Este mes, la revista The National Jurist publicó su ya clásica lista sobre las personas más influyentes en la educación legal en Estados Unidos. Ubicado en el puesto 19 de los 25 rankeados se lee el nombre del chileno Claudio Grossman, decano de la Escuela de Derecho de la American University desde 1995.
Definido por la publicación como una “anomalía”, al ser el tercer académico de los 15 que llevan más de una década en el cargo en todo Estados Unidos, el abogado titulado de la Universidad de Chile tiene varias cosas que decir sobre la educación de los futuros abogados en el mundo.
Un conocimiento que demostrará este jueves cuando integre el jurado que elegirá al equipo ganador de la fase chilena del concurso “Philip C. Jessup International Law Noot Court” (Jessup), evento organizado en nuestro país por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, y en EE.UU. por la International Law Students Association (ILSA). Se trata de una competencia de debates en inglés para estudiantes de derecho, quienes deben defender un caso hipotético ante un tribunal que recrea la Corte Internacional de Justicia.
En conversación con El Mercurio Legal, el presidente de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, además de coagente de Chile ante La Haya en el caso con Bolivia, tema sobre el cual mantiene estricta reserva, se refirió acerca de su experiencia en una universidad anglosajona destacada, entre otras áreas, por su programa de derecho internacional y su alumnado con altos grados de diversidad. “Estamos entre los primeros con el mayor número de hispanos en un área que no es hispana”, como es Washington.
Sobre su relación con Jessup —donde los competidores deben defender un caso hipotético ante un tribunal que recrea la Corte Internacional de Justicia—, cuenta que aunque es la primera vez que participa en la fase chilena del encuentro, no es su primera vez en el concurso mismo.
Antes de convertirse en decano, “cuando tenía más tiempo”, confiesa, fue asesor de varios equipos, incluido uno de la Universidad de Utrecht, Holanda, donde era profesor en esa época y con los cuales salió segundo a nivel mundial. A eso se suma su posterior experiencia como juez, habiéndose sido juez de la final internacional hace dos años.
— ¿Cuál es la importancia para la educación legal de una competencia como Jessup?
— Son instancias muy valiosas porque entregan la oportunidad de ver cosas desde distintos puntos de vista que son necesarias para los abogados en la profesión y que no son siempre abordadas en clases, como estrategias de juicios, presentación de narrativas alternativas o capacidad de responder rápidamente preguntas de los jueces y de confrontar a otros equipos. A eso se suma que permite la utilización y el desarrollo del inglés, esencial en todo tipo de materias, como contratos internacionales o derechos humanos, por nombrar algunos.
También desarrolla la capacidad de investigar desde el punto de vista de un abogado, que no es una investigación neutra, ya que uno siempre tiene un cliente al que trata de defender, además de poner esa investigación en una argumentación que tiene que satisfacer ciertos criterios que normalmente no son los mismos que se utilizan en las escuelas de derecho. Son formas distintas de darle sentido a un texto.
— ¿Cómo evalúa la participación de los equipos latinoamericanos y chilenos en esta competencia, considerando la dificultad extra de ser realizada en inglés?
— En general, creo que se ha hecho un buen papel, aunque obviamente con algunas dificultades. Por ejemplo, muchas de estas competencias tienen un gran contenido de la tradición de derecho común, o sea, de dictar jurisprudencia, con mayor presencia de oralidad en algunos casos. También el tema del idioma hace más difícil la participación de la gente de América Latina. Pero uno ha visto avances, como el mismo concurso que se hace en Chile para el Jessup, que crea una instancia previa de entrenamiento y selección.
Ahora el gran desafío es no hacer que estas competencias sean cosas que estén en el margen de la educación jurídica, sino que se debe tratar de abrir esta posibilidad a todos y eso implica no sólo la participación en el Jessup, sino también en otras competencias. Aquí en Estados Unidos hay decenas de ellas, mi escuela, por ejemplo, tiene una en la que participan todos los años alumnos latinoamericanos y chilenos. Lo fundamental es hacer de estas instancias una parte esencial de la educación jurídica, porque el sistema requiere la formación de abogados bien entrenados.
Y como no todos pueden hablar inglés o no todos tienen recursos para enviar gente al extranjero, esta es una cosa que hay que emular en los distintos países.
Los debates nacionales
— ¿Cuál es su visión respecto de la implementación de la oralidad en las universidades chilenas?
— Los estudiantes tienen que saber hablar y escribir, eso es fundamental, y en este sentido, la introducción de las pruebas por escrito años atrás en Chile fue una medida educacional adecuada. Cuando yo estudié allá los cursos duraban un año y eran todos exámenes orales, donde algunas eran interrogaciones de un minuto y otras de media hora, por lo que había, además de un problema de confidencialidad, críticas respecto de preferencias. En Estados Unidos todos los exámenes son escritos, pero se da un porcentaje de participación y asistencia a las clases, por lo que son cursos muy activos. Sin embargo, el tema no es oralidad o escritura confrontadas una con otra, porque esos son instrumentos de medición de conocimiento y hay un espacio para ambos. Aquí, por ejemplo, tenemos clases de retórica legal, algo que en Chile ha ido avanzando en los últimos años.
Una cosa importante en todo esto es entender que la tecnología va a cambiar las cosas. Todo lo que pueda ser cambiado por un computador va a ser reemplazado, si uno tiene una clase conferencia en que los alumnos están sentados escuchando, ¿para qué tienen que ir a clases y para qué tiene que haber un local donde se pagan gastos? Este tipo de clases, en que los alumnos se limitan a escuchar, va a ser reemplazado por computadores, por lo que el único sentido de la educación con presencia es que sean clases participativas, donde se discutan temas y se vean distintas posiciones, pero todo lo que sea para memorizar y repetir información puede ser hecho on line. La idea no es preguntarles cosas a los alumnos y que respondan de memoria, sino empujar las fronteras del conocimiento y plantear temas en que no hay respuestas fijas que, además, es el verdadero rol de la universidad.
— ¿Cree que se ha avanzado en Chile en esto de tener clases más participativas?
— Si, creo que han habido avances. La introducción de clínicas jurídicas permitió tener clientes en la vida real que plantean situaciones legales, lo que genera estudiantes más inquisitivos. Sin embargo, aún quedan grandes desafíos y transformaciones necesarios de impulsar.
— ¿Cuáles son esos desafíos y transformaciones?
— Todavía hay un déficit en la enseñanza de las destrezas que deben tener los abogados en el ejercicio de la profesión, como escritura jurídica, estrategia jurídica, conocimiento de idiomas extranjeros, por mencionar algunos. Creo que también hay un déficit en plantear las alternativas éticas que se presentan en las elecciones que tienen que hacer los abogados, los conflictos de intereses, por ejemplo, eso es algo muy importante y donde todavía hay cosas que se pueden desarrollar.
Otro tema es la globalización, porque ésta cuestiona el hecho de que haya asuntos exclusivamente nacionales e internacionales. Muchas cosas tienen que ver hoy con esta relación del mundo con lo interno, porque uno ve en temas de familia, criminalidad, inmigración, policía, aduanas, comercio internacional, paz y seguridad, por ejemplo, que tienen cada vez mayor interconexión. Aunque los currículos de las escuelas de derecho han respondido a eso, me parece que hay un proceso que hay que seguir impulsando.
— En Estados Unidos existe el examen de habilitación para los abogados y en Chile está ese debate, ¿cuál es su opinión al respecto?
— Soy dubitativo de indicarle desde aquí a los colegas cuál es la solución, pero lo que sí puedo hacer es decir cuáles fueron los beneficios de este examen en Estados Unidos.
Con la multiplicidad de escuelas de derecho que hay acá, son algo así como 200 acreditadas por el American Bar Association, además de otras que no lo están, la existencia de una evaluación única permite presentar a la sociedad claramente quién es abogado, no importando dónde haya estudiado. De alguna manera, el examen satisface a quienes no provienen de las escuelas de derecho nacionales o más reconocidas, porque permite decir 'todos somos abogados' y genera un sentido de unidad de la profesión.
Aquí también hay debates respecto de la evaluación, porque siempre hay un proceso de discusión de cómo hacer las cosas mejor, pero si a mí me preguntan, encuentro muy valiosa esta idea de que independiente del lugar donde estudió una determinada persona, al aprobar el examen se genera un sentido unificador que fortalece el estado de derecho y entrega un nivel de calidad estándar para todos.
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— ¿Cuál es el sello de la Escuela de Derecho de la American University?
— En el ambiente actual de Estados Unidos, es importante tener algunas áreas de excelencia fundamentales y nuestra escuela se ubica entre las 10 mejores del país en tres programas en particular: clínica jurídica, derecho internacional y propiedad intelectual.
Tenemos 10 clínicas jurídicas, con materias que van desde impuestos, desarrollo económico comunitario, derechos humanos, discapacitados, inmigración, derecho de la mujer, derecho civil y derecho penal, por nombrar algunos, así como en el programa de derecho internacional nos preocupamos de todo el abanico, desde derechos humanos hasta arbitraje comercial internacional.
La escuela también es famosa por su diversidad. El 40% de nuestros estudiantes provienen de minorías y siempre estamos entre los primeros con el mayor número de alumnos hispanos en un área que no es hispana. Además, en nuestros programas de máster tenemos 200 o más abogados extranjeros, siendo el tamaño de la escuela de cerca de 1.600 alumnos.
br>La educación no sólo tiene que ver con lo académico sino también con la relación que hay con la comunidad, por eso, uno de nuestros objetivos estratégicos es destruir las barreras artificiales que separan a la gente y las naciones, y eso ha inspirado nuestra política en diversidad, o sea tener, estudiantes de distintas realidades étnicas o sociales. Una consecuencia de eso es que somos una de las pocas escuelas en Estados Unidos que no sólo tiene becas al mérito, sino también de necesidades o ayuda, porque hay muchos estudios que demuestran que hay personas que no lo hacen bien en pruebas estándar, por temas de lenguaje u orígenes, pero que tienen una gran capacidad de desarrollo.
— Abogados y profesores de derecho en Chile tienden a seguir las doctrinas jurídicas de España, Francia o Alemania. En las últimas décadas, sin embargo, aquellos que realizan un LL.M. en Estados Unidos o Gran Bretaña ha aumentado. ¿Cree que es un aporte especializarse en un sistema tan ajeno al propio?
— Es esencial, porque permite ver cosas que antes uno consideraba naturales y, por lo tanto, no se preguntaba, amplía el campo de visión desde el punto de vista jurídico y de la vida. Sin embargo, eso no sólo se aplica de allá para acá, del sistema continental al common law, sino también al revés. Por eso nosotros tenemos hace muchos años relación con países como Chile, Argentina o Francia, contamos con más de 60 programas en el exterior. Es muy importante que la gente que está aquí también sea expuesta a la tradición de derecho civil, porque eso enriquece.
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