Los recientes incendios de la Región del Biobío, que destruyeron cientos de viviendas y causaron más de veinte muertes, llevaron al designado ministro de Vivienda del próximo gobierno, Iván Poduje, a involucrarse en el diagnóstico y las soluciones para los afectados. Como consecuencia, se ha reactivado un debate ambiental que ha estado larvándose en los últimos años, y que la asunción de la nueva administración seguramente instalará en un primer plano.

En efecto, en días pasados, en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades, Poduje esbozó las directrices del plan con que acometerían la tarea de reconstruir las viviendas destruidas en el Biobío, así como completar el trabajo en aquellas arrasadas por el gran incendio de hace dos años en la Región de Valparaíso. Enfatizó la necesidad de desarticular las trabas que diversos funcionarios introducen al momento de implementar las soluciones, muchas veces por causas menores, atrasando innecesariamente su implementación. Fue en ese contexto que se refirió al caso de funcionarios de Conaf que, alegando la existencia de un belloto, tendrían paralizadas 60 viviendas en Viña del Mar. Poduje afirmó que tiene contemplado utilizar todas las herramientas que le entrega la Ley de Catástrofes para impedir que ese tipo de trabas prolongue el sufrimiento de los afectados. Eso condujo a un encendido diálogo con un académico y activista presente, que desafiaba los planteamientos del futuro ministro. Este caso sirve para ilustrar por qué el necesario consenso que se requiere tener en los temas ambientales no se alcanza, y por qué la permisología, particularmente la relativa al medio ambiente, se ha transformado en un obstáculo de primer orden para los proyectos de inversión, y su discusión ha invadido el ámbito de la política. Pero además también muestra la necesidad de superar caricaturas y visiones maniqueístas en estas discusiones.

Los procesos de evaluación ambiental no fueron concebidos como una instancia destinada a impedir la realización de los proyectos sobre la base de cualquier tipo de impacto que pudieren generar, como parecieran sostener algunos funcionarios, ideológicamente motivados. Si ese criterio se aplicara así, sin más, y se llevara al extremo, la realización de casi todo proyecto sería inviable, porque casi por definición la ejecución de una obra implica modificar el entorno y, en consecuencia, provocará algún impacto ambiental respecto de cualquier línea de base que se haya tomado antes de llevarse a cabo. A eso se refería Poduje al indicar que hoy “un belloto, un roedor o un hallazgo arqueológico menor”, invocados por funcionarios ideologizados, o presentados ante las instancias burocráticas o judiciales por activistas ambientales, retrasan, paralizan o impiden la realización de proyectos. Pero aunque el país ha conocido varios de estos ejemplos en los últimos años, ello no implica que las observaciones ambientales deban ser desatendidas o que la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos justifique hacer tabla rasa de ellas. Lo que se debe buscar son necesarios equilibrios.

Bajo una mirada así, la evaluación de los impactos ambientales debería consistir en apreciar la cuantía e importancia de estos, para luego compararla con los beneficios que los proyectos efectivamente aportan. Esto no significa llevar el argumento al extremo opuesto, es decir, a considerar que los impactos ambientales de los proyectos son irrelevantes frente a sus beneficios económicos, lo que equivaldría a ejecutarlos con independencia de ese impacto.

Más bien, lo que se necesita es recuperar la sensatez en estas materias, evitando el activismo ideológico, desestimando los impactos ambientales evidentemente menores, como ha ocurrido en tantos casos conocidos por la opinión pública, y buscando la adecuada mitigación de los más importantes. Devolver al análisis ambiental la consideración del beneficio que para las personas tiene un proyecto, balanceándolos adecuadamente con sus efectos sobre el entorno, es el gran desafío en esta materia.