El régimen de empleo público demanda una revisión profunda. Este diagnóstico es ampliamente compartido, pero las reformas necesarias son difíciles de llevar adelante, por lo que requieren de acuerdos transversales. Más todavía si se considera que el gobierno que impulse los cambios probablemente enfrentará sus costos iniciales, sin alcanzar a cosechar sus beneficios. Para dimensionar una vez más el problema, conviene recordar el último estudio de confianza realizado por la OCDE. Ahí aparece que solo un 24 por ciento de nuestra población tiene confianza (alta o moderada) en el servicio público. Chile es el último entre los 31 países investigados y se encuentra 21 puntos porcentuales por debajo del promedio. Y hace ya tiempo que antecedentes de esta naturaleza emergen de diversos informes. El mal trato que los ciudadanos recibirían en algunos servicios públicos aparece en distintas encuestas y en investigaciones como “Desiguales”, del PNUD. También hay un cuestionamiento a la efectividad de los diferentes servicios.

Los gobiernos están conscientes de estas realidades, pero en lugar de promover reformas que se hagan cargo, privilegian la incorporación de más personas a las reparticiones públicas para así intentar superar las deficiencias. Esto genera un problema mayor, porque incrementa el gasto en personal sin elevar la eficiencia del Estado. Así, por ejemplo, entre 2010 y 2024, el gasto en personal en el gobierno central subió de 4,2 a 4,9 por ciento del PIB, y en las municipalidades, desde un 1,5 a un 2,2 por ciento. Es decir, un aumento total de 1,4 puntos porcentuales del PIB, equivalente a cuatro mil 624 millones de dólares, para alcanzar un gasto total de casi 23 mil 450 millones de dólares en personal. Es un desembolso cuantioso y difícil de justificar, atendida la forma en que se ejecuta nuestro gasto público, con una proporción relevante de este que se canaliza vía transferencias como pensiones, subvenciones educacionales o financiamiento de la educación superior. El control de esos dineros puede apoyarse en desarrollos tecnológicos que no requieren grandes dotaciones. Otro tanto se puede decir de la subcontratación del sector privado en ámbitos de infraestructura.

Una parte relevante de este aumento en el gasto en remuneraciones se explica por incrementos en la dotación. Para la administración central, el número de personas prestando servicios aumentó entre 2013 y 2024 en un 65 por ciento; la ocupación total entre ambos años, en cambio, lo hizo en un 16 por ciento. Es difícil entender esta diferencia tan marcada (en los últimos años, el traspaso de personal de educación de los municipios a los nuevos servicios locales de educación pública contribuye a explicar parte de ese aumento, pero en una proporción acotada). Al mismo tiempo, los datos de los municipios, que son menos confiables, muestran que entre 2021 y 2024 su personal aumentó en un 18 por ciento (la ocupación del país aumentó en el mismo período solo 12 por ciento); es posible que el empleo municipal haya crecido aun más rápido que lo reportado en el Informe Estadístico de Recursos Humanos del Estado, de donde proviene esta información. Adicionalmente, hay que considerar que diversos estudios sugieren que la remuneración promedio de los funcionarios públicos, una vez que se controla por factores como educación, experiencia y responsabilidad, está muy por encima de los salarios de sus contrapartes privadas (incluso sobre el 30 por ciento más). Por cierto, hay mucha heterogeneidad y las situaciones en cada repartición deben revisarse con cautela. Pero no cabe duda, como sugirió la Comisión Asesora para Reformas del Gasto Público, que en esta dimensión existe espacio para generar ahorros fiscales permanentes.

Mucho se habla de la pérdida de productividad de la economía chilena, pero poco de la responsabilidad del Estado en este fenómeno. Estos números sugieren que su contribución tiene más relevancia de la que se cree y que es evidentemente necesaria una reforma profunda en el régimen de empleo público.