Aunque la situación en Venezuela es en extremo compleja y difícil de discernir, es indispensable aferrarse a ciertos criterios-guía para definir una posición de los progresistas chilenos. Propongo algunos.

El compromiso fundamental del progresismo es ponerse al lado de los venezolanos, conocer y sentir sus penurias y aspiraciones. La amplia mayoría ha sufrido y sufre, ha perdido su libertad, su hogar y su patria, fue sacrificada con desplome de la economía, ha perdido el empleo e ingresos para alimentarse y han debido abandonar su país.

Quienes hemos vivido el exilio, y especialmente en ese país, sentimos con particular dolor el deterioro descomunal de la vida diaria, bajo un régimen político que ha destruido la libertad y el nivel de vida. Los progresistas tenemos el deber político y moral de preocuparnos de la gente que ha perdido aquello por lo cual luchamos.

La intervención de la administración Trump debe ser rechazada y condenada. La no intervención es un principio del derecho internacional esencial, que compromete a todos los Estados para salvaguardar la soberanía y la paz mundial. Violar estos principios tiene consecuencias graves e inaceptables. No nos equivoquemos, la democracia en Venezuela no es la preocupación de Trump. La suya es asegurar que el petróleo sea producido por empresas de EE.UU., teniendo en cuenta sus intereses económicos y de seguridad, manteniendo fuera a Rusia y China de su explotación. Considera que América Latina se sitúa dentro de su espacio de hegemonía geopolítica, y poco vale el derecho internacional.

Quienes en Chile no defienden la soberanía nacional aceptan ser un simple subordinado y víctima posible de intereses económicos y políticos contrarios a los nuestros.

Maduro fue construyendo su propia trampa. La intervención norteamericana se benefició del repudio a la dictadura dentro y fuera de Venezuela, y su pérdida de legitimidad por la destrucción de la economía, de la democracia y el fraude electoral grotesco. El responsable principal ha sido Maduro y su política. El actual régimen venezolano representa lo antagónico al progresismo democrático. Su desprestigio ha recaído también sobre los sectores progresistas que creyeron en los impulsores del mal llamado Socialismo del siglo XXI. El daño ha sido enorme.

El deber de los progresistas es ayudar a una transición acechada por numerosos peligros. Producida la intervención norteamericana, el mayor riesgo es que fracase la transición a la democracia. El progresismo no debe quedarse en la condena, sino también abocarse de lleno a colaborar para una transición real a la democracia en Venezuela. La experiencia internacional de transiciones está plagada de fracasos: a) levantamientos militares, conflictos y caos, b) la pretensión de impacientes por hacer todo en un instante, c) el engaño para aferrarse al poder. Los riesgos son altos de una transición falsa. El primer paso es asegurar la gobernabilidad. El trayecto es azaroso, tendrá tumbos y requerirá tiempo y apoyo internacional. Los líderes de transiciones exitosas supieron construir una base política amplia para instalar nuevos equipos, cambiar ministros, designar autoridades confiables en el mando militar y policial, asegurar la autonomía del Poder Judicial, la imparcialidad e independencia del tribunal electoral, designar autoridades y definir programas económicos creíbles para atraer inversiones. Y convocar en su momento elecciones confiables.

Para evitar ser manipulados por el gobierno de EE.UU. es esencial que los partidos y dirigentes venezolanos sean capaces de concordar, y así radicar las decisiones políticas fundamentales en su propio territorio. Dependerá de su capacidad de colaboración para llevar a cabo las reformas necesarias. Jugar a la división alienta el intervencionismo. Depender de la Administración Trump no conducirá a la democracia. Nunca surgirá un gobierno legitimado si es impuesto desde afuera. Esa debe ser la meta: ayudar a la transición fortaleciendo la capacidad nacional.

Chile puede dar algunos pasos útiles para contribuir a esos objetivos. Los primeros meses son los más delicados, es necesario entonces reconocer a un gobierno provisional capaz de sostener el orden. Luego normalizar la relación diplomática, un embajador que pueda, junto a los demás latinoamericanos, contribuir a otras medidas esenciales: liberación de presos políticos, retorno de exiliados, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos.