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Pensiones de alimentos y ejecución (Parte II)

“...Un nuevo diseño normativo debiera orientarse a buscar un equilibrio de los derechos de los litigantes, lo que a mi juicio está indefectiblemente atado al perfil que ellos poseen. En esta área, un nuevo sistema de ejecución debe tener en consideración que los acreedores y deudores obedecen a un perfil completamente distinto al que impera en la cobranza de deudas ante juzgados civiles..."

Lunes, 05 de octubre de 2020 a las 12:21
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Macarena Vargas
Han pasado algunas semanas desde que el debate sobre el pago de las pensiones de alimentos se instalara de lleno en la agenda pública. A raíz del retiro del 10% de los fondos de las AFP, miles de mujeres han buscado la forma de obtener el pago de las pensiones adeudadas por parte de aquellos cotizantes en mora. 

De manera ágil y oportuna el Poder Judicial habilitó en su sitio web un link destinado a este efecto. Las cifras indican que hasta la fecha los tribunales de familia han dictado más 326.00 medidas cautelares en todo Chile con el fin de lograr la retención de tales fondos. Ello devela la magnitud del problema y la necesidad de buscar soluciones para que el pago de los alimentos se realice dentro de un plazo razonable y no años después, luego de un largo y a veces infructuoso recorrido.

Habitualmente la exigencia de razonabilidad de los plazos se hace exclusivamente en la fase declarativa, que en este caso iría desde de la presentación de la demanda de alimentos hasta la dictación de la sentencia que los decreta o del acuerdo en que son fijados por las partes. Sin embargo, la jurisprudencia internacional de los Derechos Humanos y, en particular, de la Corte Europea de Derechos Humanos, ha sostenido que esta exigencia se debe hacer a la totalidad del proceso, esto es, desde su inicio, a través de una demanda o incluso otras gestiones judiciales, y hasta la ejecución completa del fallo. Ha señalado también que los Estados no pueden excusarse de esta obligación aduciendo problemas de sobrecarga de trabajo de los tribunales o razones de otra índole. 

¿Qué sucede en Chile en materia de alimentos? ¿Cuánto demora el procedimiento que se sigue para obtener la dictación de una medida de apremio?

La tesis de magíster de la jueza de familia Paz Pérez Ahumada da cuenta de los resultados de un estudio empírico realizado en los cuatro juzgados de familia de Santiago durante el año 2018. Uno de los aspectos allí relevados dice relación con la duración del procedimiento para la obtención de un apremio en caso de incumplimiento del pago de la pensión de alimentos. Este procedimiento en promedio demora 35 días, es decir, poco más de un mes. 

Ello se explicaría por una serie de pasos que los tribunales de familia realizan antes de dictar la orden de apremio, los cuales enumeraré brevemente: (a) la madre solicita el apremio, (b) el tribunal ordena liquidar la deuda, (c) se procede a la liquidación de la deuda, (d) el tribunal dicta una resolución poniendo la liquidación en conocimiento de las partes para posibles objeciones dentro de tercero día, (d) transcurridos los tres días, la madre debe reiterar el reclamo y, finalmente, (e) el tribunal dicta la resolución que despacha la orden solicitada.

Como se observa, hay a lo menos cuatro pasos antes de la dictación de la orden de apremio. Ellos pueden aumentar si, por ejemplo, una de las partes objeta la liquidación o si el deudor, en el intertanto, realiza un pago parcial de la deuda. En este último caso, y tal como se explica en la tesis de magíster antes mencionada, el abono de la deuda —aunque sea una ínfima cantidad de dinero— genera la suspensión de la orden de apremio, debiendo realizarse una nueva liquidación de la deuda y comenzar todo el procedimiento desde cero. 

Lo grave es que esta situación puede repetirse mes a mes, en una suerte de espiral infinita: ante una nueva orden de apremio, un nuevo abono, y así sucesivamente. Ello obliga a las madres a volver una y otra vez a los tribunales, solicitar la reliquidación de la deuda y esperar los 35 días promedio para que se dicte la nueva orden, sin que nadie les pueda asegurar que esta secuencia no volverá a repetirse al mes siguiente. La consecuencia que tiene una dinámica tan nociva como esta es que muchas mujeres, luego de meses o años de hacer estas gestiones sin conseguir el efecto deseado, bajan los brazos y dejan de exigir el pago de las pensiones alimentarias que a sus hijos e hijas les corresponden. 

Lo anterior ocurre porque el sistema de cumplimiento de estas obligaciones ha sido diseñado de un modo tal que la carga de poner en movimiento el aparato estatal para conseguir el pago de las pensiones recae sobre los hombros de las madres, mientras que al deudor solo le basta depositar una pequeña suma de dinero para enervar el apremio. 

Me pregunto si acaso no sería posible “invertir la carga de la prueba” y permitir que los tribunales de familia, apoyados por un sistema automatizado de liquidación de las deudas, pudieran decretar el apremio con citación y poner de este modo sobre los hombros del deudor la carga de acreditar que ha pagado la pensión. Y en esta misma línea, ¿no se podría supeditar el alzamiento del apremio al pago de un porcentaje de la deuda (por ejemplo, el 50%) o a la solicitud del cese o rebaja de la pensión dentro de un plazo determinado? 

A este panorama hay que añadir otro elemento no poco frecuente en la práctica en sede de familia. Se trata de la interposición de recursos de amparo por vulneración del derecho a la libertad personal por parte de los deudores, lo que ocurre cuando habiendo realizado un pago parcial de la deuda, la medida de apremio sigue vigente. Si bien el deudor está en su derecho, lo que llama la atención —según refiere la tesis de la magistrada Pérez— es la rapidez con que los tribunales de familia alzan las medidas de apremio. Ello se produce en promedio en menos de 24 horas. Así, mientras las madres demoran más de un mes en obtener una orden para exigir el pago de los alimentos debidos, los padres logran su alzamiento en pocas horas. Algo parece no cuajar en esta ecuación.

Dicho lo anterior, me parece necesario insistir en la idea de repensar el sistema de ejecución de las pensiones de alimentos. Un nuevo diseño normativo debiera orientarse a buscar un equilibrio de los derechos de los litigantes, lo que a mi juicio está indefectiblemente atado al perfil que ellos poseen. En esta área, un nuevo sistema de ejecución debe tener en consideración que los acreedores y los deudores obedecen a un perfil completamente distinto al que impera en la cobranza de deudas ante juzgados civiles. La evidencia muestra que allí, gran parte de los acreedores son sociedades comerciales y civiles con fines de lucro (97%) que litigan en contra de deudores que en su mayoría son personas naturales (96%). En sede de familia, en cambio, los acreedores son principalmente madres —en nueve de cada 10 causas de alimentos las demandantes son mujeres— y los deudores son padres. El acreedor no es una persona jurídica de derecho privado que busca el cumplimiento de una obligación comercial o crediticia (como lo sería una entidad bancaria, una casa comercial o el retail), sino que una mujer que tiene a su cargo el cuidado de sus hijos e hijas y que en un 65% corresponde a la población de menores ingresos de nuestro país. 

¿Hacia dónde debiéramos apuntar los dardos?

Parece indispensable reorganizar el sistema de cobro de las pensiones de alimentos en, al menos, dos dimensiones. Por una parte, a través de modificaciones legales que permitan, por ejemplo, invertir la distribución de las cargas procesales de los litigantes, de modo que sean los deudores quienes deban demostrar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias y, por otra, mediante una revisión de las prácticas de los operadores jurídicos que convergen en este ámbito. Me refiero a los jueces, a los funcionarios judiciales y, desde luego, a los abogados. La solución de este problema pasa sin duda por cambios de diseño legal, pero la solución hace parte también de la interpretación de estas normas por quienes tiene el deber de aplicarlas. 

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“...Un nuevo diseño normativo debiera orientarse a buscar un equilibrio de los derechos de los litigantes, lo que a mi juicio está indefectiblemente atado al perfil que ellos poseen. En esta área, un nuevo sistema de ejecución debe tener en consideración que los acreedores y deudores obedecen a un perfil completamente distinto al que impera en la cobranza de deudas ante juzgados civiles..."

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"...El abordaje de este tema no debe ir solo por la vía de endurecer las sanciones a los deudores, las que —a juzgar por los datos que hoy conocemos— han demostrado ser completamente ineficientes. Se requiere un abordaje integral y sistémico desde una perspectiva de políticas públicas, pero no solo de políticas de justicia, sino también de infancia, de combate contra la pobreza y de equidad de género..."

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