En todo presupuesto, el calce entre ingresos y gastos es fundamental. Si los primeros son mayores que los segundos, el resultado es un superávit. Por el contrario, si los segundos dominan a los primeros, el presupuesto es deficitario. En este último caso, la entidad que incurre en el déficit debe recurrir a sus ahorros o al endeudamiento. Así, todo descalce implica un costo adicional, ya sea por los intereses que se dejan de ganar al reducir los ahorros o por aquellos que se deben pagar por un préstamo.

Bajo la administración Boric, la acumulación de descalces presupuestarios ha terminado siendo una regularidad. En 2023, el déficit estructural alcanzó el 2,79 del PIB, mientras que en 2024 la cifra llegó al 3,3% del PIB. Excluyendo 2021 (covid) y 2009 (crisis subprime), este último valor es el mayor desde que existen registros (2001). Para 2025, se anticipa que el déficit será superior al 2% del PIB. Por su parte, el debate presupuestario para 2026 tiene como estimación base un déficit estructural de 1,1% del PIB. Ante esta dinámica, el que la deuda del Gobierno se acerque peligrosamente a lo que se ha definido como límite prudencial (45% del PIB) es una consecuencia natural, solo contenida por el uso imprudente de los ahorros acumulados en nuestros fondos soberanos (FEES), que en septiembre pasado no alcanzaron los US$ 3.900 millones (poco más de un 1% del PIB), pero superaban los US$ 8.100 millones en marzo de 2022.

Ahora bien, no todo déficit es negativo, particularmente si este ha sido previsto, justificado y provisionado en razón, por ejemplo, de una decisión estratégica de inversión. Lo mismo, si es que se trata del resultado de contingencias imposibles de anticipar, como pueden ser crisis internacionales o desastres naturales. Esas posibilidades no explican, sin embargo, lo observado en la secuencia de déficits del Gobierno Central de Chile. Particularmente decidor fue lo acaecido en 2024. Mientras en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de ese año el Ministerio de Hacienda proyectaba un déficit de 2,3% del PIB, la cifra creció a 3,2% en el IFP del cuarto trimestre, para cerrar en 3,3%. Esta evolución no fue planeada o el resultado de emergencias, sino el producto de errores en los cálculos de la autoridad.

Las equivocaciones fueron de tal magnitud que, en un hecho inédito, Hacienda modificó su compromiso de balance estructural para 2025 (había comenzado con un déficit de 1,1% del PIB, que pasó intempestivamente a 1,6%), a lo que agregó medidas adicionales para revertir brechas entre ingresos y gastos. El Consejo Fiscal Autónomo ya ha advertido que las razones aducidas para modificar el compromiso fiscal son cuestionables y los ajustes no han sido ni efectivos ni suficientes. Mientras, los expertos estiman que el déficit acumulado a diciembre estará en torno al 2,2% del PIB, con proyecciones que incluso apuntan a 2,5% (a septiembre ya ha acumulado un 1,9%).

En este contexto, la elaboración y tramitación del presupuesto para 2026 ha pasado a ser una de las más importantes de nuestra historia económica reciente. El trabajo fue iniciado por el ministro Mario Marcel, quien renunció a Hacienda hace poco menos de tres meses (21 de agosto pasado). Así, la responsabilidad de tramitar el texto quedó en manos del actual ministro, Nicolás Grau. En este contexto, y luego de los referidos continuos errores e inesperados descalces, era esperable que el erario para 2026 fuera objeto de un escrutinio mayor. Y efectivamente, nuevas críticas sobre las proyecciones de ingresos, la demanda por mayor transparencia y cuestionamientos respecto del aumento de determinadas partidas, culminaron en un generalizado rechazo en la comisión mixta a lo propuesto por el Ejecutivo. Este será el punto de partida de la discusión que se reiniciará en el Congreso el próximo lunes.

Frente a este complejo escenario, el exministro Marcel no solo ha criticado a la oposición sino también defendido el proyecto presupuestario del Gobierno (particular atención brindó a la potestad de Hacienda en el cálculo de las proyecciones de ingresos). Sin embargo, con su defensa, la exautoridad no hace más que recordar que en economía lo esencial es siempre visible a los ojos de la gente: frente a múltiples e injustificados descalces del presupuesto, siempre debe existir al menos un responsable.