Los cancilleres de Chile y Bolivia, siguiendo a los correctos encuentros de sus respectivos presidentes, han testimoniado su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales con visitas recíprocas y coincidencia en materias prioritarias con ese propósito. Interesante es la precisión de ámbitos para la cooperación, relativos a la conectividad, comercio, migración, seguridad, recursos hídricos e hidrocarburos, integración fronteriza y energía.

La buena disposición de las partes renueva impulsos de varios gobiernos anteriores, siempre en la búsqueda de iniciar una nueva etapa para la colaboración binacional mediante amplias y sucesivas agendas, todas ellas frustradas, finalmente, por la insistencia boliviana en su reivindicación marítima.

Esta vez el canciller de ese país, Fernando Aramayo, en entrevista con este medio, ha adelantado su intención de restablecer relaciones diplomáticas, sin por ello renunciar a la aspiración de Bolivia de obtener una salida soberana al océano Pacífico. Al expresar esa pretensión, Aramayo no hace sino repetir lo establecido en el artículo 267 de la Constitución promulgada en 2009, que creó el Estado Plurinacional de Bolivia. El citado artículo declara “el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso a Bolivia al Océano Pacífico”.

Frente a ello, cabría recordar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2018, que rechazó categóricamente la demanda planteada por Bolivia para que se obligara a Chile a negociar una salida soberana al mar, decisión que no puede ser apelada ni modificada. En dicho juicio, notable fue la unidad nacional concitada y la transversal política de Estado impulsada en defensa de la soberanía nacional ante la Corte de mayor jerarquía del mundo, frente a la pretensión boliviana. Ese país intentó invocar a su favor eventuales derechos derivados de supuestos actos y negociaciones en los que Chile se habría comprometido o dado muestras de intenciones, creando expectativas, para dar solución a la aspiración marítima boliviana, lo que podría repetirse por un posible silencio chileno ante nuevos acuerdos coincidentes con la expresa reiteración de la aspiración de soberanía por parte del canciller de ese país.

En efecto, el expresado pragmatismo del ministro boliviano no se condice con su persistencia en la reclamación marítima desechada por la Corte de La Haya, exponiendo al gobierno nacional a enfrentar divisiones y reproches en la conducción de la política exterior.

Pertinente es mencionar el Tratado de Límites de 1904 entre Chile y Bolivia, suscrito décadas después del término de una guerra a la que las entonces autoridades bolivianas llevaron a Chile. Dicho acuerdo, que fijó a perpetuidad los límites y territorios soberanos entre ambos países, fue aprobado libremente por el Congreso boliviano. Su cumplimiento significó fuertes gastos para el Estado de Chile, que construyó a su costo el ferrocarril de Arica a La Paz, junto con diversas y onerosas otras compensaciones.

Pertinente parecería, en este contexto, mencionar también las declaraciones sobre la recuperación por Perú de Arica y Tarapacá, y la revisión del Tratado de Paz con Perú de 1929, manifestadas por Antauro Humala, líder etnocacerista, aliado y promotor de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.

Como lo ha expresado el Presidente de la República, Chile no puede sino desear el mantener las mejores relaciones de amistad y cooperación con todos sus vecinos, en particular con el nuevo gobierno democrático de Bolivia, sin que ello ponga en riesgo la unidad y la defensa de la soberanía nacional manifestadas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.