Los cuestionamientos a distintos aspectos del nuevo sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior (FES) quedaron, una vez más, en evidencia en un seminario organizado por la comisión de Educación del Senado el pasado miércoles. Las autoridades han mostrado disposición a hacerse cargo de ellos, pero de un modo muy vago. El ministro Cataldo extrajo como principal balance que el CAE está agotado y requiere reemplazarse. Es una conclusión artificial y pobre, porque eso está claro hace tiempo: ya en 2012, el Presidente Piñera presentó un proyecto de ley que terminaba con el CAE y lo reemplazaba por un crédito contingente al ingreso que excluía a la banca de su financiamiento.

Sin embargo, las críticas al sistema diseñado por las actuales autoridades son profundas. Por lo pronto, no está claro su impacto fiscal. Diversos expertos sugieren que pueden estar subestimándose los requerimientos fiscales y que los ahorros informados por la renegociación del CAE y la postergación de la gratuidad para más deciles estarían sobredimensionados. El Consejo Fiscal Autónomo también tiene dudas y solicitó una serie de simulaciones que no han sido entregadas, en una actitud que lleva a desconfiar de la real voluntad de las autoridades para flexibilizar sus posiciones. El análisis de la Contraloría que, por buenas razones, concluyó que los aportes que el Estado hace a los estudiantes bajo el nuevo sistema no pueden considerarse un activo, invita a cambiar el diseño. Sin embargo, se prefiere criticar a la Contraloría, cuestión de la que se han encargado diputados oficialistas. Detrás de esto hay una cuestión ideológica: no se quiere que el nuevo sistema termine siendo un crédito contingente al ingreso, como fue propuesto por las dos administraciones Piñera; un diseño que, por lo demás, es habitual en la experiencia comparada.

Muy grave resulta también que se quiera afectar el financiamiento de las instituciones prohibiendo el copago para los beneficiarios del FES, más allá del arancel regulado. Este último es un instrumento creado para transferir los recursos por gratuidad, pero que adolece de imperfecciones graves. Por ejemplo, los ajustes que se hacen a los costos reportados por las instituciones de educación superior son difíciles de justificar y ellas no cuentan con posibilidades efectivas de desafiar las decisiones del Estado, como sí ocurre en otros sectores donde se fijan precios. Hay aquí un maltrato inaceptable que puede afectar seriamente sus proyectos y autonomía y no parece sensato dejarlas sin copago e indefensas frente a la acción del Estado. Otro asunto complejo es que una parte de los estudiantes, una vez egresados, tendrán que pagar varias veces el aporte que se les ha hecho. Algún grado de solidaridad puede ser razonable, pero aquí hay una proporción que puede terminar pagando 4 o 5 veces lo que se le aportó (el límite de 3,5 que se incluyó en la Cámara de Diputados no aplica si se ha pagado menos de 18 años). Eso es expropiatorio y políticamente insostenible. Por eso, si el Gobierno quiere avanzar en este proyecto, debe ser mucho más activo en acoger los cuestionamientos. En caso contrario, no se aprobará.