A partir de 2013, todas las empresas chilenas tuvieron que realizar la transición a los estándares de contabilidad internacional (IFRS). En dicho proceso de transición, una de las normas que más complejidad supuso fue la conocida NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”, a través de la cual toda sociedad pasaba a verse obligada a testear que el valor real de sus activos fuese igual o mayor al valor reflejado en sus libros. Esta evaluación, conocida como “test de impairment”, se convirtió en uno de los mayores quebraderos de cabeza para las empresas, puesto que requiere la elaboración de proyecciones de flujo de caja relativamente sofisticadas que respalden que el “importe recuperable” a la fecha de evaluación sea superior al valor en libros de dicho activo.

Estas proyecciones financieras se encuentran directamente impactadas por los diferentes factores que la economía chilena está sufriendo en estos momentos: la crisis social, unida al dólar en niveles históricamente altos, junto con el incremento en los costos laborales, entre otros factores.

En este contexto, las empresas chilenas se están enfrentando en estos momentos a la elaboración de sus estados financieros del 31 de diciembre 2019, los cuales se pueden ver impactados de forma muy significativa por la aplicación de los criterios de deterioro de activos establecidos en IFRS. El registro de estas pérdidas es especialmente relevante dado que, en la mayor parte de los casos, la normativa no permite su reverso en caso de una eventual recuperación posterior.

La incertidumbre política, social y económica que está viviendo nuestro país puede, sin duda, impactar negativamente los resultados del test de deterioro, dando lugar al potencial registro de pérdidas que impacten de forma significativa el resultado neto de las empresas chilenas al cierre de este período. Dichas pérdidas pueden llegar a resultar de un monto muy relevante, levantando alarmas en el mercado e impactando negativamente la percepción de los inversores sobre la salud financiera de las empresas chilenas.

La solución para evitar estos indeseados impactos requiere aplicar cuidadosamente el estándar establecido en la normativa IFRS. Todas las empresas están obligadas a analizar la existencia de deterioro en sus operaciones y, en el contexto actual, algunas van a enfrentar los impactos negativos asociados al deterioro de las perspectivas económicas. Por este motivo, cobra más relevancia que nunca que los análisis de deterioro se basen en los fundamentos de cada negocio, tomando una perspectiva a largo plazo que permita aislarse de las turbulencias del corto plazo y, de esta forma, evitar castigos injustificados producto de una visión cortoplacista del negocio.

Únicamente de esta manera será posible evitar un castigo generalizado en los balances de situación de las empresas chilenas derivado de la actual incertidumbre económica.

* Joaquín Pérez García es senior manager de Deals en PwC Chile.