La cuarentena y el distanciamiento social han afectado de distintas maneras nuestra vida diaria y nos han hecho reflexionar y empatizar con quienes se encuentran más desprotegidos, entre ellos aquellos niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales y que han quedado bajo la “tutela o protección” del Estado. Digo tutela o protección entre comillas porque desde hace años sabemos que muchos de ellos han tenido que enfrentar situaciones de negligencia, abusos e incluso la muerte al interior de organismos pertenecientes al Servicio Nacional de Menores (Sename) o en sus redes de instituciones colaboradoras, las cuales, al igual que el resto de las organizaciones sociales, enfrentan desafíos para lograr mejorar sus condiciones de operación y donde las herramientas de transparencia cobran un rol importante para atraer colaboración externa.
Es así que, en un contexto de continua postergación por casi 30 años, hoy existe una larga discusión sobre cómo hacer más eficaz el rol de cuidado y protección del Estado, el que Chile se comprometió a cumplir al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y que ha sostenido la discusión sobre la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, aprobada en el Congreso y, de forma reciente, con veto presidencial. Sin embargo, esa discusión también dejó ver una serie de críticas, toda vez que se ha afirmado que tal como está este proyecto “no se traducirá en cambios estructurales”, lo que en definitiva significa que el servicio funcionaría de la misma forma que lo ha hecho el Sename. En ese contexto, cabe mencionar, además, que poco se ha hablado sobre la importancia de contar con un sistema de revisión y control continúo respecto del cumplimiento de las normas aplicables en el ámbito de la protección infantil y adolescente, así como cuál sería la mejor metodología para ello.
Al respecto, creo útil incorporar al debate y poner sobre la mesa la oportunidad que presenta la metodología de Compliance o programas de Cumplimiento Normativo a la esfera de la infancia, perfectamente aplicable a organismos del Estado, personas jurídicas sin fines de lucro y muchos de los centros residenciales de la red de colaboradores del Sename.
Hoy, la inexistencia de sanciones de gran envergadura, como lo son aquellas asociadas a la responsabilidad penal de la persona jurídica con un impacto directo y efectivo en el directorio de dichas instituciones, permite que las vulneraciones e ilegalidades ocurridas en los mal llamados “hogares” sean prácticamente impunes. Por ello, creo relevante y oportuno analizar la modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia desde un marco ético y estructurado que contemple la presencia de esta metodología, así como de profesionales o asesores especializados para su implementación, lo cual facilitaría la identificación de riesgos, la planificación de la mitigación de los mismos y el control de la aplicación de normativas, tanto internas como externas, de manera continua, permitiendo a las instituciones comprometerse con los principios y normas que rigen efectivamente la protección infantil, además de promover altos estándares de exigencia con el objetivo de fortalecer las mejoras continuas de dichos organismos.
Este enfoque de prevención y control, que abordaremos próximamente junto a Fundación Pro Bono en un encuentro con la sociedad civil y emprendedores, estoy segura de que podría aportar sustantivamente a robustecer y modelar el sistema e ir rompiendo con tantos años de incapacidad para entregar un entorno de cuidado y protección efectivo e integral a nuestros niños, niñas y adolescentes.
* Leonor Herrera Villarroel es abogada y miembro de Fundación Pro Bono.
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