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Caída del casa 212 y responsabilidad civil. Comentarios a algunos aspectos de la reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

"...Nos parece interesante comentar tres aspectos del fallo: primero, la intransmisibilidad mortis causa del daño moral; segundo, la compatibilidad de las indemnizaciones de los familiares concedidas por el estatuto de las Fuerzas Armadas y, en tercer lugar, la determinación de la indemnización del daño moral de las víctimas indirectas..."

Miércoles, 28 de julio de 2021 a las 12:40
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Hernán Corral
Quince causas de indemnización de perjuicios deducidas por cónyuges, parejas y parientes de quienes fallecieron en el siniestro del avión casa 212 de la Fach que capotó al intentar aterrizar en el aeropuerto de la isla grande del archipiélago de Juan Fernández fueron falladas por el 3º Juzgado Civil de Valparaíso, acogiendo la excepción del Consejo de Defensa del Estado de que el accidente fue producido por caso fortuito, que exime de responsabilidad a la Fach y, por ello, al fisco de Chile.

No obstante, la Corte de Apelaciones de Valparaíso (sentencia de 12 de julio de 2021, rol Civil-Nº-83-2019, pronunciada por las ministras Eliana Quezada, María del Rosario Lavín y el ministro suplente Juan Carlos Maggiolo, quien redacta el fallo), acogió los recursos de apelación y determinó que no había caso fortuito ya que los pilotos, al haber volado a baja altura por el paso entre las islas Robinson Crusoe y Santa Clara, deberían haber previsto que los vientos podían desestabilizar el avión y precipitar su caída. Por ello, a diferencia del fallo de la Corte Suprema en el juicio fallado por sentencia de 29 de mayo de 2020, rol Nº 5572-2019, en la que estimó que había una multiplicidad de negligencias desde falta de combustible, superación del peso de la aeronave, falta de planificación, deficiencia de protocolos, etc., señala que la causa del accidente fue la infracción del deber de cuidado en situaciones de riesgo de los pilotos que en vez de tomar más altura en el vuelo mantuvieron la aeronave a baja altura. Por ello, y siguiendo la idea de que como la falta de servicio prevista en el art. 42 de la Ley 18.575 no es aplicable a las instituciones armadas, la responsabilidad del fisco surge del Código Civil en sus arts. 2314 y siguientes. Afirmada así la responsabilidad del fisco, lo condena a indemnizar a algunos de las víctimas por lucro cesante por repercusión y daño moral.

La sentencia no está aún ejecutoriada y, tanto los demandantes como el Consejo de Defensa del Estado, podrían recurrir de casación en su contra, tanto en la forma como en el fondo.

Aún así nos parece interesante comentar tres aspectos del fallo: primero, la intransmisibilidad mortis causa del daño moral; segundo, la compatibilidad de las indemnizaciones de los familiares concedidas por el estatuto de las Fuerzas Armadas y, en tercer lugar, la determinación de la indemnización del daño moral de las víctimas indirectas.

Respecto de lo primero, ya nos hemos referido en este mismo lugar. No obstante, el año pasado los profesores Susana Espada y Alberto Pino publicaron un artículo en el que proponen regresar a la posición clásica de que el daño moral puede ser transmitido por causa de muerte, salvo que se trate del “daño de muerte”. Su principal argumento es que no se trata del derecho lesionado, que puede ser personalísimo, sino de un crédito indemnizatorio, que es patrimonial y, por tanto, transmisible. Agregan que en ninguna parte el Código Civil señala que esta indemnización sea intransmisible e incluso que el art. 2315 permite a los herederos reclamar el daño que haya sufrido su causante.

El fallo de la Corte de Valparaíso decide en contra de esta tesis y se adhiere a lo que, siguiendo a Ramón Domínguez, hemos sostenido desde el 2013, en el sentido de que el crédito indemnizatorio por daño moral solo adquiere realidad patrimonial una vez que está configurado por una sentencia judicial ejecutoriada. Si el titular de ese crédito fallece después de que la sentencia que lo declara haya producido cosa juzgada, ese crédito se incluirá en su patrimonio hereditario. Pero mientras no esté fijado por la sentencia ese derecho no puede separarse de la naturaleza del interés lesionado, y siendo este personalísimo, también lo es el derecho a reclamar su reparación, y no puede transmitirse por causa de muerte. Otros argumentos pueden agregarse: el Código Civil no puede haber declarado la intransmisibilidad de un daño que no se conocía en la época en que se redactó y que el art. 2315, que concede legitimación al heredero, se refiere al heredero del dueño de la cosa dañada y, por tanto, se trata de un crédito patrimonial, porque lo es el interés lesionado. Se puede señalar igualmente que esto puede prestarse para abusos: como obtener una doble indemnización o que hasta el fisco pueda demandar daño como heredero si nadie ha aceptado la herencia de la víctima directa. Finalmente, la indemnización del daño moral no tiene una función reparatoria sino más bien satisfactiva, en el sentido de ayudar a la víctima a superar el dolor o aflicción mediante la inversión de la indemnización en actividades que le reporten alegrías y satisfacciones; esta función no se cumple si se otorga esa indemnización a los herederos.

Nos parece que la corte denegó la demanda de daño moral heredado justamente para impedir una doble indemnización. Se trata de los casos Miño y Slier, en que los familiares habían pedido como herederos la indemnización del daño moral sufrido por el causante que falleció en el accidente y además pedían daño moral propio por repecursión. Incluso en el caso Slier se demanda lucro cesante por repecusión.

La corte, en los considerandos 34º y 35º y de su fallo, expone los argumentos de los demandantes y del demandado, unos a favor de la transmisibilidad y otros en contra de ella, y tomando como base la jurisprudencia de la Corte Suprema llega a la conclusión de que la indemnización por daño moral es intransmisible, por lo que deniega la demanda a este respecto. Cita una sentencia de la Corte Suprema (29 de septiembre de 2011, Rol Nº 2073-2009) en que se sostiene la tesis de la intransmisibilidad: “En cuanto a la transmisión de la acción por el daño moral sufrido por el causante, esta Corte (Suprema) ha sostenido que ella tiene un carácter personalísimo, toda vez que persigue compensar el mal soportado por la víctima personalmente y que la circunstancia de existir un vínculo entre la acción y el resarcimiento pretendido, que es de carácter pecuniario, no obsta a la antedicha conclusión, por cuanto el resarcimiento se genera y justifica en la aflicción de la víctima, lo que le confiere el carácter de personalísimo, el que no logra desvirtuarse con el hecho que de´ lugar a un crédito en dinero, pues aún integrado dicho elemento patrimonial, el sentido y contenido de la pretensión cuestionada sigue inalterable, ya que lo que ella persigue es compensar el mal soportado por la víctima (Corte Suprema, causas rol N° 6196-2006 y rol N° 309-2006)” (cons. 6º), a lo que se agrega: “Que, finalmente, no puede menos que establecerse que conceder a los herederos acción para solicitar el pago de la indemnización por el daño moral propio y, además, aquella que habría correspondido al causante, llevaría a otorgar a estos una doble indemnización por los mismos hechos” (cons. 7º).

La Corte de Valparaíso dice, además, que “recogiendo lo planteado por Ramón Domínguez Águila, en relación con las situaciones absurdas o indeseables que se producirían de aceptarse la tesis de la transmisibilidad, como lo son el caso que el fisco reciba una indemnización como heredero abintestato, o lo haga un heredero testamentario sin relación conyugal ni familiar con la víctima, o el caso puntual de autos, en el que los sucesores de la víctima demandan daño moral heredado y propio, con lo que existe la posibilidad de que reciban una doble indemnización, a lo que se debe agregar que, en caso de considerarse transmisible la acción, esta también sería transferible, con el evidente riesgo de mercantilización de la misma, se constituyen en razones que hacen inclinarse a esta corte por la tesis de la intransmisibilidad” (cons. 36º).

Se hace cargo de la sentencia de la Corte Suprema que declara la transmisibilidad del daño moral (27 de diciembre de 2016, Rol Nº 33.990-2016) y señala que se trató de un recurso de unificación en materia laboral, por lo que “lo hace de manera limitada al ámbito de los accidentes del trabajo” (cons. 36º). En realidad, lo que hizo la Corte Suprema en la cuarta sala es no dejar sin indemnización a quienes para ampararse en la competencia de los tribunales de trabajo reclamaron responsabilidad contractual y por ello lo hicieron en la calidad de herederos del trabajador fallecido. La corte, sin embargo, se cuida de indicar que la muerte del trabajador no se produjo de inmediato, sino que experimentó dolor desde que se infectó con el virus hanta hasta su fallecimiento (cons. 5º de la sentencia de unificación), lo que de alguna manera contradice la aseveración de que el daño moral ya no se identifica con el pretium doloris, sino que caben perjuicios derivados la fractura del proyecto de vida y la autodeterminación de la persona. ¿Qué mayor fractura del proyecto de vida que sufrir la muerte por culpa de otro?

Debo sí advertir que estas últimas sentencias (de casación y de reemplazo) fueron redactadas por el entonces abogado integrante y eximio profesor de derecho civil, además de buen amigo, Carlos Pizarro Wilson, en la que cita la primera edición de mis Lecciones (2003), en que me manifiesto a favor de la tesis de la transmisibilidad salvo que el accidente produzca la muerte instantánea. Posteriormente, el 2013, en la segunda edición, cambié de opinión y asumí la tesis de la intransmisibilidad del daño moral.

En todo caso, la Corte de Valparaíso podría haber ocupado la tesis de que la muerte instantánea no daría lugar al surgimiento del derecho a la reparación del daño moral, en lo que concuerdan los profesores Espada y Pino, y la sentencia ya referida.

Otros dos puntos merecen comentarios, aunque menos extensos. La corte rechaza la alegación del Consejo de Defensa del Estado de que el daño causado ya ha sido reparado mediante las indemnizaciones del estatuto especial para muertes en acto de servicios de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, Ley Nº 18.948, de 1990, así como la invocacióndel art. 81 inciso final de dicha ley, que señala que “las pensiones de inutilidad de segunda y tercera clases tienen el carácter de indemnización para todos los efectos legales”, lo que se extiende a los montepíos y demás prestaciones. La sentencia cita el fallo de la Corte Suprema que dice que se trata de daño diverso, pero declara: “A ello, cabe agregar que el régimen de responsabilidad aplicable al caso corresponde al establecido en el Código Civil, por lo que cobra plena vigencia el principio de la reparación integral del daño contenido en dicho cuerpo legal, en consecuencia, de acreditarse la existencia de un daño no cubierto por las indemnizaciones pagadas en razón de la Ley 18.948, este debe ser reparado por el responsable” (cons. 29º). Pero luego, al determinar las indemnizaciones por lucro cesante y daño moral, no se hace diferencia alguna entre las víctimas indirectas de funcionarios de la Fuerza Aérea y de otras personas que iban en el vuelo. Solo respecto de los pilotos se niega indemnización, con justa razón porque, según la corte, ha sido su impericia la causa de su propio daño.

Finalmente, respecto de la valoración del daño moral, parece positivo que la corte exija prueba mediante informe pericial o testigos y que diferencie el daño moral como dolor y como fractura del proyecto de vida. En este sentido, rechaza la demanda del conviviente de una fallecida porque no logró acreditar que tenían un proyecto de vida futuro en común (cons. 66º).

Además, debe notarse que para superar la noción restringida de daño moral como pretium doloris la nueva norma del inciso 6º del art. 2 bis de la Ley Nº 21.332, sobre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, “la que si bien tiene una entrada en vigencia diferida (1º de octubre de 2021), de todas formas entrega una visión de lo que la actual legislación considera como daño moral, al establecer: ‘La indemnización por el daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado a consecuencia del daño producido, atendiendo su edad, condiciones físicas y psicológicas, en conformidad a las reglas generales aplicables’” (cons. 63º). Sobre esta norma la profesora Carmen Domínguez Hidalgo había advertido a la comunidad jurídica en una columna en este mismo medio.

En todo caso, llama la atención que la corte vaya examinando caso por caso las víctimas de daño moral indirecto, incluyendo los medios de prueba aportados, pero luego fije para todos la cantidad de $150 millones por cada víctima. ¿Para qué sirven entonces las pruebas rendidas por cada uno si a todos se les va a dar la misma cantidad como indemnización?

Es cierto que esta tendencia a la estandarización del daño moral ha venido reflejándose en la última jurisprudencia e incluso en la aceptación del daño moral colectivo en la última reforma a la Ley Nº 19.496, de 1997 (art. 51 Nº 2, reformado por la Ley Nº 21.081, de 2018), pero siendo un daño personalísimo no se ve cómo pueda fijarse en serie, salvo que se transforme en una indemnización sancionatoria al estilo de los punitives damages del sistema de common law.

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