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María Fernanda Vásquez
La disolución societaria por sentencia judicial: un enclave para la interpretación
"...La amplitud de la causal de disolución obliga al juez o al árbitro a efectuar un examen del comportamiento de los órganos de administración de la sociedad anónima cerrada (directorio, directores, gerente), especialmente en lo que dice relación con la infracción de sus deberes normativos..."
Viernes, 20 de marzo de 2020 a las 11:30 | Actualizado 11:30
María Fernanda Vásquez
El art. 103 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) prescribe que la sociedad anónima se disuelve: 1) por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiere; 2) por reunirse, por un período ininterrumpido que exceda de 10 días, todas las acciones en manos de una sola persona; 3) por acuerdo de junta extraordinaria de accionistas; 4) por revocación de la autorización de existencia, de conformidad con lo que disponga la ley; 5) por sentencia judicial ejecutoriada, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, y 6) por las demás causales contempladas en el estatuto.

El numeral 5 de este precepto debemos leerlo en concordancia con el art. 105 de la referida ley que al respecto dispone: “Las sociedades anónimas a que se refiere el N° 5 del artículo 103 de la presente ley, podrán ser disueltas por sentencia judicial ejecutoriada, cuando accionistas que representen a lo menos un 20% de su capital así lo demandaren, por estimar que existe causa para ello, tales como infracción grave de ley, de reglamento o demás normas que les sean aplicables, que causare perjuicio a los accionistas o a la sociedad; dictación de la resolución de liquidación de la sociedad, administración fraudulenta u otras de igual gravedad.

El tribunal procederá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia
”.

De la sola lectura de este artículo podemos inferir varias cuestiones:

a. Para acceder a esta causal, debe tratarse de una sociedad anónima no sometida a la fiscalización.

b. Los accionistas que demanden esta causal deben representar a lo menos el 20% de su capital, lo que sin duda tiene por objeto evitar demandas temerarias.

c. El juez que puede pronunciarse sobre esta materia podría ser estatal o arbitral, de conformidad a lo dispuesto en el art. 125 LSA. Aún cuando se ha controvertido este punto en relación a la posible inarbitrabilidad de esta materia (sentencia CA de Chillán, 21 de julio de 2015, causa Rol 210-2015), consideramos que esto es erróneo.

d. El tribunal procederá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia, lo que conlleva la necesidad de fallar conforme a las reglas de la sana crítica.

e. La sentencia que se dicte tendrá carácter erga omnes, pues la sociedad se disolverá respecto de todos los socios, hayan o no demandado.

f. La sentencia tendrá, además, carácter constitutivo, pues una vez que queda ejecutoriada la sentencia que declara la disolución se abre el proceso de liquidación de la sociedad anónima.

La claridad de este precepto no es posible asumirla en relación a la causal en sí misma, pues de aquella emergen al menos cuatro interrogantes: ¿Qué tipo de normas pueden ser infringidas para lograr la disolución? ¿Qué debemos entender por “grave”? ¿Qué debemos entender por “perjuicios”? ¿Qué ocurre con el sistema de responsabilidad? Nuestra doctrina y jurisprudencia no es unívoca en la materia, de manera que veremos algunas posibles interpretaciones sobre su contenido y alcance.

Como sabemos, la sociedad es un contrato de especiales características, pues —entre otras cosas— da origen a una persona jurídica diferente de sus asociados (art. 2053 CC). Esto es relevante, pues el derecho de sociedades se erige como un conjunto de cláusulas contractuales que deben o pueden ser asumidas de acuerdo a un tipo societario. En este sentido, una clasificación básica es aquella que distingue entre las sociedades que cotizan en bolsa de valores o en el mercado, lo que conlleva un interés estatal de protección mayor con el fin de resguardar del orden público económico (sociedades anónimas); de aquellas que no lo hacen (responsabilidad limitada, en comanditas y colectivas), lo que trasunta en un menor o mayor grado de autonomía de la voluntad. Ello provoca que las primeras tengan un campo de libertad contractual estrecho, a diferencia de las segundas.

Ahora bien, como todo contrato el de sociedad puede ser nulo o terminarse de acuerdo a lo señalado en la LSA. La extinción de la sociedad presenta ciertas particularidades, pues involucra los intereses de la sociedad, los intereses de sus socios o accionistas y los intereses de terceros al disgregar el vínculo existente entre los socios entre sí y con la sociedad, terminar contratos y otras relaciones jurídicas, permitir la liquidación del haber social y el cobro de créditos, pagar de deudas y dividiendos, entre otros, lo que justifica la necesidad de ciertos requerimientos. En esta línea, la disolución representa la apertura de dicho proceso de terminación, de allí la importancia atribuida a las causales legales y estatutarias de disolución.

Las causales de disolución son los presupuestos jurídicos de la extinción del ente societario. Son variadas las clasificaciones que se han planteado sobre aquellas, así podemos distinguir entre causas legales y voluntarias, dado que los socios pueden introducir causales distintas a las establecidas en la ley, pero aquellas serán válidas siempre que no vulneren las normas de orden público que rigen a la sociedad, de manera que estas podrían agravar, pero no dulcificar o suprimir las primeras. También podemos distinguir, en relación a su eficacia, entre aquellas que producen sus efectos de pleno derecho de las que deben contar con un determinado reconocimiento. Ligado con ello, podemos diferenciar las causales que se configuran por un simple hecho de aquellas que lo hacen en virtud de distintos elementos copulativos. Finalmente, podemos separar las causales generales, en cuanto se aplican a todas las sociedades sin importar su tipo, de aquellas particulares al estar configuradas para un tipo de sociedad en particular.

Dicho ello, lo primero que debemos comprender es que la LSA optó en el art. 105 por un sistema de causal genérica —a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos— al no limitar el tipo de normas que pueden ser vulneradas (Puelma, Puga, Vásquez, entre otros), de modo que la infracción puede ocurrir respecto de leyes civiles, penales, tributarias, previsionales y de cualquier otra índole.

Siguiendo este hilo conductor, consideramos que la gravedad debemos leerla en concordancia con el principio de gradualidad y el fin o interés social. Dado que el contrato de sociedad se configura a partir de tres tipos normas: imperativas, prohibitivas y dispositivas, y los intereses públicos que se protegen predominan las dos primeras en concordancia con la protección del interés social (art. 30 LSA), debiésemos entender que la infracción de estas, al ser obligatorias, siempre debiera ser considerada grave. Las infracciones de otras normas podrían ser consideradas graves si concurren algunas cuestiones adicionales, como su importancia para el funcionamiento de la sociedad, su reiteración en el tiempo y las repecusiones que genera en el interés o fin de la sociedad.

La imposibilidad de desarrollar el interés social puede observarse como un paraguas suficientemente amplio que da cobertura a múltiples infracciones que han de considerarse “graves”. La intelección del interés social no podemos entenderlo solo como la obtención de beneficios a través del ejercicio de una o más actividades económicas, pues la vulneración de aquel puede nacer tanto de ello (fin último), como de la imposibilidad de desarrollar el objeto social en sí mismo (fin medio) a partir del quebrantamiento normativo.

Por su parte, la expresión “perjuicios” también debemos observarla en términos amplios. Ahora bien, si consideramos que toda actuación u omisión que infringe el marco normativo obligatorio que rige a la sociedad provoca un daño en sí mismo, al incumplir los deberes o prohibiciones impuestas debiésemos entender a los perjuicios como una consecuencia natural. A partir de ello, el perjuicio no puede leerse solo en términos económicos, pues de ser así tendríamos que aceptar que el legislador permite que los órganos sociales vulneren normas de orden público y se distraigan de sus obligaciones bajo el pretexto de aumentar las ganancias de la sociedad, lo que es imposible de aceptar. El monto de aquellos no se exige para interponer la acción, de manera que estos habrán de establecerse en juicio.

En la línea que hemos expuesto, la amplitud de la causal de disolución obliga al juez o al árbitro a efectuar un examen del comportamiento de los órganos de administración de la sociedad anónima cerrada (directorio, directores, gerente), especialmente en lo que dice relación con la infracción de sus deberes normativos.

Nuestra jurisprudencia, a pesar de no ser armónica, ha delineado algunas cuestiones en relación a lo que ha de comprender esta infracción:

1. Haber investido simultáneamente los cargos de presidente del directorio y del gerente general de la sociedad (CS, 22 de marzo de 2016, en causa Rol 414-2015).

2. Inadecuadas actuaciones del gerente general y el hecho de que el directorio de la sociedad nada hizo, pues nunca sesionó (sentencia Puerto Aysén, con fecha 21 de marzo de 2011, en causa Rol N° C-21.194-2010).

3. Que en más de una oportunidad el gerente general se negó a la entrega de información requerida por los accionistas e interventor. Que ello demuestra que han existido diversas irregularidades en la sociedad demandada, que han impedido que parte importante de los socios puedan ejercer sus derechos tanto en la administración, que no se ha llevado a cabo por el ente denominado directorio, cuanto en su derecho a fiscalizar la administración y emitir pronunciamiento (sentencia 10° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol 21.194-2010, con fecha 27 de junio de 2012).

4. La comisión de acciones u omisiones deben considerarse como graves si implican un entrabamiento o consecución del fin social. Esta causal de disolución no exige que el perjuicio sea económico, pues el daño también se produce por gestiones fraudulentas o de mala fe (CA Coyhaique, junio de 2011).

5. La infracción puede considerarse grave si incide en la violación de cualquier norma obligatoria para la sociedad o sus administradores, sea que esta se cometa por acción u omisión o mediante la autorización de un acto o hecho ilícito (se consideró especialmente infringido el art. 42 y 44 LSA). Los perjuicios deben establecerse en el juicio y el monto del mismo o la cantidad de accionistas a quienes afecta no constituye una exigencia expresa para deducir la demanda de disolución (CA Apelaciones de Santiago, 3 de noviembre de 2000, causa “Garcés García Huidobro, Mariano con Soc. Com. de Instrumentación Electrónica S.A.”).

6. La falta de información proporcionada al accionista minoritario ha llevado a una situación de abuso de los socios de mayoría que vulnera varias disposiciones legales. Ello amerita, además de disolver la sociedad, perseguir las responsabilidades de que trata el artículo 133 LSA (CS, 27 de agosto de 2002, causa “Sociedad Inversiones Atalaya Ltda. con Sociedad de Instrumentación Electrónica S.A).

7. Se condenó al pago de daño emergente y daño moral, dejando de lado el lucro cesante por no haberse acreditado, pero de haberlo hecho habría sido indemnizado (CS, 9 de noviembre de 2016, Rol N° 27.953-16).

Finalmente, debemos tener presente que no se requiere en la disolución acreditar el elemento volitivo de los infractores (dolo o culpa), sino solo la infracción, lo que implica admitir una regla especial en materia de responsabilidad societaria. En efecto, de acuerdo al 106 de la LSA “se presumen culpables y serán solidariamente responsables de los perjuicios que eventualmente se causaren a los accionistas, los directores y el gerente de una sociedad que haya sido disuelta por sentencia judicial ejecutoriada (…), a menos que constare expresamente su falta de participación o su oposición al o los hechos que han servido de fundamento a la resolución judicial o administrativa”. De aquí nacen nuevas interrogantes que —por su vastedad y complejidad— dejamos reservada para otra oportunidad.
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