El Acto de Proclamación del Presidente Electo de la República, celebrado el pasado 5 de enero de 2026 ante el Tribunal Calificador de Elecciones, ofrece una ocasión propicia para reflexionar sobre el fundamento último del sufragio y su relevancia para la vida democrática del país. En tiempos en que las democracias son puestas a prueba, Chile vuelve a dar una muestra de autodeterminación institucional, reafirmando que el acto de votar no se agota en la esfera individual, sino que proyecta efectos decisivos sobre el conjunto de la comunidad política. El derecho a sufragio lleva aparejado un deber ciudadano ineludible, sobre cuyo ejercicio descansa la arquitectura entera del sistema democrático.

Al concurrir a las urnas, las personas no solo ejercen un derecho fundamental, sino que participan en la conducción del Estado y en la formación de su voluntad soberana. En este contexto, resulta particularmente significativo destacar los más de trece millones de sufragios emitidos en las últimas elecciones, cifra que equivale a una participación superior al 85% del padrón electoral. Seis de cada siete ciudadanos expresaron su voluntad en las urnas. La alta concurrencia certificada por este Tribunal constituye un valor sustantivo para la República. El mandato proclamado —producto de una tarea conjunta desplegada en colaboración con el Servicio Electoral y otras diversas entidades del Estado— se alimenta de esa participación masiva, que sustenta a nuestras instituciones y da cuenta de una ciudadanía activa, responsable y comprometida. Es necesario reconocer que el notable aumento de la participación no puede explicarse únicamente por la obligatoriedad del voto. Su valorización, se sustenta en buena parte en los esfuerzos institucionales orientados a facilitar y promover el ejercicio del sufragio. A lo largo de su historia —especialmente desde el siglo XIX—, el Estado chileno consolidó una estabilidad institucional poco común en el contexto sudamericano.

Esa estabilidad, acompañada de participación y confianza ciudadana, facilitó el desarrollo del país y de su común idiosincrasia y tradición “legalista”, otorgándole un temprano reconocimiento como una República “en forma”. El fortalecimiento institucional que le siguió durante el siglo XX, proyectado hasta nuestros días, permite que, aun en tiempos convulsionados para el mundo, Chile pueda sentirse orgulloso de su sistema electoral, el que es capaz de resolver quién ejercerá la primera magistratura de la Nación en cuestión de horas, merced a un proceso de probada excelencia y pulcritud. Este entramado republicano constituye una garantía indispensable para una ciudadanía que acude a las urnas con la convicción de que sus votos serán correctamente escrutados y los resultados, expresión legítima y auténtica sobre quien habrá de dirigir los destinos del país. La jornada electoral culmina sellando la amistad cívica que tanto ha costado construir como cultura democrática y que en Chile se manifiesta, elección tras elección, en gestos sobrios pero elocuentes: como la llamada del Presidente en ejercicio al candidato electo y la visita de quien obtuvo la segunda mayoría al ganador. Son lecciones que nos recuerdan que las instituciones perduran más allá de las personas.

La sentencia y el acta de proclamación presidencial dictadas por este Tribunal, en cumplimiento del mandato del artículo 95 de la Constitución Política de la República, no son una mera certificación de resultados, sino que configuran, en última instancia, un acto jurídico universal que confiere al ciudadano —en este caso don José Antonio Kast Rist— la calidad institucional de Presidente Electo, habilitando el traspaso regular del mando y asegurando la continuidad del orden constitucional. Se trata de la más alta magistratura del Estado, cuyo ejercicio, como esperan las chilenas y los chilenos, deberá inspirarse en el celo, el vigor y el patriotismo que exigen tanto el bienestar del país como la preservación de nuestra veterana tradición republicana; tradición marcada casi desde sus inicios por un rasgo distintivo de nuestra cultura política como es el carácter impersonal del Gobierno: el respeto a la autoridad se fundamenta, más que en el individuo que la ejerce, en la dignidad que reviste el cargo que ostenta.

La Presidencia de la República se afirma, así, no como una magistratura más, sino como la institución llamada a expresar la continuidad del Estado. En ella se reconocen la unidad de la Nación y la posibilidad de una convivencia política ordenada.

Arturo Prado Puga
Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones