El hallazgo de una persona que, pese a figurar como detenida desaparecida en el Informe Rettig, se encontraría viviendo con parte de su familia en la ciudad argentina de Miramar, ha dado lugar a diversas reacciones y debería producir un cambio en la forma en que las instituciones están enfrentando las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

La primera reacción debería ser aquilatar una vez más la enormidad de las consecuencias personales que tuvo el quiebre institucional de 1973 y los sucesos que siguieron al golpe de Estado. Al ser abordada por los periodistas que realizaron el hallazgo, la mujer manifestó que sabía “que ese momento llegaría, que alguien la iba a encontrar”. No hay que hacer mucho esfuerzo para dimensionar el dolor acumulado en una vida que, por las razones que sea, se desarrolló durante 52 años en una especie de clandestinidad, a la espera de que pasara algo que podría transformarla de un modo radical e insospechado. ¿Cuánto sabría ella del Informe Rettig? ¿Tenía alguna obligación de salir del anonimato en el cual se había refugiado para contribuir a su correcta elaboración? ¿Estaba en contacto con su familia chilena, la que según se ha dicho recibía una pensión de reparación? ¿No fue la suya también una especie de “desaparición” con alcances dolorosos?

Muy distinto es el juicio que merecen quienes hayan tenido noticias de su paradero y, sin embargo, no lo pusieron en conocimiento de las autoridades correspondientes ni de la ciudadanía. Respecto de esto último, se ha informado que el Gobierno estaba al tanto de esta situación desde comienzos del año 2024. Recién en mayo de ese año se comenzó tibiamente a requerir información a diversos organismos y se realizaron otras gestiones infructuosas, hasta que hace unos días se publicó el reportaje televisivo. Es increíble e inaceptable que el Gobierno desconozca que se trata de hechos y situaciones de alto interés público y, en cambio, pretenda mantenerlos ocultos o bajarles el perfil hasta que ello se hace imposible. Resulta crucial para la credibilidad de las acciones gubernamentales en esta materia, tan delicada, que toda la información se comunique públicamente y que si hay otros casos —puede haberlos, pues todo esfuerzo humano es falible—, los transparente a la brevedad. Por las mismas razones, y en lo que respecta a los beneficiarios de las reparaciones estatales, es indispensable determinar si tenían conocimiento de que no se cumplían los presupuestos legales de la pensión que estaban recibiendo.

La reaparición de esta persona debe tener también consecuencias respecto de la institucionalidad que se ha construido para procesar las violaciones a los derechos humanos. El estallido de octubre de 2019 y sus secuelas desnudaron la captura que afecta al Instituto Nacional de Derechos Humanos por parte de organizaciones profundamente ideologizadas y partisanas, que se consideran a sí mismas como las únicas poseedoras de la verdad. El caso que comentamos pone de manifiesto que estas organizaciones no son idóneas para articular y definir las políticas públicas, pues la realidad es más compleja de lo que ellas están dispuestas a considerar y aceptar. Es imposible formular políticas adecuadas sin tener en cuenta que en estos procesos se entrecruzan causas y responsabilidades diversas, que la investigación de hechos ocurridos hace muchos años es menos fiable y que es casi inevitable que en oportunidades puedan producirse errores.