En entrevista con “El Mercurio”, la subsecretaria de Previsión Social abordó los principales desafíos que plantea la implementación de la reforma de pensiones aprobada el año pasado. A la luz de los altos niveles de desempleo que hoy registra la economía, es inevitable que el aumento en la cotización genere una especial preocupación, toda vez que encarece la contratación por sobre los ya altos costos laborales actuales. En esta dimensión, sin embargo, la subsecretaria fue tajante en cuanto a descartar una transición diferente de la establecida en la ley para el progresivo incremento de las cotizaciones, poniendo énfasis, en cambio, en las modificaciones al llamado régimen de inversión de las administradoras privadas como nudo crítico.

El régimen de inversión define, básicamente, las normas y límites que deben cumplir las administradoras de los ahorros previsionales. Con el cambio a un modelo de fondos generacionales dispuesto por la reforma, desaparecen los actuales multifondos y las personas pasan a ser asignadas a diferentes fondos en función de su edad. Las características del fondo para cada cohorte —por ejemplo, su exposición a renta variable o a activos del exterior— quedan establecidas en el nuevo régimen de inversión, y precisamente por eso el tema ha generado inquietud entre inversionistas. Dos razones explican esta preocupación.

Desde luego, inquieta la posibilidad de que la Superintendencia de Pensiones pueda, por esta vía, exigir una alta tenencia de deuda gubernamental chilena, priorizando de este modo el financiamiento del gobierno por sobre la rentabilidad de los fondos. La propuesta que ha puesto en consulta la autoridad en estos días despeja ese asunto, pero es ahora la gobernanza de esa decisión en el futuro la que requiere de perfeccionamientos. Un segundo motivo de preocupaciones decía relación con la eventualidad de una definición de la cartera referencial para cada fondo que pudiera obligar a cambios significativos en los portafolios de las administradoras, con efectos sobre las tasas de interés, precios de acciones y tipo de cambio. Sin embargo, al permitir —también dentro de la propuesta conocida a fines de la semana pasada— que cada administradora establezca su propio benchmark, se evitan grandes movimientos en las carteras, al mismo tiempo que se maximiza la posibilidad de elección para las personas.

El otro gran nudo pendiente de la reforma es la llamada licitación de stocks, que genera un cambio de un 10% de la cartera de clientes cada dos años hacia aquella administradora que licite una menor comisión. Los detalles de cómo operará esta licitación no son conocidos, pero su importancia es clave, porque —como hizo ver la subsecretaria en la misma entrevista— el proceso, sumado a la implementación de los fondos generacionales, puede tener un alto impacto en el mercado de capitales y eventualmente en los precios de los activos. En este contexto, temas como las posibilidades de que un afiliado pueda rechazar el cambio, las restricciones para que una administradora pueda participar de la licitación y la manera en la cual se traspasarán los activos de una administradora a otra son especialmente sensibles. Hace, pues, bien el Gobierno en evaluar con cuidado los detalles de esa licitación, incluso sin descartar revisiones de su calendarización. Esto, no para impulsar una reversión de esa decisión legislativa, sino para asegurar que las definiciones técnicas y los plazos establecidos garanticen una adecuada implementación, en beneficio de los fondos ahorrados y, por ende, de todos los trabajadores afiliados.