La Contraloría General de la República (CGR) ordenó un procedimiento para determinar las responsabilidades administrativas por faltas cometidas por el Instituto Nacional de Deportes (IND), relacionadas al no cobro de multas a la empresa Import Export Harthey.

En 2020, dicho proveedor incumplió un contrato con el IND y sobrepasó en 49 días el plazo acordado para la entrega de productos pagados por la entidad estatal, por lo que correspondía cursar $5 millones en multas que jamás fueron cobrados.

En el informe emanado el pasado 27 de diciembre, la CGR sugiere también incluir en el sumario administrativo otras irregularidades detectadas. Es el caso de la contratación de manera directa, sin el proceso de licitación previo que exige la ley, de “servicios de consultoría estudio de priorización de inversión en infraestructura deportiva”.

El IND pagó $166 millones a Allard Asociados SPA, estudio encabezado por el urbanista Pablo Allard, quien fuera encargado del plan de reconstrucción posterremoto de 2010 por el primer gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo a la CGR, no se cumplieron las causales que establece la norma para visar un trato directo (como la inexistencia de otras empresas que presten los mismos servicios), lo que fue reconocido por el Instituto.

Otra observación formulada por la CGR apunta a la adjudicación de la vigilancia del Estadio Nacional a la empresa JCA Security, a la que se pagaron 234 millones entre marzo y diciembre de 2020, pese a que no hubo licitación y ni siquiera se firmaron oportunamente los contratos. El IND le respondió a la CGR que se instruyó un sumario interno apenas fue notada la irregularidad, pero la Contraloría hizo notar que transcurrido más de un año no ha habido resultado alguno de ese proceso.

La auditoria se suma a otros informes realizados por la CGR, en que objeta los sobrecostos de las nuevas canchas de hockey césped del Estadio Nacional, así como una serie de infracciones administrativas, como la desaparición de 735 metros de rejas que fueron retiradas en el principal recinto deportivo del país, lo que también generó un sumario para determinar responsabilidades.

A través de un cuestionario escrito, el Instituto Nacional de Deportes entregó su versión oficial sobre la materia.

“Esta situación se encuentra en investigación para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, y respecto al pago de la multa, esta se hará efectiva próximamente por parte de la empresa al Instituto Nacional del Deporte”.

“En el contexto de los hechos derivados del estallido social ocurrido en 2019, la seguridad de los deportistas del Team Chile y de la infraestructura se vio severamente afectada, lo cual estableció la urgencia de contar con personal especializado que brindara la protección necesaria al recinto y permitiera enfrentar de forma efectiva los intentos de toma de dependencias, amenazas a los usuarios y destrucción de la propiedad pública”.

“Sin perjuicio de los plazos que establece el estatuto administrativo, la propia Contraloría General de la República ha señalado reiteradamente que la extensión de dichos plazos no afecta el correcto resultado del sumario. Por lo tanto, si bien se ha instruido la agilización del proceso, este debe ser acucioso, justo y completo”.

“El mapeo de la totalidad de la infraestructura pública y privada en todo el territorio nacional es clave para el desarrollo deportivo del país. Es en este contexto que se contrata a dicha empresa por ser el único oferente que cuenta con la tecnología necesaria para realizar este levantamiento informativo”.

“El resultado de los controles internos surgieron incluso antes de los fallos de la Contraloría General de la República. La voluntad institucional siempre ha sido velar por la máxima transparencia en la ejecución de cualquier proceso administrativo, y ese lineamiento se ha mantenido durante toda la gestión de las actuales autoridades a cargo del IND”.