con efectos generales, pero sí para declarar derogadas las normas en las causas que conocen. Una primera impresión es que una interpretación así difícilmente se concilia con la segunda vía definida: la competencia del órgano de justicia constitucional para declarar la inaplicabilidad o inconstitucionalidad sobrevenida.

Cabe destacar que este segundo camino asumido por la Convención Constitucional tiene una serie de ventajas. La más importante es que no requerirá verificar, en cada caso, la incompatibilidad normativa por parte de los intérpretes o aplicadores de la nueva Carta. La declaración de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional tendrá efectos generales, invalidatorios y hacia el futuro. Se depurará así el ordenamiento jurídico de aquellas normas incompatibles con la futura Constitución. Otra ventaja es que los requerimientos de inconstitucionalidad también podrán solicitarse por un amplio abanico de órganos: el Presidente/a de la República o por un número de integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones, de las y los Gobernadores y de la Asamblea Regional. La Corte Constitucional podría igualmente declararla de oficio.

Sin embargo, asoman algunas posibles dificultades. Para la declaración de inconstitucionalidad se requiere previa declaración de inaplicabilidad, así como un quorum de 3/5 o 4/5, según los presupuestos que se señalan en la Constitución. Cumplir estos requisitos puede ser lento y gravoso e implicaría que, en algunas situaciones, normas inconstitucionales se presuman válidas y, por ende, sigan siendo aplicables a pesar de su inconstitucionalidad.

La tercera vía es la adaptación de la normativa reglamentaria a la nueva Constitución. Los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán, desde la publicación de la nueva Carta, adaptar su normativa interna a ella. Lo señalado podría generar dudas sobre qué significa “adaptar”. Esto es, ¿dictar nueva normativa consistente? ¿Modificar la inconsistente? ¿Derogar la contradictoria? ¿Inaplicar la inconstitucional? Por otro lado, ¿qué ocurrirá con los reglamentos “adaptados” que sean contrarios a la ley que se presume constitucional o que no ha sido derogada por el legislador?

Por último, se abre una novedosa cuarta vía: la iniciativa popular de derogación de leyes, que podría materializarse vía referéndum nacional. Ello permitiría que un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al cinco por ciento del último padrón electoral, pueda presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional.

Lo valioso, más allá de las dudas o posibles dificultades de interpretación planteadas, es que la Constitución previó varios caminos para dejar sin efecto el Derecho viejo y, especialmente, que concentró expresamente en el órgano de justicia constitucional la facultad de invalidar las normas previas o posteriores que la infrinjan o contradigan.

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