Más allá de las tensiones jurídicas involucradas en la decisión tomada por el Gobierno de expropiar una parte significativa de los terrenos en los que se encuentra asentada una toma ilegal en San Antonio, la gestión de este proceso ha sido lamentable y deja en muy mal pie al Estado de Chile y al Ministerio de Vivienda. Si, como ha declarado el ministro, el Gobierno buscó siempre evitar el desalojo, debería haber actuado con mucha antelación y resuelto la situación antes que los tribunales se pronunciaran. Hay aquí una grave negligencia que revela, además, un débil compromiso con el Estado de Derecho.

No puede extrañar, entonces, que la misma autoridad haya declarado que hay “varias filas”, insinuando que una de ellas podía ser una vía ilegal como esta, para acceder a la vivienda. A la base de una comunidad política estable está el respeto por un conjunto de normas, reglas e instituciones que hacen posible articular y ordenar su convivencia. Si se las desautoriza, se arriesga lesionar esa tan indispensable estabilidad. Solo cabe atribuir esas declaraciones a la gran confusión con la que ha actuado la autoridad frente a este caso.

Y es que, a pesar de que esta toma había ocurrido antes de que se iniciara el actual Gobierno, era evidente que requeriría ser abordada por este con seriedad y responsabilidad. El anunció de la expropiación revela, sin embargo, que, después de casi cuatro años, se sigue improvisando y esas virtudes brillan por su ausencia. Si efectivamente hay ahora un plan para abordar este proceso —lo que no parece del todo claro—, abundan en él los vacíos. Por de pronto, la inversión que se ha anunciado —unos $11 mil millones— se acerca, apenas, al valor por metro cuadrado que estaba disponible a pagar el ministerio por el terreno durante la negociación que mantuvo, en su momento, con los dueños. No es evidente que ese sea un valor que repare el “daño patrimonial efectivamente causado”, lo que está en disputa.

Además, se requiere financiar la urbanización y las viviendas. Hay un acuerdo firmado con las cooperativas de pobladores que supuestamente aportarían recursos y están los subsidios habitacionales que gestiona Vivienda, pero todo ha sido presentado de modo impreciso. Además, este camino significa postergar a otras familias que han seguido las reglas y exigencias vigentes. La nula deferencia hacia ellas revela no solo una improvisación más en este proceso, sino una sorprendente falta de empatía. La confianza en los servicios públicos chilenos está, según la OCDE, en su punto más bajo. La incapacidad de gestión política, de la que todo esto es una muestra, puede ser la gran responsable de esta situación.

La improvisación que deja entrever este nuevo capítulo sugiere finalmente que el único objetivo de las autoridades es traspasar el problema al próximo gobierno. Todos los antecedentes disponibles hacen dudar, además, de que el eventual desalojo parcial que ocurriría en enero vaya a materializarse. Es una situación que no parece tener otra explicación que una marcada ineptitud política.