Son pocos los países con economías superiores en desarrollo a las de sus vecinos que no registren presiones migratorias. India y Sudáfrica en estos días lo están padeciendo, como Chile y muchos otros lo continúan experimentando. Con todo, la reciente crisis migratoria en España trasciende a sus fronteras y presenta dimensiones y repercusiones particulares.

La crisis surgió la semana pasada por el sorpresivo ingreso de sobre setenta mil marroquíes a Ceuta, enclave español en el norte de África. El acontecimiento causó más de setenta muertos, tensiones entre España y países de la Unión Europea, críticas del opositor Partido Popular al gobierno socialista del Presidente Pedro Sánchez, y reclamos por la inseguridad y alarma de los habitantes de Ceuta, cuya población es numéricamente similar a la ola migratoria.

La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, reconocidamente contraria a la migración irregular, intentó sin éxito suspender la aplicación del Acuerdo Schengen a España, considerando que el descontrol fronterizo español facilita el ingreso de migrantes sin autorización a países suscriptores de dicho acuerdo, el que suprimió los controles fronterizos entre los Estados parte. El Presidente Emanuel Macron ordenó reforzar la frontera de Francia con España y, además, 21 países de la Unión Europea (UE) plantearon inquietud por el incidente, la necesidad de una reunión extraordinaria de la UE y la revisión de sus políticas migratorias, al tiempo que otras naciones condenaron a España por mantener territorios que consideran coloniales. El Presidente Trump, especialmente crítico del Presidente Sánchez por su negativa a autorizar el uso de la base aérea de Estados Unidos en España para la guerra de Irán, y por su rechazo a incrementar el presupuesto de defensa español y contribución a la OTAN, aprovechó la ocasión para criticar al gobierno ibérico por sus políticas de fronteras abiertas y por la normalización masiva de migrantes irregulares decretada a comienzos de este año.

Las mayores críticas las recibió, sin embargo, Pedro Sánchez por parte de partidos opositores a su gobierno, los que le reprocharon su responsabilidad tanto por el descontrol fronterizo como por la falla del sistema de inteligencia español, que debió haber advertido el ingreso masivo de marroquíes, del cual —se dice— hubo incluso señales anticipatorias en redes sociales durante los días previos. Otros cuestionamientos han apuntado al manejo de las complejas relaciones con Marruecos, pues el gobierno socialista ha hecho en los últimos años gestos importantes a Rabat, buscando entre otras cosas asegurar justamente la colaboración en materias fronterizas y evitar crisis como la ahora vivida.

En sus descargos, Sánchez defendió su gestión y destacó la pronta intervención de su gobierno, que permitió que gran parte de los migrantes irregulares retornaran a Marruecos, al tiempo que descartó que los servicios de inteligencia proporcionaran información sobre un inminente ingreso masivo. Particularmente controvertido fue que la autoridad atribuyera el episodio a desinformación, descartando el “efecto llamada” producto de la normalización masiva otorgada a transgresores de la ley de extranjería. El ministro del Interior sostuvo que esa regularización solo es aplicable a migrantes que habitaban en España previamente al 1 de enero de este año. Tampoco convence a los críticos la supuesta irrelevancia de la sentencia del Tribunal Supremo conocida solo semanas antes de la explosión migratoria. Los jueces del máximo tribunal español declararon entonces ilegales las deportaciones inmediatas de migrantes que lleguen a nado desde Ceuta, lo que pudo ser interpretado como una señal por los marroquíes que protagonizaron el grave incidente.