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El cese de alimentos debidos a descendientes y hermanos a los 18 años

"...Tenemos a jóvenes adultos que continúan residiendo en el hogar paterno o materno, infantilizados por unas leyes que les permiten seguir exigiendo alimentos a su padre, madre o abuelos; para colmo, representados 'por el solo ministerio de la ley' por el padre o madre con quien residen. Este es el escenario del proyecto de ley de reforma a la Ley N° 14.908..."

Viernes, 23 de julio de 2021 a las 16:00
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María Sara Rodríguez
El proyecto de reforma a la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en actual trámite (Boletín N° 14.077-18), propone introducir un nuevo artículo 19 bis que diría lo siguiente: “El plazo de prescripción para las acciones de cobro por deudas de pensión alimenticia será de tres años y se comenzará a computar desde el momento en que el alimentario o alimentaria cumpla 18 años”.

Dejando de lado, por un momento, la problemática cuestión de la prescripción de pensiones alimenticias no pagadas, tiene mucho interés que el proyecto de ley ponga de relieve la edad de 18 años. Pensamos que no se justifica mantener la obligación de dar alimentos a descendientes o hermanos de más de 18 años, a menos que algún motivo lo justifique, situación que debería demostrarse en el proceso. Un poco de historia sirve para cuestionar la razonabilidad de mantener la obligación de dar alimentos a mayores de esa edad.

La mayoría de edad fue rebajada de 25 a 21 años por la Ley N° 7.612, de 1943. Esta ley fue muy prolija para adaptar numerosas normas del Código Civil a la nueva edad. Así ocurrió, entre otros, con los artículos 323 y 332 del Código Civil respecto de los alimentos debidos a descendientes o hermanos menores de edad. Desde entonces el artículo 323 expresa que los alimentos comprenden la enseñanza obligatoria del “menor de veintiún años”. En el artículo 332 se redujo también la edad de 25 a 21 años: “Los alimentos concedidos a los descendientes o hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años”.

La mayoría de edad fue nuevamente reducida por la Ley N°19.221, de 1993, de 21 a 18 años. La misma ley modificó numerosas disposiciones del Código Civil y de otras leyes para adecuarlas al nuevo baremo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la Ley N° 7.612, esta vez no se modificaron los artículos 323 y 332 del Código Civil, ignoramos si advertida o inadvertidamente. El resultado fue que, habiéndose rebajado la mayoría de edad a los 18 años, los descendientes y hermanos mayores de 18 podían seguir pidiendo alimentos hasta los 21 años. La Ley N° 19.585, de 1998, no corrigió este desfase. Al revés, extendió la obligación de dar alimentos hasta los 28 años, agregando al artículo 332, inciso 2º, la siguiente cláusula: “Salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los veintiocho años”.

Como la mayoría de edad estaba en los 18 años, a partir de esa edad los alimentarios debían dar poder a su padre o madre (o a un tercero) para pedir o cobrar alimentos, puesto que la patria potestad cesa al cumplir los hijos la edad de 18 años (art. 270 CC). Para salir al paso de esta dificultad, la Ley N° 20.152, de 2007 (artículo 4º), legitimó al padre o madre “en cuyo hogar vive el alimentario mayor de edad”, por el solo ministerio de la ley, “para demandar, cobrar y percibir alimentos de quien corresponda, en interés del alimentario, sin perjuicio del derecho de este para actuar personalmente, si lo estima conveniente. Si el alimentario no actúa personalmente se entenderá que acepta la legitimación activa del padre o madre junto a quien vive”. Esta legitimación se agregó al final del artículo 19 de la Ley N° 19.968, de 2004.

Sucede que hoy se debe alimentos a los descendientes y hermanos hasta los 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el que cesan a los 28 años. Además, “por el solo ministerio de la ley”, el padre o madre puede pedir o cobrar alimentos en representación de un hijo mayor de edad, con el solo requisito de que este último resida en su hogar. Tenemos a jóvenes adultos que continúan residiendo en el hogar paterno o materno, infantilizados por unas leyes que les permiten seguir exigiendo alimentos a su padre, madre o abuelos; para colmo, representados “por el solo ministerio de la ley” por el padre o madre con quien residen. Este es el escenario en que el proyecto de ley de reforma a la Ley N° 14.908 vendría a agregar que las pensiones alimenticias impagas no prescribirían sino a partir de los 18 años.

Para completar el contexto hay que agregar que las leyes que han autorizado retiros de fondos previsionales han venido a servir a estos padre o madre para cobrar antiguas deudas mediante “trámite fácil” en la Oficina Judicial Virtual. Lo hacen sin que se les exija certificado de nacimiento del alimentario, ni un certificado de alumno regular en algún programa de estudios conducente a un título técnico o profesional. A lo más se les pide un certificado de residencia del hijo mayor de edad en su propio hogar. Los alimentantes no pueden pedir prescripción o cese de estos alimentos por “trámite fácil”, muchos de ellos ni siquiera saben que el automatismo actual permite que se sigan devengando pensiones alimenticias a favor de hijos que han salido hace rato de la menor edad, que pueden prepararse para un oficio o profesión con numerosas becas a su disposición, que pueden trabajar.

Las oportunidades de trabajo para jóvenes han aumentado considerablemente en nuestro tiempo por el desarrollo de la tecnología, del comercio electrónico y, en general, de la economía. No se justifica que se mantenga la obligación de dar alimentos a descendientes o hermanos mayores de 18 años. Lo que el proyecto de ley debería decir es que los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan 18 años.

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