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Matrimonio igualitario: ¿en pandemia y a días de un plebiscito?

"...Las reformas que se proponen desbordan largamente la materia matrimonial. Los niños merecen un trato preferencial y antes de desgastarnos en esta discusión, lo que deberíamos examinar son las materias de filiación, adopción y técnicas de reproducción humana asistida. Además, la materia matrimonial debería reservarse para la ley de matrimonio civil..."

Miércoles, 21 de octubre de 2020 a las 10:20
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María Sara Rodríguez
El proyecto sobre matrimonio igualitario (Boletín N° 11.422-07, de 5 de septiembre de 2017) fue aprobado en general por el Senado el 15 de enero de 2020, en primer trámite constitucional. El viernes 16 de octubre de 2020, la Comisión de Constitución inició la discusión particular del proyecto. Previa audiencia de organizaciones, se aprobaron todas las normas del proyecto que no tenían indicaciones. La discusión debería concentrarse en las 25 indicaciones que tuvo el texto, presentadas por los senadores Moreira, Pérez y Latorre, que se refieren al Código Civil. En estas líneas me propongo demostrar que las reformas que se proponen desbordan largamente la materia matrimonial. Los niños merecen un trato preferencial y antes de desgastarnos en esta discusión, lo que deberíamos examinar son las materias de filiación, adopción y técnicas de reproducción humana asistida. Además, la materia matrimonial debería reservarse para la ley de matrimonio civil.

La idea matriz del proyecto es introducir las modificaciones necesarias para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo “en igualdad de condiciones”. Con este objetivo se proponen 37 modificaciones al Código Civil y cuatro modificaciones a la ley de matrimonio civil. También se modifican la ley sobre acuerdo de unión civil, la ley sobre adopción de menores y la ley sobre Registro Civil. Se propone un largo número de modificaciones que tienden a eliminar referencias a “marido”, “mujer”, “padre” y “madre” en diversos cuerpos legales, como la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, el Código del Trabajo, la ley sobre seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la ley de asignaciones familiares. Esta somera referencia permite medir el impacto que podría tener este proyecto de llegar a convertirse en ley.

Se elimina de un plumazo todo el sistema filiativo introducido por la Ley N° 19.585, de 1998. La filiación por naturaleza, de hecho, es materia de otro proyecto en trámite (Boletín N° 10.626-07, de 22 de abril de 2016, sobre derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo). La filiación adoptiva se encuentra en proceso de reforma desde hace años (Boletín N° 9.119-18, de 8 de octubre de 2013, en segundo trámite constitucional). Estos dos proyectos ponen en evidencia la urgencia de que se legisle sobre técnicas de reproducción humana asistida, prohibiendo expresa y directamente la crioconservación de embriones y la maternidad subrogada. Esto último es severamente combatido por organizaciones feministas internacionales que promueven la abolición universal de la maternidad subrogada, como una nueva esclavitud. De hecho, la doble paternidad exige una mujer que realice la gestación heteróloga del embrión, bajo la obligación de entregar el recién nacido a los comitentes. Uno se pregunta, ¿a título de qué? ¿De tradición? ¿Cómo si fuera mercancía?

Si fuera a título de adopción, los comitentes deberían someterse previamente a un escrutinio de idoneidad, como todos los que intentan adoptar un niño. Por esto, aunque sea reiterativo, antes de revisar el estatuto filiativo del derecho chileno es imprescindible una nueva ley de adopción y una ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. No podemos precipitarnos por la presión de grupos de interés. Estas leyes se refieren a niños inocentes, que pueden verse expuestos a un tráfico ilícito y al abandono. Esto no es fantasía sino realidad en muchos lugares del mundo.

El proyecto de ley propone que el “matrimonio” entre dos personas del mismo sexo no tenga como efecto patrimonial la sociedad conyugal sino la separación total de bienes, como régimen legal. Ojalá esto sea una señal de respeto a la sociedad conyugal, que también se encuentra en proceso de reforma (Boletín N° 7.727-18, de 15 de junio de 2011, en segundo trámite constitucional). ¿Por qué no dar preferencia a este último proyecto eternamente a la espera?

Cualquier reforma de la materia matrimonial repercute en cuestiones sucesorias. El proyecto de ley de matrimonio “en igualdad de condiciones” también modifica reglas del Libro III del Código Civil. Se sigue con la política de modificaciones cosméticas en este campo, sin el coraje de abordar lo que muchos en la academia pedimos: una modificación profunda al sistema de asignaciones forzosas. Esto se debería traducir, por lo menos, en la derogación de la cuarta de mejoras (Boletín N°12.301-07, de 11 de diciembre de 2018, en primer trámite constitucional) y en la reducción de la legítima del cónyuge o conviviente civil sobreviviente y de los ascendientes a una asignación alimenticia. ¿Por qué seguir conteniendo la libertad de testar?

En fin. Si el proyecto versa sobre una materia matrimonial, el matrimonio en Chile está regulado por legislación especial: la ley sobre matrimonio civil y la ley sobre acuerdo de unión civil, que la complementa. Si el matrimonio de todos está regulado en la ley sobre matrimonio civil, ¿por qué el matrimonio de las personas del mismo sexo debería ocupar un lugar en el Código Civil? Por otra parte, para que la igualdad de condiciones sea verdadera, ¿por qué no modificar el artículo 20 para eliminar los trámites a que están sujetos los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público? La eliminación de un modelo de matrimonio debería tener por consecuencia la admisibilidad de todas las formas de matrimonio.

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