El libro deriva de la memoria de grado de la abogada de la universidad Católica de Valparaíso, Alejandra Retamal Pina. En su prólogo el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz trata varios aspectos de la responsabilidad extracontractual. Entre ellos destaca la responsabilidad el Estado, que estima que no se rige por el derecho privado, por cuanto es de la esencia de esta rama del derecho, la igualdad de las partes, supuesto que —a su juicio— está ausente en la responsabilidad extracontractual.
En los dos primeros capítulos se abordan las distintas clases de daño moral, recurriendo al derecho comparado. También analiza la evolución de jurisprudencia chilena. Así, la autora se refiere a la primera etapa de la jurisprudencia, en que no se reconoce el daño moral; la segunda etapa, en que se reconoce el daño moral, pero sólo en la responsabilidad extracontractual; y la actual, en la que se acepta la responsabilidad contractual. En esta última parte faltan algunos matices, por cuanto los tribunales aún, en algunas sentencias, rechazan el daño moral en la responsabilidad contractual.
Asimismo, el texto se refiere a la reparación del daño causado —y como es natural— recurre al principio de la reparación integral del daño. La autora hace una interesante relación entre el cumplimiento “in natura”, en la responsabilidad “aquiliana”, y el cumplimiento por equivalencia. Pina, destaca el mero rol satisfactorio de la indemnización de perjuicios, ante la imposibilidad de volver al estado anterior, y reconoce la dificultad en la apreciación del “quantum”, desde que no existe un mercado que pueda directa o indirectamente determinar el valor de aspectos como la vida, integridad del ser humano o los derechos de la personalidad.
El capítulo segundo es, sin lugar a dudas, la parte fundamental del libro. Antes de analizar dichos criterios, Retamal se refiere a la ley Auge (Nº 19.966), que establece algunos cánones para determinar el quantum indemnizatorio del daño moral. A continuación, la autora se refiere a la doctrina chilena más relevante en la determinación del quantum, como Barrientos Zamorano, Corral Talciani, Domínguez Hidalgo, entre otros. Dicha doctrina le sirve para sistematizar los criterios para determinarlo como: las circunstancias personales de la víctima, las facultades de la víctima y del ofensor, el grado cultural del hechor y de la víctima, el grado de cercanía o de relación afectiva que el actor tenía con ella, entre otras.
La autora nos señala que la determinación del monto indemnizable es una verdadera lotería. Esta idea de la lotería en la resolución de conflictos viene dada fundamentalmente por estudios empíricos realizados en los países del common law (por ejemplo: Atiyah, The Damages Lottery, 1997) y es recogido en el análisis por la doctrina chilena, haciendo referencias al profesor Hernán Corral.
La autora, asimismo, aplica los tres criterios de evaluación planteados por el autor trasandino Ghersi (edad de la víctima, situación económica de la víctima e intensidad o gravedad del daño), sólo a los casos en que el daño moral sea provocado por un daño material, como el proveniente de daños de construcción con productos defectuosos; concluyendo que el daño moral, recaído en la afectación de intereses inmateriales no queda enterado a la devolución de parte de la alegría de vivir. En este sentido la autora señala que “la pérdida sufrida probablemente no se olvidará jamás”.
Retamal se refiere a las cortes que han otorgado una mayor cantidad de sentencias condenatorias por daño moral. En primer lugar estarían las cortes de Santiago y Concepción, y en segundo, la de Valparaíso y Antofagasta. Agrega que la diversidad de montos, se debe a que su fijación es privativa de estos tribunales y que la Corte Suprema, sólo excepcionalmente, altera los fallos recurridos de casación (salvo violación de las reglas que regulan la prueba).
La muerte, por funcionarios y agentes, por ejemplo va desde 707,001 UF a 7.872,58 UF; en cambio, la responsabilidad por mal estado de carreteras fluctúa entre 616,09 UF y 1.325,85 UF. Sin perjuicio de lo señalado por Retamal, esta diferencia de montos, aunque sorprende, podría justificarse en que en los casos de responsabilidad de agentes y funcionarios, los matices presentes en los diversos supuestos, pueden hacer una gran diferencia. En cambio, los accidentes de carretera son bastante homogéneos.
En el capítulo tercero se efectúa un estudio de sentencias muy atractivo, por cuanto, se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado por el mal estado de las vías públicas y/o inadecuada señalización, en su actividad médica, por el hecho de sus funcionarios o agentes, por otras faltas de servicio y responsabilidad por la privación o perturbación a bienes materiales. El análisis se hace mediante fichas resumidas, sumas de las sentencias y breve señalamiento de las principales consideraciones del fallo, lo que permite una lectura rápida y amena.
El libro es un claro aporte para abogados, litigantes, jueces y estudiosos del derecho, en torno a los distintos criterios para determinar el quantum indemnizatorio del daño moral. Para estos últimos, es un material muy útil para averiguar cuáles son los aspectos que consideran los jueces para conceder una evaluación más alta por daño moral.
* Rodrigo Barcia Lehmann, es abogado, doctor y actualmente profesor de Derecho Civil de la Universidad Finis Terrae.
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