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La desviación de fin o de poder como medio para proteger funcionarios públicos

"...El asunto Gálvez es relevante porque la Corte Suprema vuelve a reafirmar la tesis de que esta es una herramienta que también sirve para proteger de despidos por 'mera venganza personal o motivos políticos'. Además, (...) desnuda la debilidad que provoca en el sistema institucional la inexistencia de protección a los denunciantes de arbitrariedades y actos de corrupción por parte de las autoridades..."

Martes, 30 de junio de 2020 a las 10:20
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Luis Cordero

Desde hace algunos años la jurisprudencia de la Corte Suprema ha internalizado con regularidad el clásico título de desviación de fin o de poder como un vicio que afecta la validez de los actos administrativos, siguiendo con ello una larga tradición en el Derecho Administrativo. Lo ha reconocido dentro de los vicios que hacen admisible, en su opinión, la nulidad de derecho público, así como un estándar que sirve para evaluar la arbitrariedad de una medida administrativa utilizando el recurso de protección (para un análisis detenido de esa evolución en nuestro país, ver Lledó y Pardo, 2013).

Como explicaron clásicamente Long, Weil, Braibant, Devolvé y Genevois, refiriéndose a los precedentes canónicos del Derecho francés en esta materia (asuntos Pariset y Laumonnier-Carriol, ambos de 1875), “la desviación de poder —que se asocia a menudo con la teoría civilista del abuso del derecho— se caracteriza por el ejercicio de una facultad con una finalidad distinta a aquella que fue otorgada por la ley”. Según advirtieron, una de las hipótesis precisamente se da cuando el acto administrativo es ajeno a todo interés público, como sucede en el caso de “despido de funcionarios públicos por mera venganza personal o por motivos políticos”.

Por tal motivo, como advirtiera Manuel Daniel en la redacción del clásico fallo Piccola Italia (SCS, 7.3.2005, rol 50-2005, c. 10 y 11), “desde el punto de vista práctico, la desviación de poder presenta un muy delicado problema de prueba. Tratándose de escrutar intenciones, esta dificultad no puede asombrar a nadie”. Así las cosas, lo que corresponde es que quien actúa como juez administrativo exija “pruebas de algún modo ‘palpables’: la prueba debe resultar ya de la redacción del acto mismo —hipótesis rara, pero sucede a veces que, sin darse cuenta, el mismo autor de la decisión proporciona los elementos que establecen la ilegalidad de sus móviles—, ya del ‘dossier’, es decir, de la confrontación del acto atacado con otros documentos”.

Desde el año 2010 la jurisprudencia de la Corte comenzó a utilizar la desviación de fin o de poder de forma recurrente como un medio para proteger a los funcionarios públicos de medidas arbitrarias de las autoridades, como sucedía en los términos de los empleos a contrata por razones distintas a las del servicio o bien por ejercicio de atribuciones disciplinarias para finalidades diversas a las aceptadas por el sistema normativo (ver recientemente a título ejemplar las decisiones en Ss CS 30.3.2020, rol 14937-2020; 3.7.2019, rol 3404-2019; 1.10.2018, rol 16866-2019; 27.9.2018, rol 16868-2019).

Este mes la Corte ha vuelto sobre este criterio, utilizando todas las herramientas que le ha permitido su desarrollo jurisprudencial aplicable a la protección de funcionarios. En el asunto Gálvez con Municipalidad de La Cruz (SCS 25.6.2020, rol 32.079-2019), donde se debatía la procedencia de invalidar el nombramiento del cargo de director de Control por un supuesto vicio en las bases del concurso público, la Corte indicó que “si bien aparentemente se funda en un fin de interés general o particular del municipio”, lo cierto es que de acuerdo a los antecedentes del caso “develan que el fin que tuvo a la vista la autoridad es otro”, porque si bien esta tiene la potestad para invalidar los actos contrarios a derecho, en este caso concreto la “atribución fue ejercida con el propósito de lograr un resultado diferente de la finalidad para la cual fue instituida” (c.9).

Los hechos son relevantes para comprender el alcance de esta decisión, especialmente las razones que justifican para la Tercera Sala la revocación de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El afectado había sido nombrado director de Control en el municipio, luego de un concurso público en marzo de 2019, un cargo que había servido como subrogante por seis meses previamente. En abril, estando en uso de una licencia medica, por decisión de la alcaldesa se decidió retirar los utensilios personales del afectado y, además, desmantelar físicamente la oficina donde se desempeñaba. El funcionario realizó las denuncias respectivas ante la autoridad municipal y la Contraloría. En junio, una vez realizada esas denuncias, el municipio decidió iniciar el procedimiento invalidatorio.

Estos hechos para la Corte son indicios suficientes de desviación de fin o de poder. Las intenciones, aquellas que son difíciles de comprobar, como anticipaba Daniel en la sentencia de 2005, se correspondían con los antecedentes del expediente administrativo que tuvo a la vista la Corte al resolver. Para ella era evidente que “las denuncias presentadas por el actor ante la Contraloría General de la República y ante la Asociación Chilena de Seguridad, fueron los antecedentes que motivaron el inicio del procedimiento de invalidación”, lo que era prueba inequívoca de la desviación de poder. La Corte señaló que “la ilegalidad se configura en relación con el elemento teleológico del acto, lo que constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación”.

El asunto Gálvez es relevante porque la Corte Suprema vuelve a reafirmar la tesis de que la desviación de fin o de poder es una herramienta que también sirve para proteger a los funcionarios públicos de despidos por “mera venganza personal o motivos políticos”. Pero, además, la estrategia legal utilizada por los abogados del recurrente en este caso desnuda la debilidad que provoca en el sistema institucional la inexistencia de protección a los denunciantes de arbitrariedades y actos de corrupción por parte de las autoridades, un proyecto que lleva demasiado tiempo en el Congreso aún sin resolver y que en un caso como este es particularmente sensible. El afectado era nada más y nada menos que el director de Control municipal.

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