Sin perjuicio de la presunción de inocencia que solo una sentencia judicial puede modificar, el caso que involucra a la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su pareja, así como a otros abogados y a dos conservadores, sacude gravemente al Poder Judicial. El Ministerio Público imputa a la exministra haber inducido fallos, cuando aún integraba dicha Corte, en favor de una de las partes en una causa, a cambio de pagos monetarios, en cuya materialización y formas de encubrir su origen habrían participado los otros imputados. Esto ha impactado a la opinión pública, no solo porque devela lo que parecen escandalosas irregularidades en la resolución de una causa importante —la millonaria disputa por la correcta ejecución de un contrato entre Codelco y una empresa subcontratista—, sino por los insólitos detalles que se han conocido y que hablan de conductas que parecerían inimaginables en el máximo tribunal del país.

Antes de llegar a la Corte Suprema, la causa que involucraba a Codelco había sido vista por tribunales inferiores que habían fallado en favor de la minera. En la Suprema, sin embargo, los fallos se revirtieron, en algunos casos, de manera inusualmente rápida, pasando por encima de los procedimientos regulares. La Fiscalía además —en una indagatoria que revela un acucioso despliegue de recursos investigativos— ha presentado la trazabilidad de los dineros que se entregaron a los abogados de la contratista, parte de los cuales habrían sido luego hechos llegar, mediante una compleja trama de transferencias, a Migueles y Vivanco.

La investigación a la exministra se inició como una de las aristas que se abrieron tras la revisión del teléfono del abogado Hermosilla en el caso Audio, que puso en evidencia reprochables prácticas para influir en el nombramiento de jueces e intercambios de favores. Los nuevos antecedentes ahondan en la revelación de relaciones impropias —en este caso, presuntamente delictuales— entre magistrados y los abogados cuyas causas deben conocer. Sugieren, además, debilidades en los sistemas de selección de los más altos jueces de la República, cuya capacidad profesional e integridad no debieran dejar nunca espacio a dudas. Todo ello reinstala la discusión sobre los mecanismos de nombramientos judiciales y los sistemas de control disciplinario, así como las formas de asegurar que ellos no se presten a influencias y prácticas impropias. Muestra de la dificultad del tema fueron las controversias que originó en los dos procesos constitucionales, así como las atendibles críticas que ha recibido el proyecto del Gobierno sobre un nuevo sistema de designaciones. Es fundamental, sin embargo, que este debate se profundice: son demasiadas las evidencias respecto de lo insatisfactorio de la situación actual. Esto, aun teniendo presente que ningún diseño es infalible sin mínimos estándares éticos por parte de sus operadores.

En efecto, si la independencia del Poder Judicial es fundamental para una sociedad libre, también lo es la probidad de sus integrantes. De lo contrario, la confianza de la ciudadanía se desmorona y con ello uno de los fundamentos del Estado de Derecho. Todo lo cual no hace sino aún más crítico este caso y la necesidad de su completo esclarecimiento y sanción.