“Son numerosas las leyes que exigen hacer ciertos trámites ante notario y en el estudio que hemos hecho, que ha procurado ser muy exhaustivo, hemos descubierto varias en las que creemos que no es necesario (...) Nuestro propósito, como lo hemos dicho, al intentar cambiar todo el régimen notarial chileno y, en particular, a través de esta ley para reducir exigencias innecesarias, es facilitarle la vida a la gente”, expresó ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras ingresar al Congreso el proyecto de ley que busca “desnotarizar” una serie de trámites del Estado en 14 ámbitos.

La iniciativa propone cambios a distintos cuerpos legales —la ley de reorganización y liquidación, decretos con fuerza de ley del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Interior, Hacienda, Economía, Obras Públicas, entre otros— “para suprimir o modificar la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones y gestiones”, reseña el mensaje del Ejecutivo.

Por ejemplo: “Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; respecto al permiso de alteración de viviendas económicas”.

O, en la “Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo; respecto a la delegación de facultad del deudor para absolver posiciones en el procedimiento concursal”, consigna el texto.

Lo que en la práctica significaría en estos y otros casos la eliminación de declaraciones juradas ante notario y su reemplazo por declaraciones simples del interesado.

También la supresión del requisito de acompañar copia autorizada ante notario de algunos documentos, así como el reemplazo del instrumento privado firmado ante notario por instrumentos privados simples.

Y, junto con ello, el fin de los trámites de reducción a escritura pública de actos administrativos, tales como resoluciones y decretos, y acuerdos de asambleas societarias que constan en el acta respectiva.

Un problema más en tiempos de pandemia

“Esperamos que el Congreso pueda darle aprobación a esta norma y en particular también al régimen notarial que se quiere cambiar en su totalidad, y que lamentablemente está paralizado en el Senado desde hace ya largos meses. Es importante avanzar en ellos”, dijo el ministro Larraín.

Más ahora, agregó que “hemos evidenciado en tiempos de pandemia las dificultades de la gente por las exigencias de ir ante notarios por trámites en que no es necesario, o que se podrían hacer de una manera no presencial. Las notarías no se han modernizado, y es justo y necesario que lo hagan ya”.

Gobierno pide a sector privado sumarse

Adicionalmente, puntualizó el ministro, “también el sector privado, como el sector bancario financiero, pudieran dejar de exigir que muchos trámites se realicen con autorizaciones notariales que no son necesarias. Hay otros instrumentos de tramitación electrónica o de firma electrónica avanzada que permiten prescindir de ello”.

En el mensaje, que ingresó vía Cámara de Diputados, el ministerio recordó un estudio de mercado sobre notarios presentado por la Fiscalía Nacional Económica en julio de 2018. En él, se identificaron 205 trámites o servicios notariales que son exigidos en virtud de una ley. Asimismo, la Administración del Estado, instituciones privadas y los usos jurídicos, han establecido exigencias adicionales y que no forman parte de los requisitos de los actos jurídicos, que han hecho necesario recurrir a los servicios notariales, consigna el texto.

“La modernización del Estado y el fortalecimiento y masificación de la firma electrónica —advierte el Ejecutivo en la iniciativa— generan un nuevo escenario que facilita la realización de estas diligencias. Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario disminuir los trámites que se realizan ante o por un notario y facilitar así la vida de los ciudadanos, reduciendo la intervención de los notarios en diversos actos y contratos”.

Originalmente la iniciativa que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín 12.092-07), incluía la eliminación de una serie de diligencias que deben ser realizadas ante o por un notario.

El Presidente y el Congreso juntos

Sin embargo, como el proyecto entregaba al Presidente de la República la facultad para que, mediante un decreto con fuerza de ley, determinara cuáles serían los trámites “desnotarizados”, encontró un obstáculo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Fue así que para evitar un “atasco” legislativo de la iniciativa se optó por una decisión conjunta en esta materia: del Ejecutivo y del Congreso, y en un proyecto de ley separado, que es el ingresado ahora.

Hoy el proyecto de ley original o matriz ya fue aprobado en su primer trámite constitucional por la Cámara.

Este tiene por objetivo —según se recuerda en el mensaje actual— “modernizar el sistema notarial y registral chileno estableciendo mayores estándares de transparencia, aumentando la competencia, disminuyendo los niveles de discrecionalidad en los procesos de nombramiento e impulsando la incorporación de tecnología que permita a los usuarios un mayor y fácil acceso a los trámites y servicios, agilizarlos, y disminuir sus costos”.