Ha vuelto a recrudecer la violencia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), al punto que el colegio ha debido recurrir a una modalidad híbrida —con clases online y presenciales— para poder terminar el año. Este martes, quince estudiantes —los conocidos “overoles blancos”— fueron sorprendidos intentando escapar del recinto portando bombas molotov, y en su huida agredieron a un profesor con un martillo. El hecho se suma a la reciente detención de otros tres alumnos por porte de artefactos incendiarios. En otros de los llamados liceos emblemáticos, la situación no es mejor: el Instituto Nacional debió suspender la jornada matinal de ayer por incidentes que incluyeron el lanzamiento de molotov y bengalas. En tanto, el Liceo 7 se encuentra en toma indefinida.

La situación resulta aún más inquietante al recordarse la tragedia de hace apenas un año. El 23 de octubre de 2024, la manipulación de combustible en el INBA provocó una explosión que dejó a 33 jóvenes heridos. Sábado, de “El Mercurio”, recoge hoy el testimonio del padre de uno de esos estudiantes, el que permaneció por semanas en coma. Esa tragedia debió constituir un punto de inflexión, pero la violencia sigue reproduciéndose con una sensación de impunidad que erosiona todo principio de autoridad y se vuelve contra la propia comunidad educativa, incluidos profesores y compañeros, en una dinámica de amedrentamiento que incluye la confección de “listas negras”. Erradicar esta violencia es, sin duda, una tarea ardua, pero si no se asume con decisión, difícilmente podrá pensarse en la recuperación de la educación pública. En tanto, la fiscalía finalmente se ha decidido a declarar la existencia de un foco regional de delitos, para abordar la situación de modo sistémico y coordinado, como debió haberse hecho hace ya tiempo.

Y es que este punto de degradación no surgió de la nada. Es el resultado de más de quince años de tolerancia, en que la agresión se naturalizó como expresión política. Durante el estallido, esa tendencia encontró, además, un sustento ideológico que la justificó en nombre de la rabia o la rebeldía; baste recordar la idealización que se hizo de las violentas evasiones masivas y el salto de torniquetes en el metro. Así, como señaló con lucidez el padre del joven herido, los “overoles blancos” terminaron siendo “carne de cañón” de quienes obtuvieron provecho político de su actuar. Y esa legitimación persiste, como lo demuestran las recientes declaraciones del candidato Eduardo Artés relativizando la violencia estudiantil.

Más allá de los intentos que puedan hacer alcaldes por enfrentar el problema, se observa a un Estado que parece haber renunciado a garantizar el derecho a educarse en un ambiente seguro. Eso es, a fin de cuentas, lo que termina simbolizando la querella que con valentía presentó el padre del alumno quemado.