Señor Director:

El lago Vichuquén atraviesa una tragedia ecológica sin precedentes: flora y fauna colapsan frente a un ecosistema llevado al límite por años de negligencia. A ello se suman responsabilidades individuales vinculadas al mal manejo de la ribera y a la liberación de desechos contaminantes.

Pero también corresponde señalar que la ONG FIMA y un reducido grupo de actores medioambientales son grandes responsables de obstaculizar, durante años, el manejo técnico de la barra de arena, indispensable para regular el intercambio de agua marina. Esa judicialización —marcada por un populismo medioambiental que privilegió consignas por sobre evidencia— terminó agravando el deterioro del lago que se buscaba proteger.

Las consecuencias de esta crisis son ambientales, humanas y económicas. Cientos de empleos están en riesgo y miles de familias que dependen del turismo, del comercio local y de los servicios asociados al lago viven hoy una incertidumbre profunda. La comunidad, al igual que el propio ecosistema, está pagando los costos de decisiones improvisadas, de la ausencia de una mirada técnica sostenida y de intervenciones públicas y privadas que, lejos de anticipar el daño, lo hicieron inevitable.

A ello se suma la tardía reacción de autoridades municipales y gubernamentales, pese a los reiterados avisos sobre la inminencia del colapso.

Confiamos en que la investigación judicial en curso permitirá determinar con claridad todas las responsabilidades —individuales, institucionales, estatales y de organizaciones de la sociedad civil— y aplicar las sanciones correspondientes.

Como vecinos, nos debemos comprometer a apoyar las medidas que permitan recuperar el lago y a promover una cultura donde el rigor técnico prevalezca por sobre el populismo medioambiental, para que nunca más nuestro patrimonio natural ni quienes dependen de él queden expuestos a una tragedia como la que hoy lamentamos.

Gonzalo Rojas-May O.