Señor Director:

Por estos días el caso Sartor acapara titulares en todos los medios; sin embargo, hay un punto que ha estado invisible en la agenda de los medios y en el debate: el fisco puede terminar siendo el gran ganador, en detrimento de las víctimas.

¿A qué se debe esto? En noviembre de 2025, la CMF aplicó sanciones por un total de 367.500 UF a los exdirectores de Sartor AGF y a su ex gerente general, dinero que llegará al fisco y que puede que se cobre antes de que las víctimas puedan obtener una indemnización.

No solo eso. Como señala el abogado René Fuchslocher, en una columna publicada en LinkedIn, “el artículo 470 N°11 del Código Penal, que agrava la pena cuando se administra el patrimonio de una sociedad anónima especial —condición que una AGF tiene por mandato legal—, contempla además una multa de entre el 50% y el 100% de lo defraudado”.

Entonces, ¿qué resarcimiento pueden esperar las víctimas mediante acciones civiles si el fisco puede terminar vaciando las arcas de los acusados antes de que ellas sean indemnizadas?

El abogado Fuchslocher indica que hay un modelo que facilita castigar conductas ilícitas, sin perjudicar a las víctimas: el Fair Fund de Estados Unidos, que permite que las multas impuestas por el regulador se destinen a compensar a los inversionistas afectados.

La sanción de los responsables es indispensable. Sin embargo, cabe preguntarse si el diseño actual protege adecuadamente el derecho de las víctimas a ser reparadas.

¿Y si aprovechamos este caso para legislar y proteger realmente a las víctimas?

Víctima del caso Sartor