En enero, la Escuela de Derecho la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, impartió un curso de actualización en derecho penal y procesal penal, que incluyó una clase sobre los principales problemas de la Ley 20.000, a cargo de Jean Pierre Matus, profesor de la U. de Chile.

Quisimos saber cuál es su diagnóstico y contrastarlo con el análisis de algún penalista destacado. Elegimos a Juan Pablo Hermosilla. Aquí, las opiniones personales de ambos.

Para Matus, el primer problema que tiene la norma tiene que ver con el tratamiento que se va a dar en definitiva a la marihuana o cannabis sativa, y lo aborda desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es que, para él, el problema muho mayor es el tráfico de drogas duras y, por ende, la discusión pública sobre la legalización de la marihuana está errada, porque ello no reduciría ni eliminaría el tráfico de cocaína, heroína, derivados del opio ni drogas sintéticas.

Los problemas serían de índole técnica, de cómo se la hace más efectiva respecto de la persecución y sanción de delitos relativos a las drogas que causan daño a la salud de manera importante.

Juan Pablo Hermosilla complementa esa visión: “Creo que además hay que reforzar la tendencia a nivel internacional, que es que el tráfico de drogas blandas se castiga en forma más benigna que el tráfico de drogas duras”.

La igualación de estatus de la cannabis con las demás drogas se produjo por reglamento (modificación de 2007), pero trajo una consecuencia indeseada: la reacción de los jueces. Matus explica que los tribunales tienden a ser muy laxos en el tratamiento del micro tráfico relacionado con la marihuana y las “pequeñas cantidades” pueden ser hasta un kilo, pues “efectivamente la marihuana y las drogas duras no son lo mismo y los daños que producen a la salud, si es que los producen, son mucho menos severos que los de las drogas que generan en una adicción rápida, poca tolerancia, e incluso derivan en enfermedades, además de una degeneración del individuo, en el sentido de que pierde libertad”.

Consumo y uso recreativo

Disienten los abogados consultados en cuanto al consumo. Jean Pierre Matus sostiene que en Chile está aprobado el uso recreativo de la marihuana, pero de la cocaína también, porque se puede consumir cualquier droga en toda circunstancia, salvo que sea en público o en privado, concertándose para ello, “cosa que no sucede en casi ninguna parte del mundo”.

Por su parte, Juan Pablo Hermosilla dice que hoy, a partir de lo dispuesto en los artículos 4° y 50° de la Ley 20.000, en la práctica se sanciona con bastante energía el consumo de droga. “Eso me parece que no es aceptable, no es constitucional y no tiene ninguna justificación cuando se trata de adultos. Por lo tanto, debería suprimirse el castigo al consumo”.

Los cambios necesarios

Para Matus, si se quiere atacar el tráfico en serio, tienen que hacerse no en atención a las pequeñas cantidades, sino a la calidad de la sustancia. “Y decir cuando están prohibidas y cuándo están permitidas; y las prohibidas deben estar prohibidas para todos, incluso los consumidores: no se puede consumir sin comprar; no se está atacando todo el ciclo del mercado”, afirma.

Y da un ejemplo: “Es como si uno dijera ‘está prohibido vender objetos robados, pero sí está permitido comprarlos”.

El crimen organizado se basa es que la oferta es muy limitada y controlada, con multiplicidad de la demanda; sustancias como la cocaína y la heroína son de difícil producción, sólo se  producen en algunas partes del globo terráqueo, lo que no pasa con la marihuana, que es de muy fácil cultivo.

Hermosilla, en tanto, opina que se ha ido produciendo una masa crítica clara en torno a que es necesario revisar la ley y ajustarla a criterios democráticos y eficientes. “Hoy está funcionando mal, tiene un funcionamiento arbitrario, depende de la zona del país los criterios jurisdiccionales que se aplican y ha ido produciendo una desigualdad en el tratamiento de situaciones equivalentes, que es muy inconveniente y que producen una afectación del Estado de Derecho”.

Pero en su análisis va más allá de una mirada desde el punto de vista dogmático: “Es el momento de repasar la política criminal de fondo — tal como se ha hecho en Colombia, en Brasil, en México y gran parte de Estados Unidos— de si es legítimo que el Estado para enfrentar estos problemas de salud pública, recurra a herramientas penales”.

Advierte que las experiencias en esos países y en Centroamérica parecen mostrar que la “guerra contra las drogas” produce más costos que beneficios y que “es necesario sentarse tranquilamente a pensar modelos alternativos”.