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Redundancia

"...La pregunta es si la Ley General de Concesión de Obras Públicas y su Reglamento —que disciplinan las autopistas concesionadas— contienen normas que se refieran a las obligaciones que quienes demandan en conformidad a la LPC estiman como incumplidas. La LGCOP y su Reglamento sí que contienen normas relativas a la seguridad y la continuidad del uso, por lo mismo, si se acepta el carácter general de la LPC habrá, a la vez, que aceptar que esas normas la prefieren..."

Lunes, 26 de abril de 2021 a las 9:58
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Iñigo de la Maza
Hace ya algunos días, y gracias a una invitación de la Academia Judicial, la profesora Francisca Barrientos y yo discutimos sobre la aplicación de la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (LPC) en cierto tipo de accidentes en las autopistas concesionadas.

La profesora Barrientos estimaba que la LPC se aplica; yo, lo contrario. De los argumentos que cruzamos quedó constancia, por lo mismo, no es necesario fatigarse repitiéndolos aquí. Lo que acaso resulte más interesante es, al menos, plantear de qué depende la respuesta. Y depende de la forma en que se fija el ámbito de aplicación de la LPC. Específicamente, depende de si aquí existe una relación de consumo y, existiendo, de si no hay una ley especial que regule la materia específica en que se pretende aplicar la LPC.

Por lo que toca a una relación de consumo, efectivamente las concesionarias cobran por el uso de un bien, pero si se acepta que lo que cobran es un impuesto, entonces querría decir que todo goce de bienes o servicios intermediado por el cobro de un impuesto quedaría bajo el imperio de la LPC. Quizás los tributaristas tendrán algo que decir respecto a que se trata de un particular tipo de impuesto; yo conservo mis dudas. Mi impresión, más bien, es que lo que, a primera vista, distorsiona las cosas es que quien recolecta el tributo es un privado, pero, en rigor, quien provee el servicio es el Estado. Como sea, si se acepta que cada vez que una actividad pública por la que se pagan impuestos se realiza defectuosamente procede la aplicación de la LPC, las cosas se volverían —por decirlo de alguna manera— realmente interesante para quienes la estudiamos.

Como dije antes, aun si se acepta la existencia de una relación de consumo todavía es necesario considerar la existencia de leyes especiales.

En lo que concierne ahora a la existencia de leyes especiales, tendencialmente al menos, a mayor complejidad social, mayor cantidad de normas jurídicas, y (de nuevo tendencialmente al menos), a mayor cantidad de normas jurídicas, mayor es el riesgo de una especie de redundancia entre ellas; aquella en que varias normas disciplinan lo mismo, pero de manera incompatible.

Algo como esto sucede conspicuamente tratándose de ciertas relaciones de consumo respecto de las cuales concurre el derecho común, la LPC y la regulación sectorial.

Como el dios Jano, la LPC tiene dos rostros, según desde donde se le mire. Así, desde el Código Civil, es, sin duda, una ley especial. Sin embargo, considerada desde otras leyes especiales —las sectoriales, en este caso— que regulen ámbitos en los que se desarrollen relaciones de consumo, es una ley general.

Que la LPC es especial respecto del Código Civil es evidente; que es general respecto de otras leyes, no, no a primera vista al menos. La razón es que el criterio para determinar la especialidad/generalidad es inconmensurable entre una y otras. El criterio de la LPC sería la presencia de una relación de consumo, el de una ley sectorial, el tipo de actividad que regula. La comparación no es posible, pues una sería la general de los consumidores y la otra, la ley general de ese sector de la economía.

Sin embargo, la LPC establece su generalidad respecto de otras leyes especiales en los artículos 2º bis y 44, entre otros. Existiendo otras leyes especiales, la LPC se aplica únicamente en aquello que no resulta incompatible con las primeras.

De esta manera, la pregunta es si la Ley General de Concesión de Obras Públicas y su Reglamento —que disciplinan las autopistas concesionadas— contienen normas que se refieran a las obligaciones que quienes demandan en conformidad a la LPC estiman como incumplidas. La LGCOP y su Reglamento sí que contienen normas relativas a la seguridad y la continuidad del uso, por lo mismo, si se acepta el carácter general de la LPC habrá, a la vez, que aceptar que esas normas la prefieren.

Sin embargo, ni la LGOP ni su Reglamento, contienen normas relativas a los procedimientos para solicitar indemnizaciones por acciones de interés individual, colectivo o difuso, por lo mismo, respecto de dicho procedimiento sí que procedería la aplicación de la LPC, una circunstancia nada trivial si se tiene presente que allí están reguladas las acciones de interés colectivo o difuso.

Por lo tanto, aunque no proceda la aplicación sustantiva de la LPC, sí que procede procedimentalmente y esto significa, nada menos, que acceso a acciones de interés colectivo o difuso. Aunque en este caso —esta es, al menos, mi opinión—, lo anterior depende de que se acepte que hay una relación de consumo cuando se paga un tributo, y esa es una asunción extremadamente generosa.

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