La arremetida del Gobierno en contra del informe del Banco Central que da cuenta del impacto del alza del salario mínimo y de la ley de las 40 horas sobre los costos laborales de las empresas y el empleo ha desarrollado una nueva arista. Las declaraciones iniciales del Presidente Boric, así como de otros personeros del Ejecutivo, en las que manifestaron su discrepancia con lo sostenido por el Central, se entendieron como un cuestionamiento a las conclusiones del documento y al modo en que se llegó a ellas. Con todo, las autoridades no han entregado argumentos técnicos sólidos que permitan sostener esa crítica, sino que se han limitado a señalar ciertas dudas, las cuales sus equipos técnicos buscarían despejar con los del instituto emisor. En paralelo, sin embargo, han pasado a apuntar en una nueva dirección, reflejada en las recientes declaraciones del ministro del Trabajo, quien manifestó que “hay que avanzar en una mirada más integral, donde los costos laborales son parte del análisis que incorporan las reformas laborales”.

En otras palabras, al margen de la discusión sobre los impactos que las políticas laborales tienen sobre la formalidad, el empleo y la inflación, el ministro parece sugerir que deben ser otros los criterios a utilizarse para evaluar la bondad o no de las reformas en este ámbito. Con ello, involucra una dimensión importante del debate público. Y es que los objetivos que se pretende lograr cuando se propone una legislación debieran ser siempre transparentados hacia la sociedad, permitiendo sopesar los costos y beneficios tanto de la propuesta como de sus alternativas. La reforma tributaria de la segunda administración de la Presidenta Bachelet es un ejemplo de cómo ese debate resultó omitido. Se afirmó por parte del gobierno de la época que los mayores impuestos no tendrían efectos sobre la inversión, mientras que, por el contrario, la mayor recaudación permitiría financiar más generosos programas sociales. En otras palabras, solo ganancias. Pero la realidad demostró lo opuesto: la inversión se resintió mientras que la recaudación fue mucho menor de lo que se anticipaba.

En el caso de las reformas laborales, el Gobierno parece argumentar que sus políticas apuntan a objetivos diferentes del empleo. Pero esos objetivos deberían entonces ser siempre explicitados con claridad. Si lo que se persigue son, por ejemplo, objetivos redistributivos, correspondería precisar cómo la legislación propuesta permite aquello, junto con identificar cuáles podrían ser los costos en empleo y formalidad. Solo a partir de un debate de esta naturaleza es que se podrían evaluar los efectos de las políticas y, junto con ello, permitir que la población tenga conciencia de cuáles son las prioridades de un gobierno. Si estos antecedentes estuvieran disponibles en la discusión legislativa y en el debate público, se lograría además atenuar el sesgo populista que muchas veces tienen las promesas de campaña.

Pese a la falta de evidencia con que el Gobierno inició sus cuestionamientos al estudio del Banco Central —cuya pertinencia, dicho sea de paso, se justifica plenamente pues permite identificar las presiones de costos que están enfrentando las empresas como uno de los factores que dificultan la convergencia inflacionaria—, el debate puede tener una conclusión positiva si permite dar lugar a una mayor transparencia respecto de los objetivos que se buscan al impulsar una determinada política pública, junto con un análisis riguroso de la eficacia de esa política para alcanzar tales fines y de los costos que se está dispuesto a pagar para lograrlos.