El caso comenzó en 2003 con una investigación administrativa del Consejo de Defensa del Estado. Cuatro años después, algunos integrantes de la familia Mazza—que manejaban las casas de cambio Turismo Costa Brava y Andino Ocho—eran detenidos por su presunta participación en una organización que lavó más de US$ 280 millones. Hoy la causa está en plenario y es uno de los cerca de cinco mil procesos que tramita el 34° Juzgado del Crimen: El último tribunal del antiguo sistema penal que queda en Santiago.

Hubo 36, pero con la llegada de la reforma procesal penal, en junio de 2005, comenzaron a ser reemplazados por los tribunales de garantía y orales. Originalmente, la ley que puso en marcha el nuevo sistema determinaba que, dos años después de su entrada en vigencia, debía quedar sólo un juzgado del Crimen. Meses antes del plazo fatal, el Poder Judicial advirtió que el gran número de causas que entonces se tramitaban —cerca de 21 mil— hacían imposible cumplir con ese cronograma.

El mismo mes que cerrarían 17 de los 18 juzgados pares que seguían abiertos, una modificación legal permitió que al menos seis tribunales continuaran funcionando. En 2009, una nueva prórroga posibilitó que, hasta el año pasado, en el edificio de calle Pedro Montt 1853 convivieran el 10° y 34° tribunal del Crimen. Hoy, sólo uno de ellos ocupa estas dependencias y es el “heredero” de todas las causas que tramitaban los 35 restantes.

Y es que el tamaño del tribunal hizo necesario separar funciones. Al 26 de octubre último, tenían 5.060 causas pendientes. De ellas, 397 se encuentran en estado sumario, 804 en plenario, 667 con fallo pendiente, 78 en unificación de pena y 200 son de la unidad de cumplimiento incidental, pero las más numerosas son las solicitudes de prescripción, que bordean las 3 mil, dice la jueza Toro.

Por ello —y para sortear el retraso en el desarchivo— un acuerdo de la Corte de Apelaciones autorizó al tribunal a formar cuadernillos en el caso de las prescripciones, con los datos mínimos necesarios, para poder emitir el pronunciamiento y avanzar más rápido, agrega.

El juzgado ocupa tres pisos y cuenta con cerca de 90 funcionarios, que trabajan en las distintas las unidades: la administrativa (31), de sumario, de plenario (con y sin fallo), de causas pendientes para fallo, de unificación de pena, reconocimiento de abono y aplicación de la ley 20.000, de cumplimiento incidental y reconstitución de expedientes, de prescripciones, de atención de detenidos (59).

En San Miguel

En el 8° Juzgado de San Miguel el espacio físico es menor y el flujo de personas también, pero tiene algunas similitudes con Santiago. El volumen de causas era tal cuando comenzó a operar la reforma que tampoco fue posible hacer el traspaso a un juzgado civil y debió seguir abierto en la calle Ureta Cox 855, a un costado de la cárcel.

Este tribunal sólo ocupa el tercer piso del edificio, aunque absorbió las causas de los 11 juzgados del crimen de San Miguel y del 2° del Crimen de Puente Alto que, a su vez, era el sucesor del 1° del Crimen de esa misma comuna.

Hoy tiene 1.169 causas pendientes, de ellas 266 están en estado sumario, 236 en plenario y 667 son de cumplimiento. Pero aún cuando las cifras han bajado —advierte— el número de causas pendientes por desarchivo alcanzan las 3.058 y “esas causas son potencialmente procesos que se van a tramitar, algunas se pueden terminar el mismo día, pero (hay) otras donde se van a reabrir los procesos”, comenta.

Y esa es una de las razones por las que nadie piensa en un cierre inminente. El magistrado cree que su tribunal seguirá funcionando, al menos, hasta 2012. “Se va viendo estadísticamente cuántas causas quedan, las cortes de apelaciones van decidiendo si proponer o no la continuación de un año más”, dice. La misma convicción tiene la jueza Toro: la cantidad de causas hace parecer imposible un cierre a fin de este año.

La elevada cantidad de nuevos ingresos —estiman— hacen difícil, por ahora, un traspaso al juzgado civil más antiguo de cada comuna, como se hizo en regiones.

Su par de San Miguel, complementa: están también aquellas personas arrestadas por órdenes de detención pendientes, que hacen que las causas se desarchiven y vuelvan nuevamente a tramitarse en sumario y las múltiples solicitudes de abogados (de unificación de penas, de abono de pena, de aplicación de la ley 20.000, por ejemplo)

Con todo, a juicio de Larré “el número de causas puede disminuir sustancialmente, pero van a pasar muchos años para que se terminen las causas del crimen. Si no perdura este tribunal lo va a ver un continuador que, probablemente, va a ser uno civil, pero siempre alguien va a tener que conocer de estas causas, básicamente, por las órdenes de detención pendientes”. 

En el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial comparten, de cierta manera, las opiniones. A su juicio, dado el volumen de trabajo no está previsto, en el corto plazo, el cierre de estos tribunales.