En el marco de la investigación por fraude con recursos de la Ley Reservada del Cobre para el pago de supuestos servicios prestados el Ejército, el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, dictó su primer procesamiento en el caso.
Se trata del cabo 1° Juan Carlos Cruz Valverde y Liliana Francisca Villagrán Vásquez (proveedores de Tecnometal y Frasim), además del coronel en retiro Clovis Alejandro Montero Barra (Frasim) como autores del delito reiterado de fraude al Fisco y falsedad documental. En el caso de Villagrán también ordenó la prisión preventiva, misma medida aplicada a los otros dos encausados, quienes ya se encontraban en el Batallón de la Policía Militar por otro procesamiento dictado en la investigación de la Sexta Fiscalía Militar por fraude al fisco de al menos US$10 millones.
De acuerdo a los antecedentes hasta ahora recopilados por el magistrado en relación a Tecnometal, se estableció que entre septiembre de 2011 y diciembre de 2013 se cobraron 233 facturas por un monto total de $1.389.608.049. Para hacer efectivo estos pagos, “terceras personas forjaban la documentación de respaldo, falseando las firmas de las jefaturas, generándose de esa manera una apariencia de realidad y verdad”.
Además señaló que estas facturas eran ingresadas generalmente por mano, es decir, sin oficios conductores, al Departamento de Planificación Financiera, unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde las recibían determinados "dactilógrafos" o "ejecutivos de cuentas", quienes en la práctica eran los encargados de definir el Decreto Supremo al cual se imputaba el gasto por supuesto servicio o adquisición efectuada al proveedor y de cursar su respectiva tramitación, para luego ser remitidas a la Tesorería del Ejército, la cual, una vez que transfería los fondos a la cuenta corriente del proveedor, “este procedía a retirar de inmediato y siempre en efectivo una parte de esos dineros”.
En el caso de Frasim, Astudillo logró acreditar que entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, el ex coronel Montero solicitó y obtuvo la entrega de 161 facturas por parte de este proveedor, representado por su dueño, Francisco Huincahue Necuñir, pese a que según indica el informe elaborado por la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, durante dicho período esta unidad nunca le efectuó compras o adquisiciones a esa empresa, lo que significó un gasto para el fisco de $981.955.590 por servicios o adquisiciones inexistentes.
Para esto se realizaba el mismo procedimiento de “facturas ideológicamente falsas” utilizado en el caso de Tecnometal, a lo que agrega que en términos globales, una vez cobrado el dinero transferido por Tesorería el proveedor se quedaba con el valor del IVA de lo facturado más un 15% del valor neto de la factura, mientras que el resto de los dineros eran entregados, en efectivo al Coronel del Ejército involucrado.
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