Como es tradición, este 6 de enero asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema el ministro Hugo Dolmestch Urra, quien permanecerá en el cargo hasta 2018, sucediendo así a su par Sergio Muñoz, quien a partir de hoy, aunque de forma momentánea, integrará la Cuarta Sala Laboral del máximo tribunal.
El magistrado fue elegido el pasado 18 de diciembre por el resto del pleno, quienes en forma unánime siguieron otra tradición casi siempre cumplida: que sea el ministro de mayor antigüedad quien asuma la cabeza de la Corte.
En su discurso el magistrado, además de agradecer el nombramiento y recorrer su carrera y orígenes en Parral mediante una serie de anécdotas que sacaron la risa de los asistentes, enfatizó su compromiso para seguir investigando causas de violaciones a los derechos humanos, con las cuales ha estado vinculado en múltiples ocasiones.
También recordó la necesidad de “mantener y respetar a todo trance la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces”, agregando que sin esas certezas es “imposible concebir el funcionamiento y desarrollo de una democracia sana”. En este sentido, los jueces deben respetar la autonomía e independencia de los restantes poderes del Estado, pero en lo interno es su deber “garantizar la imparcialidad”, no correspondiendo con ello “actitudes o manifestaciones previas, prejuiciadas respecto de temas sobre los que habremos de decidir, como tampoco las declaraciones genéricas de carácter ideológico hechas al margen del proceso que, como lo ordena la Constitución y las leyes, siempre ha de ser racional y justo".
Sobre su programa para estos próximos dos años no quiso referirse, explicando que es algo que requiere todavía estudio antes de ser anunciado, lo que aseguró se llevará a cabo en el corto plazo, siguiendo las pretensiones de transparencia perseguidas por el tribunal.
A la ceremonia asistieron, entre otros, la ministra Javiera Blanco, en representación del gobierno; el fiscal nacional (s), Andrés Montes; el presidente del Tribunal constitucional, Carlos Carmona; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el defensor público nacional, Andrés Manhke; los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Patricio Walker y Marco Antonio Núñez, y el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Además, a las 15 horas el recién electo presidente se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet.
Un activismo controlado
De igual forma se refirió, entre otros temas, a las críticas sobre un excesivo activismo judicial, lo que ha llevado a algunos a plantear propuestas como la necesidad de crear un registro de control de las decisiones tomadas. A juicio de Dolmestch, esta situación se ha dado como “consecuencia lógica” de la evolución dispar entre la modernidad y el desarrollo con la legislación positiva.
“Los tribunales han debido hacerse cargo de ciertas temáticas que requieren ser resueltas y que permiten garantizar la protección de los derechos, ampliar las garantías procesales o pronunciarse sobre los excesos cometidos por otros poderes, todo en defensa de los ciudadanos”, dijo y luego agregó que “aquella atribución no es antojadiza o arbitraria, sino que encuentra sustento constitucional y legal en el principio de inexcusabilidad”.
“Un activismo controlado como el de hoy, adecuadamente vinculado con la Constitución y la ley y donde se interpreta el derecho utilizando también los principios jurídicos que lo informan promueve decisiones más justas, razonables y modernas”, finalizó.
El balance
Por su parte, el ministro Sergio Muñoz realizó un resumen de las principales prioridades de su mandato, entre ellas, la implementación de tecnología y tramitación electrónica, la creación de nuevos tribunales, la redistribución de jueces, el lenguaje sencillo para las sentencias y los Consejos de Justicia Ciudadanos.
"Es preciso continuar con el trabajo llevado adelante por todo el Poder Judicial que posibilitó implementar un sistema de detección de necesidades y elaboración de proyectos con cientos de ellos ya ejecutados, otros que se deben ejecutar el presente año y otros que quedan por concretar. Se aumentó en 1.500 personas el número de integrantes del Poder Judicial y se incrementó nuestro presupuesto en casi un 40%", comentó. |
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Egresó de la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción en 1974, después de haberse recibido como profesor normalista, y cuatro años después asumió el cargo de defensor público del Juzgado de Letras de Parral, su ciudad natal. También fue secretario del Juzgado de Letras de Río Bueno y del Juzgado de Letras de Bulnes. Además, fue relator de las cortes de Apelaciones de Chillán y Santiago, además de la Corte Suprema.
En 1995 juró como ministro del tribunal de alzada capitalino y en 2006 fue nombrado ministro del máximo tribunal por la Presidenta Michelle Bachelet, integrando hasta ahora la Sala Penal.
Durante su carrera judicial le correspondió investigar el caso conocido como “Operación Albania” y los procesos que se fueron agregando a esta causa, como los homicidios de José Carrasco Tapia, Gastón Vidaurrazaga, Abraham Muskatblit y Felipe Rivera, en 1986, así como el homicidio del dirigente del MIR Jecar Neghme Cristi, en 1989. También asumió la tramitación del proceso por el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, siendo responsable de solicitar la extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza por este crimen.
En este sentido, entre 2012 y 2014 ejerció el cargo de coordinador nacional de causas de violaciones a los DD.HH., preocupándose, entre otras cosas, de organizar el primer y segundo encuentro de ministros en visita en este tipo de procesos.
En el ámbito académico, ha sido profesor titular de Derecho Procesal en la Academia Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile y profesor de Derecho Procesal Penal en la Escuela Técnica de Investigaciones de Chile.
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