De la máxima gravedad resultan las agresiones y manifestaciones ofensivas que han debido afrontar autoridades en los últimos días, pues indican que el insulto, la “funa” y el amedrentamiento continúan siendo vistos como recursos políticos válidos por ciertos sectores cuando se trata de expresar oposición al actual gobierno.

La diputada Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, fue objeto de ataques en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde había sido invitada a participar en una actividad sobre liderazgo político. Una vez finalizada esta, un grupo de estudiantes la abucheó, le lanzó agua y realizó una serie de actos intimidatorios, lo que obligó a una salida rápida del lugar. La parlamentaria denunció que previamente había recibido amenazas. La facultad —una de las más destacadas del país—rechazó los hechos en una declaración y se comprometió a realizar una investigación interna.

Preocupa la ocurrencia de manifestaciones de intolerancia en ese recinto académico —son varios los casos anteriores de “funas” ocurridas allí, como la sufrida hace algunos años por el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco—, pues es precisamente en la universidad donde debiera imperar un irrestricto derecho a ejercer el pensamiento divergente, cualquiera sea el espectro político a que se refiera. El aula universitaria es el lugar en el cual deben primar la tolerancia, el intercambio argumentativo respetuoso y la diversidad de ideas. Más aún cuando es allí donde se están formando los futuros líderes que participarán luego del quehacer democrático.

De manera similar, inquieta lo que sucede en algunos espacios culturales donde las autoridades han sufrido situaciones de agresión verbal, como les ocurrió a los ministros de Cultura y Energía, que debieron enfrentar los abucheos de parte del público que asistía a una función especial de La Pérgola de las Flores, en la sala del Centro de Extensión del Instituto Nacional. Al momento de ser presentados, gritos y pedidos de salida retrasaron el inicio de la obra, cuya representación formaba parte de las festividades correspondientes a la celebración del Día del Patrimonio. Un comportamiento similar debió afrontar semanas antes el titular de Cultura en una actividad en el GAM, pues se le reprochan los recortes presupuestarios en el área.

Disentir de posturas ideológicas, o tener una posición crítica respecto de políticas o decisiones gubernamentales, es parte de un sistema democrático, pero los ataques, los agravios y los actos violentos deben ser condenados y sancionados sin vacilaciones ni excepción. Ellos contradicen las bases de ese mismo orden democrático, que encuentra en la libertad de pensamiento un pilar fundamental. Y preocupa particularmente que, en espacios donde debieran primar la diversidad y la apertura, como son el ámbito académico y el mundo de la cultura, se instale la intolerancia de quienes se arrogan una absurda superioridad moral, la que solo encubre su pretensión de homogeneizar el pensamiento. Esa actitud ha degradado los ambientes académicos en diversos lugares del mundo, dando además pábulo para la arremetida de intolerancias de signo opuesto. Chile no debe replicar ese funesto derrotero.