A medida que el gobierno chileno considera la manera de reformar aún más su sistema de justicia penal, los Estados Unidos y California, en particular, proporcionan modelos aptos de qué hacer y, lo más importante, qué no hacer.
Hace una década, el nuevo procedimiento penal en Chile completó la transición desde el modelo inquisitivo a un sistema más contencioso, cuando comenzó a regir el proceso penal reformado en Santiago. Desde que se consolidó esta primera etapa de la reforma legal, el sistema de justicia penal chileno se ha convertido en más justo y transparente, y los derechos civiles han sido mejor protegidos.
La actual ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien ha participado en la implementación y posterior discusión de mejoras de la reforma procesal penal en el país, debe tener en cuenta las reformas a las reglas sobre cumplimiento de penas y otros regímenes de sentencias alternativas, ya que pueden constituirse en ventajas para la reducción de la delincuencia. Es hora de alejarse del modelo de castigo y encarcelamiento, para cambiar el foco hacia la rehabilitación y reinserción.
No es ningún secreto que el modelo de castigo no detiene el crimen. Basta con mirar a Estados Unidos. Según un estudio reciente del Pew Research Center sobre la reincidencia, el 43% de las personas liberadas de prisión en EE.UU. terminan tras las rejas en tres años. Sus cárceles, al igual que en Chile, no son más que escuelas para delincuentes — un lugar donde las nuevas habilidades criminales se aprenden, desde el momento en que no se brinda una verdadera capacitación o rehabilitación— y la lucha contra las drogas se ha llevado a cabo encarcelando a millones de ciudadanos. Gracias a las pautas federales de sentencias obligatorias, la mayoría de las personas encerradas en la compleja industria de las prisiones son, abrumadoramente, negros y latinos. De hecho, cerca de uno de cada 100 adultos está en prisión. Esta tasa de encarcelamiento es, por desgracia, de cinco a diez veces mayor que en Europa Occidental y, más tristemente aún, países como Brasil han optado por seguir a EE.UU. en lo relativo a las pautas de sentencia obligatoria.
Chile no tiene por qué seguir este ejemplo y, en su lugar, podría desarrollar programas para educar a su población carcelaria, fomentando un cambio positivo y proporcionando las habilidades que se necesitan para que los condenados se conviertan en miembros productivos de la sociedad tras su liberación. También se puede aprender de algunas experiencias exitosas, en particular la de California, que se hizo parte de un creciente movimiento nacional que busca fomentar la rehabilitación entre los presos. Se trata de una política a la cual este estado llegó luego de un camino largo y duro —al pasar de más de mil leyes, entre ellas la “Three Strikes and You're Out”, que impone una sentencia de por vida para casi cualquier delito si el acusado tiene dos condenas previas graves o violentas—. Estas normas dieron lugar a la creación del archipiélago por excelencia de las prisiones de California, lo que obligó al Estado a gastar US$9.15 billones en correcciones de adultos, un 9% del presupuesto estatal anual. Además, el costo de las prisiones en ejecución se elevó en un 1.000%, mientras que los servicios de salud mental recibieron un cuarto de esa cantidad y los servicios sociales una quinta parte de la misma.
No transcurrió mucho tiempo hasta que en el año 2006, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró el estado de emergencia, como "una acción inmediata necesaria para evitar la muerte y el daño causado por el grave hacinamiento en las prisiones” de ese estado. Después que las cárceles alcanzaron el 200% de su capacidad, la Corte Suprema de EE.UU. tomó una medida sin precedentes al declarar inconstitucionales las condiciones carcelarias de California, bajo la octava enmienda de la Constitución, la misma que prohíbe los castigos crueles e inhumanos. Así, el Tribunal ordenó al estado liberar a unos 35 mil presos, con lo que la población carcelaria bajó a un 137%. No es ninguna sorpresa que los jueces de primera instancia, frustrados por la naturaleza de puerta giratoria de las cárceles, empezaran a presionar para que tribunales alternativos abordaran algunas de las causas subyacentes de la criminalidad, entre ellas, el uso de drogas, enfermedades mentales y el sufrimiento psicológico de los veteranos de guerra.
De esta forma, cortes de tratamiento de drogas, tribunales de pares y sentencias alternativas están diseñadas para ahorrar dinero al estado, además de reducir la población carcelaria. Al abordar las causas de la conducta criminal en lugar de optar por un modelo de castigo, California podría abandonar la compleja industria de cárceles que habría llevado a la quiebra del estado, mantenido a sus minorías (principalmente hombres) en el sistema durante años, privados de libertad.
En noviembre del año pasado, los votantes de California aprobaron la Proposición 47, la cual impide que el Fiscal de Distrito persiga como delitos graves elegibles para la sentencia de prisión a aquellos relacionados con drogas de bajo nivel. El dinero ahorrado por evitar el encarcelamiento (se estima que son cientos de millones) ahora está siendo invertido en medidas de prevención del crimen, al centrarse en el tratamiento de enfermedades mentales, adicción a las drogas y falta de educación.
Los esfuerzos de ciertas autoridades públicas, así como sectores importantes de la sociedad civil y el apoyo constante del mundo académico por reformar el sistema de las condenas en Chile son dignos de aplauso y apoyo, siendo un desafío aprender de los errores de EE.UU. y el largo camino hacia la recuperación transitado por el estado de California.
Una segunda generación de reformas legales debería fortalecer la administración de justicia en Chile y asegurar que los recursos públicos sean gastados de la manera más eficiente, liberando a la sociedad para que pueda hacer frente con mayor eficacia al flagelo de la drogadicción.
* James Cooper y Ruth Hargrove son profesores de California Western School of Law en San Diego. Cooper dirige el Proyecto ACCESO y ha asistido a Chile en materias relativas a la reforma legal desde 1998, mientras que Hargrove fue fiscal en California.
|