El programa de alimentación escolar tiene una historia de más de 60 años y ha sido un gran aporte a la educación chilena. Por ello, es altamente valorado entre expertos y organismos internacionales. Esta apreciación se extiende a los niños y jóvenes —y a sus familias— que han sido y son receptores del beneficio. Pero ello no significa que no sea posible revisar su extensión y acordar con más claridad sus objetivos, particularmente porque su desarrollo ha sido más bien indiferente a los cambios económicos y sociales que ha venido experimentando el país. De hecho, al menos desde 1997 se han evacuado informes que exponen algunas de sus debilidades. Por cierto, una revisión no significa su término, pero sí podría implicar un redimensionamiento.

En este sentido, una evaluación focalizada de ámbito realizada el año pasado por la Dirección de Presupuestos sugiere espacios de mejoramiento en la operación del programa, clasificándolo de desempeño medio. Así, por ejemplo, si bien se valora el sistema general de licitación, se estima que existen demasiados procesos que podrían atentar contra la eficiencia dinámica de la provisión del servicio de alimentación. En una aproximación similar, se recomienda redefinir las unidades territoriales adjudicadas, revisar los límites establecidos a las raciones que pueden ofertar las empresas y aumentar la transparencia. Como se ve, según esa evaluación, efectivamente habría espacios para reducir los costos de este servicio.

Algunas evaluaciones anteriores, en tanto, han puesto en duda que el programa contribuya al objetivo declarado de facilitar la incorporación y permanencia de niños vulnerables en el sistema escolar. Ese fue su objetivo inicial en 1964, y había entonces buenas razones para sostenerlo. Esos argumentos, sin embargo, se han debilitado con el paso del tiempo. Al respecto, es bueno tener a la vista la más reciente revisión de las políticas para mejorar los aprendizajes realizada a nivel internacional por el Panel Asesor para la Evidencia Global en Educación (GEEAP en inglés). Se duda ahí de que esta sea una política costo efectiva y aunque se la valora por su efecto en la asistencia a la escuela en naciones más empobrecidas, hay menos convicción de sus efectos en países con niveles económicos más elevados y sin mayores problemas de desnutrición, como Chile. Al mismo tiempo, no se considera que tenga impacto en los aprendizajes.

La decisión respecto de los receptores de este beneficio está asociada con indicadores de vulnerabilidad que define la Junaeb, pero que, en general, este organismo no gestiona y que no necesariamente son robustos para definir la población objetivo. En última instancia, es el propio establecimiento el que define a los estudiantes beneficiados en los planteles que participan de este programa. Por consiguiente, el número de beneficiarios es un indicador elusivo. Solo las raciones están más precisamente identificadas; por cierto, ellas no se entregan en las mismas combinaciones en los distintos planteles escolares. En cualquier caso, no deja de ser curioso que, entre 2010 y el presente año, los niños y jóvenes vulnerables en los establecimientos atendidos hayan subido desde un 65 a un 78 por ciento. Ello no guarda relación con la mejoría que ha habido en las condiciones objetivas de la población durante la década y media transcurrida.

También el monto presupuestado para este año es prácticamente el doble respecto de 2010 y, si bien en los últimos años este aumento ha estado influido por un alza en el precio de los alimentos por encima del IPC, también es reflejo de un incremento en el número de raciones diarias que, una vez más, no se condice con el mejoramiento en las condiciones de vida de los hogares chilenos y con la evolución socioeconómica del país. El presupuesto de 2026, que se empina a los mil 260 millones de dólares, parece así corresponder a un programa que estaría sobredimensionado. Cuando los recursos públicos no abundan y los impactos de este gran desembolso parecen, a lo más, acotados, es de toda razonabilidad realizar una evaluación cuidadosa del tamaño del programa y estudiar la conveniencia de también acotarlo.