Esta semana hemos conocido la aprobación “en general” del proyecto que elimina multas por no portar tag en autopistas. Como ya dijimos en abril, “la Cámara Española de Comercio en Chile, comprometida por más de un siglo con el crecimiento, el progreso y el desarrollo de Chile y el bienestar de los chilenos, se opone frontalmente (a este proyecto)”.

En pleno consenso en el país en torno a la necesidad de contener el gasto público y combatir el déficit fiscal, surge con más fuerza la necesidad de cuidar el modelo de concesiones; el único capaz de proveer al país de la inversión en infraestructuras que cubra las actuales demandas del país, las empresas y la ciudadanía (hospitales, autopistas, cárceles, desalinizadoras, etc.). Y es en ese contexto de mayor necesidad de cuidar la asociación público-privada en el que avanza este proyecto, causando estupor en los que han sido leales socios del Estado chileno en esta virtuosa colaboración de décadas.

Por ser inversiones de largo plazo, se trata también de asociaciones de largo plazo y en que, por tanto, la confianza se erige como un pilar fundamental; confianza que queda profundamente dañada por este avance legislativo, y más profundo e irreparable será ese daño cuantos más sean los obstáculos que esta propuesta consiga sortear. Y todas estas calamitosas consecuencias solo para favorecer el no pago y permitir que la exigua minoría que se opone a pagar por lo que usa se salga con la suya.

Es el momento de demostrar con hechos que cuando se habla de la necesidad de crecer y de las virtudes de la colaboración público-privada, se hace con pleno convencimiento y compromiso; porque ambos objetivos están ahora un poco más lejos que la víspera de que se aprobara “en general” este proyecto.

Que este despropósito siga avanzando, echa por tierra los esfuerzos que autoridades, gremios, instituciones como Invest Chile y su gran equipo de profesionales y, por cierto, nuestra Cámara Española hacemos por seguir atrayendo inversión extranjera a Chile para seguir alimentando el crecimiento y desarrollo de Chile; y se arriesga todo lo avanzado en estas últimas décadas gracias a la consideración de política de Estado que los diferentes gobiernos le han dado siempre al modelo de concesiones; incluso gobiernos formados por fuerzas políticas que han votado a favor de este proyecto de ley.

Si fuera conveniente o posible la revisión de algunos de los aspectos de los contratos en los que se basó la llegada de todos estos capitales al país, esta debe hacerse desde la conversación, las propuestas y los acuerdos, como corresponde entre socios leales y de largo plazo.

Y concluimos como lo hacíamos en la mencionada columna del mes de abril: “Y es que en un año electoral como es este (y de inicio de un nuevo período legislativo)… se hace más necesario que nunca que se imponga el sentido común y el interés de Chile y los chilenos”.

Miguel Á. García Moreno