Desde una perspectiva histórica, los cierres gubernamentales por disputas presupuestarias son una característica distintiva del sistema político estadounidense. En los últimos 50 años, se han vuelto relativamente comunes. El Presidente Ronald Reagan enfrentó ocho cierres durante la década de 1980, todos más bien breves. A su vez, el Presidente Bill Clinton encaró un cierre de 21 días en 1995, mientras que Barack Obama tuvo uno de 16 días en 2013. Durante la primera administración Trump se produjeron tres, siendo el ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el que tenía el récord de duración previo al actual. Se estima que redujo la producción económica en aproximadamente US$ 3.000 millones.

La tensión institucional que provocan estas situaciones se origina en el sistema presupuestario estadounidense, que opera bajo un principio estricto: sin aprobación legislativa del Presupuesto, no hay financiamiento. Así, si el Congreso no es capaz de acordar un nuevo plan de gastos, el gobierno federal no puede dar curso a pagos, forzando la suspensión de las operaciones no esenciales. Pero la aprobación en el Senado requiere 60 votos (de 100), cifra que no alcanza la mayoría republicana (53), lo que obliga a una negociación con los senadores de oposición (45 demócratas y 2 independientes).

En esta oportunidad, las diferencias que han dificultado un acuerdo corresponden a un conjunto de temas que han estado en el corazón de los ajustes impulsados por la segunda administración del Presidente Trump.

En primer lugar, los demócratas demandan una extensión de los recursos fiscales destinados a subsidiar los seguros de salud implementados bajo el gobierno de Barack Obama. A esto se suma la exigencia de revertir los recortes que desde julio se han impuesto sobre Medicaid, el sistema público de salud para personas de bajos ingresos, cuyos objetivos apuntaban a evitar abusos y hacer más eficiente el sistema. Por su parte, los republicanos proponen avanzar con la aprobación del presupuesto, pero posponiendo la discusión respecto de estos temas. Desde la Casa Blanca, en tanto, y ante un escenario fiscal complejo, se ha visto en el cierre del gobierno una posibilidad de recortar programas, desvincular empleados públicos y, en último término, realizar reajustes permanentes en gastos que han llevado la proyección del déficit a cerca del 5,8% del producto para este año (fue 6,4% el 2024), con una deuda que supera el 120% del PIB.

Las consecuencias del cierre

Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) apuntan a que el cierre del gobierno puede significar incluso un punto menos de crecimiento (anualizado) durante el cuarto trimestre del presente año (y hasta 2 puntos si la situación se sigue extendiendo).

La cuantificación de este impacto pasa por el análisis de las implicancias prácticas de la larga disputa: casi 1,4 millones de empleados federales se ven afectados, ya sea porque se encuentran automáticamente con licencia sin goce de sueldo, o porque, dada la naturaleza de su labor, deben trabajar sin remuneración. A esto se agrega el deterioro de los servicios de salud y transporte, el cierre de museos y servicios preescolares financiados con recursos federales, la no publicación de datos económicos y la afectación de múltiples programas sociales. A modo de ejemplo, los servicios de asistencia alimentaria agotaron sus fondos, obligando a paralizarlos. Sin embargo, una reciente orden judicial dictaminó la continuación del programa utilizando fondos de emergencia.

El sector privado igualmente se ve afectado por el cierre, pues impide diariamente la adjudicación de millones de dólares en contratos federales. Esto tiene un efecto particularmente dañino entre empresas pequeñas que proveen servicios al gobierno, fuente importante de empleo en los distintos estados del país.

Las consecuencias también han sido políticas. A diferencia de otras oportunidades, la administración Trump ha visto en el cierre del gobierno federal una oportunidad para avanzar en su agenda de austeridad, mientras critica fuertemente al Partido Demócrata, responsabilizándolo por no aprobar el presupuesto. Incluso, el Presidente Trump se ha mostrado más bien despreocupado por la situación que viven los empleados federales, planteando la posibilidad de aprovechar estas circunstancias para implementar despidos masivos. Con todo, es probable que las elecciones del martes pasado, donde los demócratas cosecharon buenos resultados en distintas circunscripciones, moderen la posición del mandatario.

¿Pronto desenlace?

El fin del cierre requiere que republicanos y demócratas alcancen en el Senado un compromiso que Trump esté dispuesto a firmar. Varios intentos de votación han fracasado hasta ahora, pero, al acercarse el feriado del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre), las negociaciones podrían acelerarse.

Las consecuencias políticas de una extensión más allá de esa fecha parecen explicar la mejor disposición de los últimos días entre los demócratas y una reducción de la intransigencia entre los republicanos y en la Casa Blanca. Sin embargo, dada la polarización del Congreso, es posible que incluso un acuerdo para salvar esta coyuntura no garantice una solución permanente para el problema presupuestario.