Siguen los coletazos por el escándalo desatado por las hinchadas de Colo Colo y Universidad Católica en la Supercopa disputada este domingo en Concepción.

Los destrozos en el recinto ascienden a casi nueve millones de pesos, producto de 120 butacas destruidas, cinco vidrios perimetrales rotos, dos tapas de agua lluvia destrozadas y quemaduras en la pista atlética por el uso de fuegos artificiales, según detalló el balance realizado por la municipalidad penquista, que administra el recinto.

Carabineros detuvo a 22 personas por diferentes delitos, cuatro de los cuales pasaron a control de detención este lunes, mientras que el resto quedó en libertad.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables por los destrozos en el estadio: “Más allá de los daños materiales, nos afectan las imágenes de niños corriendo, con el temor de que les pudiera explotar un fuego artificial en la cara, viendo cómo se tiraban palos, piedras, etcétera”, lamentó.

El edil, asimismo, puso en duda la posibilidad de seguir arrendando el estadio para futuros partidos de este tipo (ya se han jugado tres Supercopas en la capital regional), luego de lo vivido el domingo.

“Concepción siempre ha recibido con los brazos abiertos este tipo de espectáculos, nunca habíamos tenido inconvenientes, pero ahora, como ya le dije al presidente de la ANFP Pablo Milad, vamos a tener que analizar estas peticiones o quizás cambiar las condiciones del contrato”, admitió Ortiz.

La ANFP, organizadora del evento y arrendataria eventual, dejó una boleta en garantía por 100 UTM (unos $5,4 millones), además de contar con seguros para este tipo de hechos.

En Quilín, precisamente, aseguran que están analizando “todas las posibilidades” en relación con sanciones y querellas luego de los incidentes. De igual modo, revelan que plantearán nuevas ideas a Estadio Seguro para fortalecer el trabajo que hace en conjunto.

En tanto, desde la repartición gubernamental confirman que se abrirá un expediente en contra de la ANFP por eventuales incumplimientos del protocolo de seguridad del partido, amén de asegurar que falta gestión de capacitación en los guardias y mayor control en las llamadas barras bravas.

Asimismo, la delegación regional (exIntendencia) se sumará a las querellas en contra de los detenidos que pasaron a control de detención, a quienes se les aplicará derecho de admisión a los estadios. Por otro lado, Estadio Seguro le pedirá a la ANFP que aquellos detenidos que quedaron libres este lunes también sean incorporados a la lista de quienes no pueden acceder más a los recintos deportivos.

En Universidad Católica, en tanto, fueron enfáticos. “Es fundamental dar con la identidad de los responsables de estos actos de total violencia que no solo arriesgaron el desarrollo del juego, más grave aún, pusieron en riesgo la integridad de hinchas que solo acudieron a disfrutar de un partido de fútbol”, se lee en un comunicado emitido por Cruzados.

La institución, además, exige que los responsables “nunca más vuelvan a entrar a un estadio de fútbol”.

Colo Colo, a su vez, está recopilando los antecedentes para derivarlos a su área jurídica, que definirá los pasos a seguir en los próximos días.

Ambos clubes arriesgan sanciones que podría determinar el Tribunal de Disciplina, tanto económicas como para sus barras. Los albos ya tienen un castigo de cuatro partidos sin poder llevar público como forasteros por los incidentes de la última fecha del torneo pasado, ante Antofagasta.