Señor Director:

Esta semana volvieron a quedar en evidencia las numerosas dudas sobre el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES). Una política pública de esta envergadura debiera contar, al menos, con dos instrumentos fundamentales para una deliberación seria y responsable: un informe financiero riguroso y un análisis de impacto regulatorio. Lamentablemente, el proyecto carece de ambos.

Desde su presentación, los supuestos utilizados para las proyecciones fiscales del FES han sido ampliamente cuestionados y la propia Contraloría General puso en duda la fórmula utilizada para contabilizar el nuevo sistema, evidenciando la preocupante opacidad sobre los costos reales que implicará para el Estado.

Además, el proyecto tampoco cuenta con un análisis de impacto regulatorio, pese a que el Instructivo Presidencial N° 1 de 2022 —vigente— establece su obligatoriedad para los proyectos de ley del Ejecutivo. Este instrumento, recomendado por la OCDE, permitiría evaluar los costos directos e impactos indirectos del FES sobre el sistema de educación superior, así como incentivos, efectos distributivos y riesgos de implementación.

El FES no forma parte de los proyectos exentos de este análisis (como la ley de presupuestos o los reajustes al sector público) y, por el contrario, cumple todas las condiciones que lo hacen indispensable.

Ante una reforma de esta magnitud, que rediseña por completo el financiamiento de la educación superior, resulta fundamental contar con toda la información sobre la mesa, comenzando por una evaluación técnica completa y rigurosa.

Lo responsable es sincerar el debate, corregir estas omisiones y someter el proyecto a los estándares mínimos de información financiera y regulatoria.

María Paz Arzola
Simón Pinto
Libertad y Desarrollo