Señor Director:

La decisión del Gobierno de vetar la Ley Integral de Personas Mayores —un proyecto aprobado por unanimidad en el Congreso y fruto de cinco años de trabajo legislativo— constituye un retroceso difícil de comprender. El veto, que recae específicamente sobre los artículos 15 y 29, vinculados a materias laborales, fue presentado a menos de un mes del cambio de mando, generando sorpresa y molestia en organizaciones que participaron activamente en la tramitación de la iniciativa.

Vemos con preocupación esta medida, pues afecta directamente la posibilidad de que miles de personas mayores accedan a empleos dignos y acordes a sus necesidades. En un país que envejece aceleradamente, limitar los mecanismos de inclusión laboral desconoce la realidad demográfica y la experiencia valiosa que este grupo aporta al desarrollo sostenible de Chile.

Hoy, las personas mayores de 60 años representan cerca del 20% de la población; para 2050, se proyecta que uno de cada tres chilenos pertenecerá a este segmento. Por otra parte, las personas mayores presentan una tasa de ocupación informal del 53%, que sube a 63% en los mayores de 70 años, la más alta de todos los grupos etarios.

Instamos al Congreso a evaluar este veto con responsabilidad de Estado y a mantener en el centro la dignidad, autonomía y participación activa de quienes han contribuido durante décadas al progreso del país y desean seguir haciéndolo. El envejecimiento digno no puede seguir postergándose.

Alejandra Pérez Fabres
Presidenta Corporación Tálanton