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Notable abandono de deberes, otra vez

"...El tema amenaza con volverse recurrente: la vez anterior no pasó la barra de la Cámara de Diputados. Esta vez consiguió llegar al Senado. Quizás la próxima se apruebe. Entonces, convendría acordar algunos criterios jurídicos para el futuro, que, si bien pueden no ser tomados en cuenta por los parlamentarios, al menos podrían encontrar algún eco entre los abogados que los asesoran..."

Viernes, 25 de septiembre de 2020 a las 14:21
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José Miguel Aldunate
El Senado rechazó la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso. Es la segunda vez en dos años que la Cámara de Diputados presenta una acusación constitucional contra miembros de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de deberes. La primera vez fue contra tres ministros de la Corte Suprema, por haber concedido la libertad condicional a condenados por delitos contra los derechos humanos. La segunda, también por conceder el beneficio de la libertad condicional, pero esta vez a Hugo Bustamante, quien luego sería el asesino de Ámbar Cornejo.

Lo que llama la atención es que en ambas ocasiones se alega que los ministros cometieron un notable abandono de deberes por haber aplicado una ley, en este caso, el Decreto Ley Nº 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Léase bien, no por haberse saltado el DL Nº 321, sino por haberlo aplicado. Es decir, los jueces están siendo acusados por aplicar las leyes de la República.

El tema amenaza con volverse recurrente: la vez anterior no pasó la barra de la Cámara de Diputados. Esta vez consiguió llegar al Senado. Quizás la próxima se apruebe. Entonces, convendría acordar algunos criterios jurídicos para el futuro, que, si bien pueden no ser tomados en cuenta por los parlamentarios, al menos podrían encontrar algún eco entre los abogados que los asesoran.

El primero es advertir que la acusación constitucional constituye una amenaza a la independencia judicial porque afecta la inamovilidad de los jueces, establecida en el artículo 80 de la Constitución. Esto debería ser obvio, pero no lo es. Tanto esta acusación como la anterior aseguran que no se estaría violando la independencia judicial, porque no se afecta la decisión de conceder la libertad condicional, sino que se limita a destituir a quien la adoptó.

Pero es claro que para un juez la amenaza de ser destituido es mucho peor que la de ver alguna de sus decisiones revertidas. De aquí que todos los autores concuerden en la centralidad de la inamovilidad de los jueces en la configuración de la independencia judicial, puesto que los jueces no podrán ser imparciales ni fallar conforme a derecho si temen represalias políticas por el contenido de sus decisiones.

En el fondo, es lo que señaló la senadora Luz Ebensperger en la fundamentación de su voto, al señalar que “resulta riesgoso que los partidos políticos estén llamados a remover a los jueces en virtud de las decisiones que toman cuando estas no sean aprobadas popularmente”.

De aquí se sigue un segundo criterio, a saber, que el notable abandono de deberes no puede proceder contra interpretaciones de la ley. La autoridad política no puede revisar el contenido de los fallos, debiendo entenderse que la interpretación de la ley para los casos concretos es una facultad exclusiva de los tribunales de justicia. De lo contrario, como señala Alejandro Silva Bascuñán, “vendría el Congreso a interferir en el ejercicio de los órganos judicial o contralor, en circunstancias que se le ha privado expresamente de ejercer funciones judiciales”. Pero tal cosa está impedida por el artículo 73 de la Constitución, que prohíbe a la autoridad política revisar el fundamento de las decisiones judiciales.

Esto es importante, porque tanto esta acusación constitucional como la anterior se motivan por interpretaciones en la aplicación del DL Nº 321 o, más bien, por la omisión de ciertas interpretaciones. En la acusación contra los ministros de la segunda sala se les imputaba no haber interpretado el DL 321 en concordancia con el tratado de Roma. En el caso de la ministra Silvana Donoso se la acusó de no haber interpretado la norma de manera “integral” y haber entendido de manera literal la expresión del artículo 2 (vigente en 2016) de que la libertad condicional es un derecho.

Más aún, este punto fue una de las principales líneas argumentales de la defensa de la ministra Donoso pues, como bien planteó su abogado, Jaime Winter, “no se trata de ver si esta interpretación de la comisión de libertad condicional es la correcta. Lo único que requerimos es decidir que esa interpretación es una interpretación plausible. Es decir, una interpretación que está dentro de las posibilidades”.

Pero concedamos por un momento que los acusados se equivocan. No que hayan resuelto sobre interpretaciones cuestionables sino que, lisa y llanamente se equivocan, es decir, que fallan contra derecho. Así y todo, habría que proponer un tercer criterio, a saber, que la acusación constitucional por notable abandono de deberes no procede por meros errores en la aplicación de la ley. El abandono de deberes debe ser “notable”, es decir, no puede consistir en una mera equivocación. Esto es obvio porque, de lo contrario, no tendría sentido nuestro sistema de recursos y tribunales de revisión, pues cada vez que una decisión es revertida podría dar pie a una acusación constitucional, produciendo un desquiciamiento total del sistema.

Además, es inconsistente con la manera en que se ha entendido el notable abandono de deberes en nuestra tradición constitucional. En este respecto, es notable la intervención de Domingo Santa María en la acusación contra Manuel Montt como ministro de la Corte Suprema, en la cual distinguió los tipos de deberes que pueden ser incumplidos por los jueces. Luego de señalar los deberes formales indicó que es posible que los ministros cometan un notable abandono de deberes en sus fallos, pero “siempre que haga una falsa aplicación, no por error de concepto, sino que a sabiendas, con dañada y torcida intención. En una palabra, el tribunal puede prevaricar”.

Es la lógica, por ejemplo, de la intervención del entonces diputado Teodoro Ribera en la acusación de 1997 contra el presidente de la Corte Suprema Servando Jordán, en que señaló que “a los ministros se les imputa dos motivaciones o circunstancias diversas que rodean el fallo: una, intencionalidad, fraude, delito; y otra, grave e inexcusable desidia o negligencia. Como lo que se les imputa son delitos, considero que el notable abandono de deberes, contemplado en la Constitución, sí permite que esta Cámara se aboque al conocimiento de ellos”.

En otras palabras, el Congreso no puede revisar el contenido de los fallos, pero sí puede controlar que no se comentan delitos en la dictación de estos. Ello es consistente con lo señalado por el artículo 79 de la Constitución, en cuanto dispone que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.

También coincide con lo señalado por el artículo 53 Nº 3, en cuanto señala que el Senado resuelve la acusación constitucional como jurado, limitándose a “declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que le imputa”, de donde se sigue que no basta un mero error en la aplicación de la ley. Es la única manera de conciliar dicha norma con lo que señala el artículo 80, en cuanto a que los jueces son inamovibles “mientras dure su buen comportamiento”.

Ahora bien, una cosa es que el juez haga una mala aplicación de la ley y otra distinta es que aplique una mala ley. De aquí que un cuarto criterio es discernir si los efectos negativos que provocan la aplicación de los jueces provienen de un ánimo de torcer el derecho, o más bien, de los defectos de la propia ley. En caso de que se trate de lo segundo, una acusación constitucional no debe prosperar.

Esta es la lógica que hay detrás del razonamiento del senador Juan Pablo Letelier, por ejemplo, quién señaló que “a mí no me gustaba la ley vigente en ese momento, pero por más que estudie lo que sucedió, no llegó a la convicción de que actuaron fuera de la ley”.

La ministra Donoso logró esquivar la acusación en su contra y la independencia judicial salió ilesa, pero las amenazas van in crescendo. Es importante que la comunidad jurídica acuerde criterios frente a acusaciones constitucionales futuras, ayudando a los parlamentarios a darle mayor precisión al concepto de “notable abandono de deberes” y blindando a los jueces de presiones indebidas.

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