En los últimos días se ha debatido sobre los resultados del crecimiento económico de las distintas administraciones desde la recuperación de la democracia. Sin duda, el crecimiento es fundamental para generar más y mejores empleos, reducir la pobreza y financiar las necesidades sociales. Evaluar a los gobiernos en esta dimensión es una tarea muy necesaria, pero compleja. En un período de 4 años, lo que haces al principio está fuertemente determinado por las condiciones que dejó la administración anterior y los cambios que logras materializar ¯sobre todo los importantes¯ suelen tener un impacto en horizontes temporales que exceden tal período. El Chile que “recibimos” estaba marcado por un severo sobrecalentamiento macroeconómico, producto de una expansión de liquidez sin precedentes (35% del PIB), que derivó en déficits gemelos, fiscal y de cuenta corriente, una inflación que alcanzó máximos en 30 años, y un aumento de la deuda pública de más de 10 puntos del PIB entre 2018 y 2021. En ese escenario, un enfriamiento de la actividad no solo era esperable, sino necesario para evitar una crisis mayor. Por ello, los primeros dos años de la actual administración estuvieron marcados por el objetivo de retomar los equilibrios macroeconómicos, sin que tal ajuste lo pagaran los más pobres y la clase media. Aunque parece haberse olvidado que, cuando el 2023 el mercado esperaba ¯como consecuencia de bajar la inflación¯ una caída del crecimiento de 1,5%, tuvimos la “positiva” sorpresa de crecer un 0,5%.Y es precisamente ese año el que baja el promedio de esta administración. A este contexto se suma un cambio demográfico que obliga a ajustar el foco del análisis económico. La caída sostenida de la natalidad y la progresiva reducción de los flujos migratorios netos, que alcanzaron su peak entre 2017 y 2019, han desacelerado de manera significativa el crecimiento de la población. En este escenario, el PIB per cápita se vuelve un indicador clave para evaluar bienestar y desempeño económico. Y ahí la evidencia es clara, estos cuatro años el crecimiento del PIB per cápita ha sido superior al observado en cada una de las dos administraciones anteriores. Utilizando los últimos datos oficiales de población, sabemos que el PIB per cápita creció 0,8% (2014-2021) y 1,1% (2022-2025). La discusión de fondo, sin embargo, no es solo cuánto crecemos hoy, sino cómo recuperamos capacidad de crecimiento de largo plazo y que este sea sostenible. Para ello es importante recordar que la capacidad de crecimiento estructural al inicio de nuestro gobierno estaba en torno al 2%. Es decir, si la economía crecía de acuerdo con su plena capacidad, lo normal era crecer 2%. Para aumentar la capacidad de crecimiento de largo plazo trabajamos en dos pilares. El primero fue ordenar la macroeconomía. En efecto, la inflación se ha acercado a la meta del 3%, y las expectativas de inflación están ancladas, la deuda pública ha registrado su primer freno en casi dos décadas y las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido de la inversión entre 2025 y 2027 (¡un 7% el 2025!). El segundo pilar fueron las reformas orientadas al crecimiento y la productividad. En ese plano destacan la reforma de pensiones, que aumentará el ahorro y la inversión doméstica, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que reduce sustantivamente los tiempos e incertidumbre para invertir, sin por ello bajar el estándar, y la Estrategia Nacional del Litio, que combina mayor producción con menor impacto en el medio ambiente. Es una buena noticia que el 2025, por primera vez en más de una década, la productividad total de factores haya crecido por segundo año consecutivo. Y los frutos del crecimiento y de las políticas sociales comienzan a reflejarse con claridad, cerca de 700 mil empleos creados, 33 meses consecutivos de aumentos reales de salarios y alrededor de 600 mil personas que han salido de la pobreza en los últimos dos años. Si queremos sostener este avance, el desafío es claro, persistir en una estrategia que combine estabilidad macroeconómica con reformas que impulsen la mayor igualdad y protección social, la inversión, innovación y productividad. Nicolás Grau Veloso
Ministro de Hacienda