Señor Director:

El tema del pluralismo cultural, al que me referí en la columna del domingo (“Viña y la batalla cultural”), tiene varias dimensiones que es necesario considerar. Y me parece que el profesor Alejandro Romero, al comentar en la carta de ayer esa columna, omite una de ellas.

Una cosa es constatar la existencia del pluralismo como un hecho social o cultural. Otra cosa —distinta— es juzgar como verdaderas o falsas algunas de las posiciones o puntos de vista existentes al interior del pluralismo. Una tercera, en fin, es referirse al valor que posee la admisión en la esfera pública y cultural de puntos de vista distintos e inconmensurables entre sí. La primera cuestión es fáctica; la segunda, epistémica; la tercera es normativa.

Se trata de tres planos distintos y Alejandro Romero solo se refiere a los dos primeros. Se puede estar de acuerdo en lo fáctico, en la existencia del pluralismo como un hecho. También se puede estar de acuerdo en la cuestión que podemos llamar epistémica: que algunos de los puntos de vista existentes en la cultura son obviamente falsos o incorrectos. Queda pendiente, sin embargo, la cuestión normativa, la más relevante desde el punto de vista institucional. ¿Debemos aceptar que en la esfera pública todos los puntos de vista y formas de vida puedan existir y expresarse, incluidos aquellos que nos parezcan tontos, erróneos o estúpidos (excepto, por supuesto, en el plano de la libertad de expresión, el discurso de odio)?

La respuesta a esa pregunta debe ser, me parece, indudablemente positiva. Es la única compatible con la convivencia democrática, la que reconoce igual capacidad de discernimiento a todas las personas. Por supuesto, suponer que todos tengan igual discernimiento no es lo mismo que considerar que todos acierten o tengan de su lado la razón. Pero esto último solo se puede aseverar luego de un debate abierto y sin restricciones, que es lo que el pluralismo y sus derivaciones en la cultura de masas, incluida la libertad de expresión, permiten.

Carlos Peña