La incursión violenta de Estados Unidos en Venezuela para apresar a Nicolás Maduro y su esposa ha generado un intenso debate respecto del derecho internacional y su eficacia. A juicio de la mayoría de los especialistas, la acción norteamericana constituye una violación de las normas que rigen el orden mundial. En efecto, a la vulneración de la inmunidad penal de un jefe de Estado, la soberanía de ese Estado y el principio de no intervención —más que discutibles en este caso—, se suma el que la fuerza solo se puede usar contra otro país si se ha sido víctima de un ataque armado previo o en curso. Esto, además de haberse ignorado la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU.

Complica aún más este caso el que aún no esté claro si lo que se busca es restaurar la democracia pisoteada por el régimen chavista, ejercer presión para que la autoridad reemplazante —la vicepresidenta Rodríguez— permita a Donald Trump acceder al petróleo venezolano o si simplemente Trump está aplicando su recién estrenada estrategia de seguridad para evitar la influencia de China, Rusia o Irán en el hemisferio que considera de “influencia exclusiva” de EE.UU.

Con todo, un análisis ponderado no debiera ignorar la situación concreta de Venezuela y lo que esta revela sobre las dificultades del mismo derecho internacional para ser ejercido con oportunidad y eficacia. Desde luego, hay una causa abierta en contra de Maduro en la Corte Penal Internacional desde 2018, estancada y sin mayores avances. Además, el régimen —junto con atropellar sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos— ha incumplido flagrantemente los compromisos asumidos en los sucesivos procesos de negociación para dar una salida a la crisis. Ello, hasta llegar al grosero fraude electoral de 2024, condenado por una comunidad internacional que sin embargo fue incapaz de revertirlo, mientras las protestas al interior del país eran sofocadas por una violenta represión. Frente a ello, los organismos internacionales evidenciaron su impotencia, partiendo por un Consejo de Seguridad donde el poder de veto de Rusia y China —aliados de Maduro— bloquea cualquier posibilidad de intervenir. En esas circunstancias, pertinente es la pregunta de si la apelación al derecho internacional puede justificar la inacción cuando principios universales, como el respeto de los derechos humanos, están siendo violados: ¿corresponde en esos casos resignarse a ser testigos de la continuidad de los abusos?

Estos problemas se han arrastrado por décadas. El acuerdo logrado después de la Segunda Guerra Mundial para sentar las bases del actual ordenamiento internacional se ha ido diluyendo, entre otras razones, porque la convicción emocional de entonces ya no está presente, pero también porque los organismos establecidos han fracasado repetidas veces en sus tareas y las naciones más poderosas han privilegiado sus intereses por sobre las reglas proclamadas. ¿Será necesario entonces que la ley del más fuerte se entronice y sus problemas se hagan cada vez más notorios, para que se genere un nuevo consenso que, preservando principios fundamentales, vuelva a reglamentar el orden mundial?