Señor Director:

La demanda anunciada ayer por medios de comunicación, presentada por la empresa pesquera Camanchaca contra el fisco por cerca de US$ 100 millones, merece una reflexión de fondo. Resulta preocupante que un grupo económico que durante años se benefició de una legislación ampliamente cuestionada —la llamada “Ley Longueira”, que entregó cuotas de pesca a perpetuidad— hoy pretenda ser indemnizado porque el Estado corrigió una distorsión histórica mediante la Ley de Fraccionamiento (Ley N° 21.752).

Los recursos del mar no son propiedad privada. Los peces no pertenecen a empresas ni a familias específicas: pertenecen a todos los chilenos. Hablar de “expropiación” en este contexto no solo es jurídicamente discutible, sino que también contradice el sentido común y la soberanía alimentaria del país. La nueva ley no quita lo que no existe; redistribuye con mayor justicia el acceso a un bien común que fue indebidamente concentrado.

Si se quiere hablar de daño patrimonial, cabe preguntarse por el costo ambiental, social y productivo que ha debido asumir la pesca artesanal tras décadas de sobreexplotación y precarización. Pretender que el Estado indemnice proyecciones de lucro basadas en un régimen legal cuestionado por corrupción es, al menos, éticamente problemático.

La Ley de Fraccionamiento fue aprobada por amplias mayorías democráticas en el Congreso. Desconocer ese respaldo mediante presiones judiciales no fortalece el Estado de Derecho: lo debilita.

Hernán Cortés
Presidente CONDEPP