Un nuevo peligro se cierne sobre la justicia. Como podía preverse, luego de que el juez de garantía Felipe Gutiérrez denegara la prisión preventiva contra el imputado Martín Pradenas, el revuelo en las redes sociales no se dejó esperar. Pero lo verdaderamente novedoso fueron las amenazas recibidas por el juez, dándose incluso a conocer su domicilio. Y aunque el asunto está siendo investigado por la Fiscalía, la opinión pública todavía no ha reparado en la gravedad que representan estos actos de hostigamiento para el sistema de justicia. Las llamadas “funas” son el indicio de un fenómeno más profundo, que amenaza con sacar de quicio los pilares sobre los que se sostiene el Estado de Derecho.
Hasta aquí, la jurisprudencia sobre las funas se ha centrado en la protección de la honra y, en algunas ocasiones, en el eventual conflicto con la libertad de expresión. Encontramos un giro interesante en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que además entendió vulnerada la garantía del artículo 19 N° 3, por cuanto “los términos de la publicación y su alcance, dan cuenta que se está en presencia de un acto auto tutelar, ejecutado al margen del ordenamiento jurídico, donde el recurrido pretende hacerse justicia por mano propia, apartándose de las vías que el derecho pone a su disposición para la satisfacción de sus intereses” (Causa Rol 63746-2019).
Como fuere, no pareciera tratarse más que de un nuevo fenómeno que se ofrece para la reflexión de los tribunales de justicia. En todos los casos, se los observa resolviendo, con total normalidad, como terceros imparciales frente a conflictos que le son ajenos, sin advertir un peligro para su propia autoridad. Las amenazas contra el juez Gutiérrez suponen un cambio de perspectiva. Ahora, las funas se dirigen contra los propios tribunales y pretenden pautear su comportamiento. Es el avenimiento de un cambio social que desborda la manera en que comprendemos el derecho.
Parte fundamental del fenómeno depende de la total falta de distancia y de duda que las personas tienen respecto de sus propias opiniones. En lo personal, creo que Pradenas es culpable de los hechos que se le imputan. Creo. Es decir, no lo sé. No tengo seguridad. Para saber tendría que estudiar en profundidad una prueba que todavía no se ha rendido en un juicio que aún no comienza. Admito que otras personas están en mejor posición que yo para juzgarlo. Esta cuota de escepticismo me permite no convertir mi expectativa de condena en un criterio de justicia de validez absoluta.
Esto, que debiera ser una obviedad, no forma parte del acervo cultural de nuestra ciudadanía. El chileno de 2020 no cree, sabe o, más bien, cree que sabe. Luego de años frente a las cámaras de eco de las redes sociales, profesa como un artículo de fe que todas las opiniones tienen igual valor, incluyendo, por supuesto, la suya. Como el tango, afirma que es “lo mismo un burro que un gran profesor”. Este hombre, que no es democrático sino hiperdemocrático, sabe más que todos los penalistas y, por supuesto, más que el fiscal, más que el defensor y más que el juez. ¿Por qué no habría de sentirse autorizado para enjuiciarlos y castigarlos a todos, si así lo dictamina su subjetividad soberana?
A esto habría que agregar el nacimiento de la sociedad hípertransparente. Con ello no nos referimos al acceso jurídicamente regulado a la información pública, sino a un fenómeno sociológico inquietante, observado por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Contra el pronóstico de Orwell de un “Gran Hermano” que nos observa, Byung-Chul Han constata el advenimiento de un nuevo tipo humano que no espera a que el poder le arrebate la información, sino que se exhibe a sí mismo y demanda niveles de exhibición idénticos de parte de los demás. Así, “en la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide por su valor de exposición. La sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. Todo está vuelto hacia fuera, descubierto, despojado, desvestido y expuesto”.
Obviamente, en tal sociedad el control es exhaustivo. Es lo que observamos en las redes sociales, donde la vida privada y los pensamientos se exhiben con detalle, dando lugar a correcciones mutuas por medio de funas o linchamientos digitales. La prensa, que ha tomado nota de este fenómeno, no duda en sacar de contexto incluso los menores asomos de pensamiento divergente en forma de “cuñas”, exponiéndolas al escarnio público. El resultado es una homogeneización asfixiante —paradojalmente contraria a la libertad de expresión— que Byung-Chul Han denomina “el infierno de lo igual”.
Frente a semejante clima cultural, ¿qué futuro pueden tener instituciones como el debido proceso, la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia o el derecho a no autoincriminarse? Hasta ahora habíamos operado bajo el supuesto de que un excesivo celo justiciero puede constituir una injusticia, puesto que hay ciertos niveles de intromisión que resultan inaceptables. Asimismo, afirmábamos que era mejor dejar libre al culpable que condenar al inocente, porque no creíamos en la infalibilidad de la justicia. Pero frente a un público que demanda transparencia y exhaustividad absolutas, porque él mismo ha exhibido su vida privada sin que nadie lo fuerce a ello, ¿cómo podrá el juez volver a dictar una absolución bajo el argumento de que no se formó una convicción más allá de toda duda razonable?
En la sociedad hipertransparente e hiperdemocrática, vox populi, vox Dei. Frente a ello no hay garantía que valga. En este sentido, también presenciamos el nacimiento de la hiperautotela, en que no son ya los particulares, sino que la propia voluntad popular modelada por mecanismos digitales la que quiere tomar la justicia en sus propias manos. La vieja autotutela significaba la amenaza del fuerte contra el débil, mientras que la nueva hiperautotutela supone la suprema amenaza del poder absoluto de la mayoría contra la minoría más débil de todas, esto es, la del individuo.
Hay algo más grave aún. Esta hiperautotutela llevada al extremo pone en duda la existencia misma del Poder Judicial, a menos que este se convierta en su vocero. Si ya todo el país escuchó los audios y vio los videos del caso de Antonia Barra y Martín Pradenas, ¿qué sentido tiene que existan siquiera el tribunal y los intervinientes, el debido proceso o reglas de la sana crítica? Las redes sociales conocen el caso en detalle y han dado su veredicto, no quedando más remedio para los jueces que acatarlo.
De aquí que haya que alabar la corrección y valentía del llamado que hizo la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich “a las juezas y jueces a que cumplan la labor que han asumido y que adopten las decisiones en los términos señalados, y que no cedan ante presiones de ningún tipo, debiendo recordar siempre que al asumir el cargo prestaron juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y las leyes”. Los jueces pueden condenar a Martín Pradenas y, si es cierto que cometió los hechos que se le imputan, ojalá que así lo hagan. Pero es importante que la eventual condena nazca del convencimiento de su culpabilidad y no del temor a las represalias.
Sin embargo, me temo que las palabras de la ministra Chevesich son ingenuas, por mucho que personalmente las comparta. Ya dimensionamos la crisis de legitimidad que sufren nuestras autoridades políticas y nada hace suponer que esta no se extenderá, también, sobre los tribunales de justicia. Si el poder de las redes sociales sigue creciendo, como probablemente lo hará, entonces se requerirá algo más que entereza por parte de nuestros jueces.
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